Los imperios se caracterizan por ser insolentes, característica que, además de ser ridícula, es peligrosa -a causa del poder político/militar/económico/mediático que detentan y ostentan-.
Ello, además de que -al igual que las monarquías- son intrínsecamente corruptos -en todo sentido, porque corrupción no se limita a robar-.
El imperio estadounidense no es la excepción, y su jefe, Donald Trump -como el mediocre dictador que es-, se encarga -con excepcional tenacidad- de exhibir, recurrentemente, lo irrisorio y lo destructivo que ese sistema político puede llegar a ser.
Por una parte, lo absurdo ha quedado -hasta ahora- en evidencia, en manifestaciones tales como plantear que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos; que Groenlandia
-territorio de Dinamarca- sea incorporada a la soberanía estadounidense; que el Golfo de México pase a llamarse “Golfo de Estados Unidos” (“Gulf of America”); que el Canal de Panamá vuelva a pertenecer -en obvia ilegitimidad- al colonizador país norteamericano.
Por otra parte, lo tóxico se ha caracterizado, en la era Trump, por criminales acciones, que incluyen el apoyo -financiero, militar, político- al sionismo guerrerista gobernante en Israel, por ejemplo, en el genocidio que perpetra, desde el 7 de octubre de 2023, en la palestina Franja de Gaza; o en la promoción del trumpiano proyecto capitalista para convertir, a la diezmada Gaza, en un exclusivo/lucrativo balneario internacional.
Igualmente, por el respaldo al sionismo en la guerra que mantiene, desde el 28 de febrero de 2026, contra la brutal teocracia musulmana de Irán; el persistente hundimiento, desde el 1 de setiembre de 2025, de supuestas “narcolanchas” -más de medio centenar, y contando- en el Mar Caribe y en el sector noreste del Océano Pacífico.
Asimismo, por la incursión militar golpista perpetrada el 3 de enero de 2026, en Venezuela, para derrocar al entonces dictador -el impresentable Nicolás Maduro-, y tomar control de los recursos naturales extractivos del caribeño país sudamericano -prioritariamente, el petróleo-.
Además, por la ilegal administración -a distancia, desde Washington- de Venezuela, a través del servil gobierno provisional instalado entonces -con lo que ha reducido, a ese país, a la condición de colonia estadounidense-.
También, por la suspensión de financiamiento a organismos internacionales clave -en las áreas de salud, ambiente, educación, asistencia humanitaria, entre otras-, y -como acción doméstica de repercusión mundial-, la clausura, en julio de 2025, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, Usaid) -cuyos fondos pasaron, al menos parcialmente, al Departamento de Estado-.
Más recientemente, la impertinencia imperial trumpiana se ha concentrado, públicamente, en la Corte Penal Internacional (CPI), con el anuncio oficial de la intención de desmantelar ese tribunal mundial independiente -del que 125 estados son parte, no así Estados Unidos ni Israel, entre otros-.
La fobia anticorte no es nueva entre los republicanos extremistas, pero está adquiriendo fuerza en la segunda de las dos nefastas administraciones del autócrata anaranjado (2017-2021, desde 2025).
En una flagrante muestra del miedo -terror, en realidad- que el imperio le tiene a la justicia universal, el secretario de Estado, Marco Rubio -un ex senador republicano y ex rival de Trump por la candidatura presidencial (2016)-, anunció, en una extensa declaración difundida el 14 de julio, por el departamento, que el imperio está desmantelando la CPI.
Ese tribunal es un organismo judicial internacional permanente e independiente que
-vinculado, por la vía de un acuerdo, con Naciones Unidas- fue establecido mediante el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -que rige desde 2002, y consiste en un Preámbulo, y 128 artículos distribuidos en 13 partes, todo ello contenido en 91 páginas-.
En el primer artículo –referido a “La Corte”-, se determina, claramente, que “la Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.
También se aclara que “la competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.
En el cuarto artículo -sobre “Condición jurídica y atribuciones de la Corte”-, se precisa que “la Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos”.
Además, “la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado”.
Contrariamente al sueño imperial estadounidense, el estatuto, no prevé el desmantelamiento de la CPI, de modo que el ilegal objetivo debe cumplirse mediante delictivas acciones lo mismo encubiertas -por ejemplo, inescrupulosas presiones- que públicas -por ejemplo, difamación, burda deslegitimación-, todo lo cual está incorporado al arsenal trumpiano de corrupción.
