Los tribunales federales en México han permitido que diversas universidades en la Ciudad de México, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana (UP), la Universidad Iberoamericana (Ibero) y el Tecnológico de Monterrey, continúen vendiendo productos de alto contenido calórico en sus instalaciones, después de que se impugnaran restricciones gubernamentales para limitar la venta de este tipo de alimentos.
Argumentos de las universidades
Las universidades argumentaron que su comunidad estudiantil está compuesta en su mayoría por adultos, quienes tienen la capacidad de decidir sobre su alimentación. Con base en esta premisa, obtuvieron suspensiones judiciales que les permiten seguir operando cafeterías y ofreciendo productos como refrescos, botanas y otros alimentos procesados, a pesar de los lineamientos gubernamentales que buscan fomentar hábitos alimenticios más saludables.
Las instituciones también señalaron que cuentan con contratos vigentes con empresas que operan sus cafeterías, y que ofrecer una variedad de opciones alimenticias es un servicio necesario para los estudiantes. En el caso del ITAM, sus representantes legales argumentaron que la prohibición podría afectar la operación de estos negocios y que la legislación no debería restringir la libertad de elección de los adultos.
Decisión judicial y fundamentos legales
El fallo judicial se basó en el principio del libre desarrollo de la personalidad, permitiendo que las personas decidan qué consumir. Además, se mencionó que restringir la venta de ciertos alimentos dentro de las universidades podría llevar a los estudiantes a buscarlos fuera del campus, sin lograr el objetivo de la medida.
A pesar de las suspensiones obtenidas, el debate sobre la regulación de la venta de alimentos en universidades sigue en tribunales, donde empresas, universidades y autoridades federales continúan presentando argumentos ante distintos juzgados para determinar si estas suspensiones se mantendrán o si los lineamientos entrarán en vigor en todas las instituciones de educación superior.
Postura de las autoridades
La Secretaría de Educación Pública (SEP) intentó impedir que se concedieran las suspensiones, argumentando que las nuevas reglas buscan mejorar la salud pública y prevenir enfermedades como la obesidad. Según la dependencia, estas disposiciones tienen un interés social y su aplicación no debe verse como una afectación económica a los negocios que operan dentro de las universidades.
Sin embargo, los jueces determinaron que las restricciones no son aplicables en instituciones donde la mayoría de los estudiantes son adultos. En aquellos casos donde haya alumnos de educación media superior dentro del mismo plantel, se estableció que los comercios deben implementar medidas para evitar la venta de estos productos a menores de edad.
El futuro de la regulación
La decisión judicial ha generado opiniones divididas entre expertos en salud, educación y derechos individuales. Mientras algunos argumentan que permitir la venta de comida chatarra en universidades atenta contra las políticas de salud pública, otros defienden la libertad de los estudiantes para elegir su alimentación.
El debate continuará en los tribunales, y en los próximos meses se espera que se emitan nuevas resoluciones que podrían redefinir el alcance de la regulación de la venta de alimentos en los campus universitarios.
