El reciente incidente en Santo Domingo de Heredia, donde una niña de 12 años fue víctima colateral de una balacera, ha encendido nuevamente el debate sobre la protección infantil en Costa Rica. ¿Quién es realmente responsable de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores? Si bien el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) lidera la gestión institucional, diversas voces cuestionan si su respuesta es suficiente ante la creciente exposición de niños y adolescentes a entornos violentos.
Responsabilidad Compartida, Acción Limitada
Según la directora de Estrategia e Innovación de PANIAMOR, Milena Grillo, la familia es el primer eslabón en la cadena de protección. Sin embargo, cuando la familia no puede, el Estado debe intervenir. A pesar de contar con estructuras como los Subsistemas Locales de Protección y programas de acompañamiento, en comunidades vulnerables persiste una percepción de ausencia institucional.
Las cifras lo reflejan. En 2024, el PANI recibió 94.240 denuncias por supuestos abusos contra 125.709 niños, niñas y adolescentes, abarcando maltrato físico, negligencia y abuso emocional. De estos casos, 18.471 menores requirieron atención inmediata en servicios de emergencia. Aun así, sectores sociales critican que las intervenciones suelen ser reactivas más que preventivas.
Crimen Organizado y Salud Mental: Desafíos Pendientes
El crimen organizado y la salud mental infantil representan desafíos urgentes. El PANI reconoce que la rectoría de la salud mental recae sobre el Ministerio de Salud, pero la realidad es que la demanda social ha sobrepasado la capacidad institucional. Además, en territorios donde el crimen ha captado a menores, la falta de intervención oportuna ha generado críticas sobre la presencia efectiva del PANI.
A pesar de contar con 10 Direcciones Regionales y 58 Oficinas Locales, los recursos son insuficientes. En 2024, la institución operó con un presupuesto de 100.000 millones de colones, con una ejecución del 93%, aunque expertos insisten en la necesidad de una mayor inversión.
Una Política Nacional en Busca de Respuestas
Costa Rica ha desarrollado una Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2032, que plantea estrategias en salud, educación y recreación. No obstante, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, enfatiza la urgencia de repensar la protección infantil en tiempos de globalización, tecnología y brechas sociales.
«Hoy más que nunca el país necesita una institución como el PANI. La familia sigue siendo el núcleo de protección, pero requiere acompañamiento. El desafío es responder con medidas eficaces y no solo con discursos», indicó Garza.
