El sionismo guerrerista israelí ha recibido un fuerte revés: dos de sus principales sicarios tienen orden de captura emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) -institución del Sistema de las Naciones Unidas-.
Se trata del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa (2022-2024), el general retirado Yoav Gallant, quienes, en su arrogante mediocridad, creyeron que el genocidio lanzado, hace más de un año, en la palestina Franja de Gaza, quedaría impune.
La Sala Preliminar I (Pre-Trial Chamber I) de la CPI se encargó de oficializar su condición de criminales, cuando emitió, el 21 de noviembre, las respectivas órdenes de detención, señalándolos por la comisión de máximas violaciones masivas a los derechos humanos -crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra-.
“Cada uno tiene responsabilidad penal por los siguientes delitos (…) el crimen de guerra de someter a hambre como método de guerra, y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución, y otros actos inhumanos”, precisó la CPI, en el extenso comunicado que emitió, ese día, para informar sobre la histórica decisión.
Se trata de hechos cometidos “desde por lo menos el 8 de octubre de 2023 hasta por lo menos el 20 de mayo de 2024”, explicó, en el texto difundido únicamente en francés y en inglés -los idiomas de trabajo del tribunal-.
La primera fecha, indica el día siguiente al inicio de la agresión militar israelí contra Gaza, y la segunda, marca el día en que la Fiscalía de la CPI -encabezada por el británico Karim Ahmad Khan- solicitó la emisión de las órdenes de captura.
La acción judicial internacional contra Netanyahu y Gallant se inscribe en el caso denominado “Situación en el Estado de Palestina” (“Situation in the State of Palestine”).
La Sala determinó, respecto a la conducta de los dos delincuentes ahora requeridos mundialmente, que los crímenes señalados “fueron parte de un ataque masivo y sistemático contra la población civil de Gaza”, de acuerdo con la versión oficial.
Como parte de la exhaustivamente detallada información, la CPI mencionó la constante obstaculización, por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (Israel Defense Forces, IDF), del ingreso de ayuda humanitaria internacional a la franja.
Al respecto, “la Sala consideró que hay base razonable para considerar que ambas personas (Netanyahu y Gallant) intencionalmente y conscientemente privaron, a la población civil en Gaza, de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, y medicinas e insumos médicos, además de combustible y electricidad”, señaló el tribual, en el comunicado.
“Esta conclusión se basa sobre el papel del señor Netanyahu y del señor Gallant en impedir ayuda humanitaria, en violación del derecho humanitario internacional, y su omisión en facilitar asistencia por todos los medios disponibles”, puntualizó.
“La Sala encontró que la conducta de ambos condujo a la alteración de la capacidad de las organizaciones humanitarias para proporcionar alimentos y otros productos esenciales para la población necesitada en Gaza”, agregó.
“Las restricciones antemencionadas, junto con la interrupción de la electricidad y la reducción del abastecimiento de combustible, también tuvieron un severo impacto en la disponibilidad de agua, en gaza, y en la capacidad, de los hospitales, de proporcionar atención médica”, indicó.
En ese sentido, la Sala señaló que, “al limitar o impedir intencionalmente el ingreso, a Gaza, de insumos médicos y medicinas, en particular anestesia y máquinas para proporcionar anestesia, las dos personas (Netanyahu y Gallant) son también responsables de infligir gran sufrimiento, por medio de actos inhumanos, a personas en necesidad de tratamiento”, según lo señalado en el texto.
“Los médicos se vieron obligados a operar a personas heridas, y a realizar amputaciones
-incluyendo en niños-, sin anestesia, y/o fueron obligados a usar medios inadecuados e inseguros para sedar a pacientes, causando, en esas personas, dolor y sufrimiento extremos”, precisó la CPI.
“Esto equivale al crimen de lesa humanidad de ‘otros actos inhumanos’”, explico.
El Estatuto de Roma, que, vigente desde el 1 de julio de 2002, rige el accionar de la corte -tribunal del que 125 estados son parte-, determina, en el octavo de sus 128 artículos, que los crímenes de guerra son casi una treintena de actos violatorios de convenciones internacionales.
La extensa lista incluye “el homicidio intencional”, “la tortura o los tratos inhumanos”, “el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”, “la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal”, “la toma de rehenes”.
Asimismo, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”.
Además, “dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (…)”, “atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”, “declarar que no se dará cuartel”.
También, “cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”, “cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada (…) y cualquier otra forma de violencia sexual”, “hacer padecer intencionalmente de hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensable para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”.
Por otra parte, según el sexto artículo del estatuto, los crímenes de lesa humanidad representan casi una docena de actos perpetrados “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Se trata de “asesinato”, “exterminio”, “deportación o traslado forzoso de población”, “encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional”, “tortura”, “violación sexual, prostitución forzada (…) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
Igualmente, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…)”, “desaparición forzada de personas”, “el crimen de apartheid”, “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
El estatuto hace, así, referencia brutal sistema discriminatorio que, conocido como apartheid (separación, en afrikaans -idioma hablado en Sudáfrica y en la limítrofe Namibia-), fue impuesto, desde 1948 a 1994, por el régimen racista blanco que durante décadas gobernó a Sudáfrica, y por su contraparte de la ex África Sudoccidental (la actual Namibia).
