La reciente aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad ha reavivado el debate en Nicaragua sobre soberanía, identidad y poder. La medida, propuesta por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, fue respaldada unánimemente por los 91 diputados de la Asamblea Nacional durante una sesión especial celebrada en Niquinohomo, tierra natal del héroe nacional Augusto C. Sandino.
Un mensaje de soberanía y fidelidad exclusiva
Desde el oficialismo, esta reforma se presenta como una reafirmación del compromiso con la patria. “Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, sentenció Gustavo Porras, presidente del Parlamento.
La reforma modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, y establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al obtener otra, excepto los ciudadanos centroamericanos, quienes sí podrán conservar la doble nacionalidad si son de origen en la región. Esto implica que un nicaragüense que se naturalice costarricense, por ejemplo, no perdería automáticamente su nacionalidad nicaragüense, dado que ambos países comparten esta excepción regional.
En contraste, la medida afectaría directamente a miles de nicaragüenses exiliados o emigrantes que han adquirido otra nacionalidad fuera de Centroamérica, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá o España. También podría impactar, paradójicamente, a miembros del círculo de poder, cuyos familiares poseen ciudadanía extranjera.
¿Una ley que entrará en vigor o una estrategia de presión?
Aunque la reforma ya fue aprobada en primera legislatura, aún debe ser ratificada en 2026 para entrar en vigor, según lo exige la legislación nacional. Esto abre la puerta a un período de reflexión, presión diplomática y posibles ajustes.
Desde sectores analíticos y políticos —incluidos algunos que simpatizan con el oficialismo— se estima que hay entre un 40 % y un 60 % de probabilidad de que esta reforma no llegue a implementarse completamente. Las razones son variadas:
La presión de organismos internacionales como la OEA y la ONU.
El posible impacto en aliados del Gobierno con doble ciudadanía.
El cálculo político de usar esta reforma como una señal de advertencia más que como una ley efectiva.
Este tipo de reformas “simbólicas” no es nuevo en el estilo político de Ortega. A lo largo de su mandato, varias normativas han sido anunciadas con fuerza retórica, pero han quedado sin ejecutarse, sirviendo más como advertencias o herramientas de control político.
Una reforma con efecto disuasorio
No se puede ignorar que la eliminación de la doble nacionalidad tiene también un efecto psicológico y político entre los nicaragüenses en el exterior. Al posicionar la nacionalidad como un “pacto de lealtad” y no como un derecho inalienable, la narrativa del Gobierno busca polarizar a la diáspora: aquellos que eligen otra ciudadanía estarían, según esta visión, renunciando a su vínculo con la patria.
Sin embargo, para muchos en el exilio o en la migración económica, esta medida representa un castigo injusto. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco ha calificado la reforma como una “acción totalitaria” dirigida contra los desterrados y exiliados. Desde el extranjero, incluso voces críticas como la del exiliado Lester Alemán han señalado que esta política podría afectar incluso a los sectores más cercanos al poder.
¿Qué implica para los naturalizados costarricenses?
Uno de los puntos más relevantes es que los nicaragüenses que se han naturalizado en Costa Rica no perderían su ciudadanía de origen, gracias a la excepción establecida para centroamericanos de origen. Esto suaviza el impacto de la reforma para la población migrante en países vecinos, aunque deja expuestos a quienes residen en naciones fuera de la región.
Conclusión: entre el simbolismo y la legislación
Esta reforma marca otro capítulo en el proceso de concentración del poder en Nicaragua. Aunque presenta elementos jurídicos claros, su implementación dependerá tanto de factores internos como externos. Por ahora, el mensaje es contundente: la nacionalidad, para el régimen de Ortega, no es un derecho compartido, sino una muestra de fidelidad absoluta.
Queda por verse si esta enmienda cruzará el umbral legislativo en 2026 o si, como otras antes, quedará como un instrumento retórico más que legal.
