Una mujer costarricense protagonizó recientemente un hecho que podría marcar un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos para las familias diversas en el país. Luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le negara una licencia de comaternidad cuando su esposa estaba embarazada, decidió no quedarse de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo. Su acción derivó en una sentencia histórica emitida por la Sala Constitucional que le da la razón y obliga a la institución a otorgarle el permiso solicitado.
El caso comenzó cuando la mujer, quien se casó con su pareja el 10 de octubre de 2023, solicitó ante el hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el 18 de noviembre de 2024, una licencia por comaternidad, justo cuando su esposa tenía 24 semanas de embarazo. Sin embargo, tras múltiples consultas internas, la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades le comunicó el 25 de febrero de 2025 que su solicitud era inviable.
La negativa institucional no solo generó frustración, sino también una reacción decidida. Apenas un día después, el 26 de febrero, la afectada presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, argumentando que su solicitud se basaba en su derecho como madre no gestante dentro de una relación matrimonial igualitaria.
La resolución de los magistrados no tardó en llegar. En una sentencia ejemplar, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y ordenó a las autoridades del hospital tomar las medidas necesarias para concederle a la mujer una licencia equivalente a la que se otorga a los padres biológicos tras el nacimiento de un hijo.
“Se les ordena a Tania Jiménez Umaña y Eli Chaves Segura, directora general a.i. y coordinador de la Comisión Local Evaluadora de Licencias e Incapacidades, que dispongan lo pertinente a fin de que se conceda a la tutelada una licencia equivalente a la brindada a los padres biológicos”, señala la sentencia.
La esposa de la denunciante dio a luz el pasado 3 de marzo, por lo que la resolución permitirá que ambas puedan compartir plenamente este período esencial de adaptación y cuidado del recién nacido.
Este fallo no solo representa una victoria individual, sino también un avance significativo en el reconocimiento legal y social de las familias diversas en Costa Rica. Además, deja en evidencia la urgencia de actualizar los protocolos institucionales para garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados, sin importar su orientación sexual o el modelo familiar al que pertenezcan.
La lucha de esta mujer es un recordatorio poderoso de que las leyes y las políticas públicas deben adaptarse a una realidad plural, donde el amor, el compromiso y la crianza compartida no conocen de etiquetas tradicionales.