En el mismo artículo se determina, entre otras precisiones, que, “por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
También se indica que “por ‘el crimen de apartheid’ se entenderán los actos inhumanos (…) cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen”.
Además, el artículo sexto incluye la aclaración de que, “a los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término ‘genero’ se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”, y reafirma, a continuación, que “el término ‘género’ no tendrá más acepción que la que antecede”.
Respecto a la orden internacional de captura emitida ahora, la CPI informó, en el comunicado, que “la Sala evaluó que (…) existe base razonable para considerar que, a pesar de tener medidas, a su disposición, para evitar o reprimir la comisión de crímenes o asegurar la presentación del asunto a las autoridades competentes, el señor Netanyahu y el señor Gallant, omitieron hacerlo”.
Como no podía ser de otra manera, la inmediata reacción de ambos criminales, a la medida de la CPI, se caracterizó por la matonería, y por tratar de descalificar a un tribunal internacional encargado, precisamente, de castigar a criminales de guerra, a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, a genocidas -o sea, a deleznables personajes, como son estos dos-.
Al igual que en el caso de cualquier crítica a la sanguinaria política guerrerista del sionismo gobernante en Israel, Netanyahu acusó, a la corte mundial, de ser antisemita, y, lo mismo que Gallant, amenazó con seguir masacrando palestinos en Gaza.
“Israel completamente rechaza las falsas y absurdas acusaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), un prejuiciado y discriminatorio organismo político”, aseguró Netanyahu, en una declaración emitida por su oficina.
“Ninguna Guerra es más justa que la guerra que Israel ha estado librando en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, cuando la organización terrorista Hamas lanzó un asesino ataque, y perpetró la mayor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto”, agregó.
El jefe del régimen israelí hizo, así, desproporcionada y manipuladora referencia a la masacre de aproximadamente cinco millones de judíos, perpetrada desde1941 hasta 1945, por el régimen nazi alemán (1933-1945), durante la segunda guerra mundial (1939-1945).
“La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es un moderno juicio Dreyfus, y terminará de la misma manera”, amenazó.
Netanyahu hizo, así, alusión al teniente coronel francés-judío Albert Dreyfus (1859-1935) quien, en un caso paradigmático de antisemitismo, fue enjuiciado, declarado culpable (1895) de traición a la patria, y de espionaje para el imperio alemán (1871-1918), encarcelado (1895-1904, en prisión en la Ilsa del Diablo, en Guyana Francesa, en Sudamérica; 1904-1906, en régimen de casa por cárcel, en Paris), y exonerado (1906) de los cargos.
Respecto a las órdenes de captura emitidas por la CPI, Gallant amenazó, en redes sociales, que “el Estado de Israel no será disuadida”, y que “hace mucho tiempo, terminaron los días cuando la nación de Israel no podía defenderse”.
“Las IDF continuarán peleando para lograr las metas de esta guerra: Desmantelar a Hamas, asegurar el regreso de los rehenes, y permitir que las norteñas comunidades de Israel regresen a sus hogares”, agregó, manteniendo el tono intimidatorio.
En el tercer punto, Gallant aludió a las comunidad1es del norte israelí obligadas a desplazarse a causa de los recurrentes ataques -principalmente consistentes en lanzamiento de misiles- efectuados, desde el limítrofe sur de Líbano, por la organización políticomilitar libanesa Hezbollah -(en transliteración del árabe: Partido de Dios)-.
Al definirla como una acción “escandalosa que vivirá en la infamia”, el general retirado aseveró que la medida de la CPI “coloca, al Estado de Israel y a la brutal organización terrorista Hamas, en la misma ecuación”.
“La decisión de hoy, legitimiza y premia el asesinato, la violación, y el secuestro de niños, mujeres, y hombres israelíes”, planteó.
Y, en alusión a su período como ministro de Defensa, se declaró “orgulloso del extraordinario privilegio que tuve de dirigir el sector de defensa, durante nuestra más funesta hora”.
Netanyahu y Gallant encabezaron el coro de histéricos extremistas del sionismo israelí gobernante quienes también externaron calumniosas críticas contra la CPI.
El presidente israelí, Isaac Herzog aseveró que la corte “eligió el lado del terrorismo y el mal sobre la democracia y la libertad”.
Al hacerlo, el tribunal “convirtió al sistema de justicia internacional, en sí mismo, en un escudo humano para los crímenes lesa humanidad de Hamas”, agregó.
Según el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir -uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí-, la corte mostró, “una vez más, que es completamente antisemita”, mientras el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich -otro paradigmático ultraconservador-, amenazó -en patanería guerrerista plenamente coincidente con el tono de Gallant-: “Israel seguirá defendiendo, a sus ciudadanos y su seguridad, con determinación”.
Tampoco faltó el igualmente gastado argumento de que el genocidio en Gaza constituye un acto de defensa de Israel luego del brutal ataque terrorista de Hamas.
