En un contundente mensaje de indignación y firmeza, las autoridades indígenas ancestrales de Insimulew reafirmaron hoy su oposición al polémico aumento salarial aprobado por el Congreso de Guatemala. A través de un comunicado, denunciaron la inasistencia reiterada de los jefes de bancada a las reuniones clave para definir el rumbo legislativo del país y calificaron de «abusivo e irrespetuoso» el incremento de sueldos a los parlamentarios.
“Durante medio mes no ejercieron sus funciones y ahora pretenden beneficiarse con un aumento injustificado”, afirmaron, al tiempo que exigieron la intervención inmediata de la Contraloría General de Cuentas para que estos sueldos no sean pagados ni registrados en los informes oficiales. Para los pueblos originarios, los diputados no solo han faltado a sus obligaciones, sino que también han perdido toda legitimidad para seguir recibiendo recursos del Estado.
La molestia no es nueva, pero sí creciente. La ausencia de acuerdos en el Congreso lleva ya dos semanas consecutivas sin que se apruebe una agenda legislativa, lo que ha paralizado por completo el trabajo parlamentario. A juicio del frente campesino surgido en medio de la pandemia de Covid-19, esto no es más que una maniobra calculada para proteger sus privilegios y mantener en pie negocios turbios, como los relacionados con la empresa petrolera Perenco.
«Sabemos que no tienen dignidad ni vergüenza, pero al menos tengan el valor de darle la cara al pueblo de Guatemala», señalaron con dureza en el pronunciamiento. También responsabilizaron a los diputados y jefes de bloque del estancamiento actual y de generar una crisis institucional a propósito.
La postura de Insimulew se suma a la ya manifestada por los 48 Cantones de Totonicapán, con quienes han articulado una estrategia de defensa de los derechos ciudadanos. Estos últimos ya han tomado acciones concretas, como la prohibición del ingreso a su territorio de camiones pertenecientes a empresas de bebidas azucaradas, alcohólicas y cervezas. Advirtieron que el Consejo de Alcaldes podría anunciar nuevas medidas en los próximos días.
Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad decidió no intervenir directamente en el conflicto, rechazando el amparo provisional presentado por el partido Visión con Valores, que alegaba irregularidades en las actas de aprobación del aumento. El caso volvió así al Congreso, que ahora debe decidir si sostiene o revoca la polémica decisión.
Expertos legales como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, han condenado el proceder legislativo. “Fue un despropósito y una desfachatez. Abusaron, pero no cometieron una ilegalidad en sí misma, porque el Congreso tiene facultades soberanas”, afirmó en entrevista radial.
La indignación de los pueblos indígenas refleja el hartazgo de amplios sectores de la población ante una clase política que, a juicio de muchos, se encuentra desconectada de las verdaderas necesidades del país. La crisis no solo evidencia una desconexión institucional, sino también la creciente organización del movimiento indígena y popular que exige transparencia, justicia y respeto por el bien común.
