Un dictamen sobre tasas municipales reabrió la discusión entre regidores y críticos sobre si el gasto social del cantón es inversión o despilfarro.
Un dictamen de la Comisión Especial para la Revisión de Tasas Municipales, conocido en la sesión ordinaria del 19 de mayo, derivó en un fuerte intercambio de posiciones dentro del Concejo Municipal de Oreamuno sobre el destino de los recursos municipales en proyectos educativos, religiosos y comunales.
El origen de la discusión fue un oficio del asesor Manuel Arquín Fonseca, integrante de la comisión, quien cuestionó por escrito el nivel de gasto de la Municipalidad en obras comunales y comparó la gestión del gobierno local con la del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al considerar que ese tipo de inversión debería corresponder a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación Pública.
El alcalde Erick Jiménez Valverde y varios regidores —entre ellos Álvaro Gutiérrez Solano, Miriam Ramírez Bonilla, Michael Pérez Campos y Cristian Mata Guzmán— rechazaron los señalamientos y defendieron que la Municipalidad ha invertido más de 400 millones de colones en infraestructura educativa en los últimos años, en centros como la Escuela de Cot, el Liceo Braulio Carrillo, la Escuela Ramón Aguilar Fernández y el Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís, además de aportes a organizaciones religiosas, grupos scouts y programas del adulto mayor.
Los regidores argumentaron que ese tipo de inversión responde a la lentitud histórica del Ministerio de Educación Pública para atender infraestructura escolar en el cantón, y citaron ejemplos concretos, como techos en mal estado o instalaciones eléctricas deficientes en distintos centros educativos. El alcalde explicó, además, que la reciente actualización de tarifas municipales de servicios —que ha generado quejas ciudadanas y oposición formal de vecinos y asesores— no financia obra comunitaria, sino exclusivamente los servicios de acueducto, recolección de residuos, reciclaje y cementerio, mientras que los proyectos sociales y educativos se costean con el Impuesto de Bienes Inmuebles.
La comisión de tasas también conoció, en la misma sesión, varios oficios de vecinos y profesionales que manifestaron su rechazo al Reglamento de Ajuste Tarifario aprobado por la Municipalidad, al considerar que presenta deficiencias de forma y de fondo. El dictamen fue finalmente aprobado por unanimidad y declarado en firme.
El debate refleja una tensión que se repite en distintos gobiernos locales del país: el equilibrio entre la actualización de tarifas de servicios públicos —necesaria para su sostenibilidad financiera— y las expectativas ciudadanas sobre el destino de otros ingresos municipales, como el Impuesto de Bienes Inmuebles.