Esto fue planteado por el presidente del Knesset -unicameral parlamento israelí-, Amir Ohana, un alto dirigente del ultraderechista Partido Likud -la organización política de Netanyahu.
“Señalar a los democráticamente elegidos gobernante de Israel, la única democracia de Oriente Medio y el único estado judío del mundo, no es nada menos que un ataque a la justicia, la verdad, y el derecho universal a la autodefensa”, planteó Ohana.
Entretanto, el ex primer ministro (2021-2022) Naftali Bennett -un derechista opositor a Netanyahu-, coincidió con su sucesor al aseverar que, en Gaza, “Israel está librando la más justa de la guerras contra la pura maldad”.
Y, en una especie de llamado a la unidad nacional, dijo que “todos los israelíes, de izquierda y de derecha, apoyan la guerra, cuyas metas son: liberar a los israelíes secuestrados, demoler a Hamas, y restablecer la seguridad para Israel”.
En la extremadamente torpe opinión del canciller, Gideon Saar, la medida marcó “un oscuro momento para la Corte Penal Internacional” -de la que Israel no es integrante-.
La CPI “perdió toda legitimidad”, al emitir, “sin autoridad, órdenes absurdas”, agregó en flagrante ignorancia de la naturaleza del tribunal.
Una recomendación, a Saar: antes de abrir la boca para difamar y decir imbecilidades que causan vergüenza ajena, lea el Estatuto de Roma.
En su primer artículo, el extenso y detallado texto determina, precisamente, la autoridad, de la corte -lo que, según el canciller, el tribunal no tiene-, al puntualizar, entre otros aspectos, que “tendrá el poder de ejercer su jurisdicción sobre personas, por los más serios crímenes de interés internacional”.
En su quinto artículo -referido a “Crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte”-, establece: “la jurisdicción de la Corte será limitada a los más serios crímenes de interés de la comunidad internacional como un todo”.
A continuación explica que “la Corte tiene jurisdicción, de acuerdo con este Estatuto, respecto a los siguientes crímenes: (a) el crimen de genocidio, (b) crímenes de lesa humanidad, (c) crímenes de guerra, (d) el crimen de agresión”.
En el extenso artículo 58 -referido a, específicamente, la “Emisión, por la Sala Preliminar (Pre-Trial Chamber), de una orden de detención o un citación para comparecer”, lo que Saar considera “órdenes absurdas”-, el estatuto determina, en el punto inicial, que “en cualquier momento después del inicio de una investigación, la Sala Preliminar emitirá, según solicitud del Fiscal, una orden de captura de una persona”.
Ello, si “hay motivos razonables para creer que la persona ha cometido un crimen dentro de la jurisdicción de la corte”.
Igualmente, “si la detención de la persona parece necesaria: (i) para asegurar la comparecencia, de la persona, en juicio; (ii) para asegurar que la persona no obstruye ni pone en peligro la investigación o el proceso judicial; o (iii) cuando sea pertinente, para evitar que la persona continúe en la comisión de ese crimen o un crimen relacionado que esté dentro de la jurisdicción de la Corte y que surja de las mismas circunstancias”.
Pero la CPI no es el único foro de justicia universal que ha intervenido en el caso de la bestial agresión israelí a la población palestina en Gaza.
Ante las atrocidades cometidas por las IDF en el lugar, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió, al final de enero de 2024, un fallo en el cual ordenó -por supuesto que infructuosamente-, a Israel, que se abstenga de cometer genocidio -crimen de lesa humanidad que el régimen de Netanyahu está, sostenidamente, perpetrando, y en el cual ha declarado que seguirá incurriendo-.
“El Estado de Israel, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, respecto a los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de todos los actos en el alcance del Artículo II de esta Convención”, indicó en la primera de seis medidas provisionales ordenadas en su fallo.
“En particular: (a) matanza de miembros del grupo; (b) causar lesión grave a la integridad físico o mental de los miembros del grupo; (c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y (d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo”, enumeró.
El segundo de los 19 artículos de la convención -mencionado por la CIJ-, tipifica, como genocidio, esos cuatro actos criminales, lo mismo que el “traslado, por fuerza, de niños del grupo, a otro grupo”.
La corte mundial -institución del Sistema de las Naciones Unidas-, también ordenó que “el Estado de Israel se asegurará, con efecto inmediato, que sus militares no cometan ninguno de los actos descrito en el punto 1 (la primera medida provisional)”.
Igualmente, que “el Estado de Israel tomará todas las medidas en su poder, para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza”.
Ello, además de que “el Estado de Israel tomará inmediatas y efectivas medidas para permitir el abastecimiento de urgentemente necesarios servicios básicos y asistencia humanitaria, para atender las adversas condiciones de vida que los palestinos enfrentan en la Franja de Gaza”.
Es evidente que, para el régimen extremista israelí -en su autoritaria desconexión respecto a la realidad-, la CPI y la CIJ no existen.
Pero la inexorable ubicación en la realidad, puede ser drástica -y sin derecho a protestar-, porque -según expresión del genial líder argentino/universal Juan Perón (1895-1974), respecto a otra situación-, “cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento”.
