La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y Mohammed Deif, comandante militar de Hamás. Las órdenes surgen en el contexto de la continua guerra entre Israel y Hamás, y los jueces del CPI han indicado que hay pruebas «razonables» de su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto.
Aunque Israel y Hamás han rechazado las acusaciones, los jueces basaron su decisión en la evidencia presentada sobre presuntos crímenes ocurridos durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el cual murieron más de 1.200 personas en el sur de Israel y 251 fueron tomadas como rehenes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar en Gaza, que ha resultado en más de 44.000 muertes según el Ministerio de Salud de Gaza.
El fiscal del CPI, Karim Khan, acusó a los líderes de Hamás, incluyendo a Deif, de crímenes como el asesinato, la tortura, la toma de rehenes y otros abusos sexuales. En cuanto a Netanyahu y Gallant, la investigación concluye que ambos incurrieron en «responsabilidad penal» por crímenes de guerra, incluido el uso del hambre como arma, el asesinato y la persecución de civiles, así como la dirección de ataques intencionales contra la población civil es Gaza.
Deif, aunque Israel afirmó que había muerto en un ataque aéreo israelí en julio, no ha sido confirmado oficialmente, por lo que el CPI procedió con las órdenes de arresto. El tribunal cree que estos crímenes fueron parte de un «ataque sistemático y generalizado» dirigido por Hamás contra los civiles israelíes.
Israel, que no es parte del Estatuto de Roma que establece el IPC, ha reaccionado contundentemente, calificando las acusaciones de «falsas y absurdas». El gobierno israelí rechazó la decisión de la corte y la calificó de antisemita, en comparación con el caso histórico del «juicio Dreyfus» en Francia.
Por su parte, Hamás cumplió las órdenes de arresto, llamándolas un «precedente histórico» y exigiendo que se tomen medidas para detener lo que consideran «genocidio» contra los palestinos. A pesar de la fuerte oposición de Israel, el impacto internacional de estas órdenes podría modificar la percepción global sobre el conflicto en Gaza.
Las decisiones del CPI están condicionadas a la cooperación de los 124 estados miembros del tribunal, aunque ni Israel ni Estados Unidos reconocen su jurisdicción. De esta forma, la situación continúa siendo compleja, con una comunidad internacional profundamente dividida sobre la responsabilidad de las partes involucradas en el conflicto.