Lo más parecido, legalmente, al desmantelamiento -aunque remotamente- es la posibilidad
-muy condicionada- de modificar el Estatuto de Roma, según lo señalado en el artículo 121
-referido a “Enmiendas”-.
“Trascurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él”, indica la extensa disposición.
“El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes”, agrega.
“Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la modificación, la Asamblea de los Estados Partes (de la CPI) decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica”, sigue explicando.
“La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá de una mayoría de dos tercios de los Estados Partes”, precisa, a continuación.
Además, indica que, salvo excepciones previstas, “toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión” -o sea 109 países-.
De modo que, contrariamente a lo aseverado por el capataz global de Trump, no es posible
-legalmente- desmantelar la CPI, sumado a lo cual es notoriamente complejo siquiera tratar de enmendar el estatuto del tribunal.
De cualquier modo, Estados Unidos, no puede hacer eso -al menos no directamente-, porque no es Estado Parte -aunque, en situaciones de ese tipo, siempre hay proxies-
Pero la insolencia imperial estadounidense no respeta lo que no le conviene -ni lo que, como la CPI, lo amedrenta-, de modo que, en su desquiciado belicismo, la dictadura trumpiana abrió un nuevo frente de guerra: la Corte Penal Internacional.
En la declaración difundida el 14 de julio, titulada “Por qué estamos desmantelando la CPI” (“Why We’re Dismantling the ICC”), Rubio afirmó -en la primera de numerosas manipulaciones conceptuales, o mentiras, que saturan el texto- que “Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con un tribunal mundial que pueda anular nuestros propios tribunales y la Constitución”.
“A la mayoría de nosotros nos costaría imaginar un mundo en el que soldados estadounidenses, agentes de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países elegidos al azar de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”, agregó.
“Pero eso es precisamente lo que la Corte Penal Internacional -CPI- afirma ahora tener la facultad de hacer”, aseguró, a continuación, en el texto de doce mayoritariamente extensos párrafos, difundido en inglés y en español.
Con esas afirmaciones, el sicario global de Trump expuso la esencia del miedo primario imperial a esa entidad: la potencial eliminación de la impunidad con la cual Estados Unidos ha, históricamente, perpetrado atrocidades, a nivel planetario.
Sumado a ello, tergiversó la razón de ser del tribunal -encargarse de quienes perpetren “los crímenes más graves de trascendencia internacional”-.
Precisamente, tropas militares, efectivos policiales, y altos funcionarios estadounidenses
-incluidos Trump y sus más inmediatos secuaces, Rubio entre ellos- son responsables de la comisión de delitos para cuyo castigo fue creada la CPI –genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión-.
El estatuto determina, en su sexto artículo –“Genocidio”-, que este crimen consiste en actos “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
Se trata de “matanza de miembros del grupo”, “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”, “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, “medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo”, “traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
Por otra parte, según el sétimo, los crímenes de lesa humanidad consisten en casi una docena de bestiales actos, entre ellos “asesinato”, “exterminio”,
“otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Además, en su particularmente extenso octavo artículo –“Crímenes de guerra”-, determina que esos delitos son casi una treintena de brutales acciones violatorias de las garantías básicas -y de convenciones internacionales en materia de derechos humanos-.
La extensa lista incluye “el homicidio intencional”, “la tortura o los tratos inhumanos”, “el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”.
Asimismo, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”.
Y el octavo bis –“Crimen de agresión”- plantea, entre otras definiciones, que “por ‘acto de agresión’ se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado, o en cualquier otra firma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
En la extensa enumeración de crímenes aparecen, precisamente, las barbaridades que la dictadura trumpiana viene perpetrando en el marco de la brutal represión policial/militar dentro de Estados Unidos, y, a nivel internacional, lanzando acciones bélicas tales como, entre otras, los bombardeos en la guerra contra Irán -incluidos objetivos civiles, por ejemplo, escuelas-, o apoyando -política y logísticamente- el genocidio que el régimen sionista Israelí perpetra, hace casi tres años, en la palestina Franja de Gaza.
En su exposición de la reaccionaria narrativa oficial estadounidense, Rubio planteó, en el extenso escrito, que “la CPI nació a principios de siglo. Al principio, se presentó como un mecanismo de última instancia de alcance limitado para juzgar los delitos más graves”.
“Ahora, la CPI y sus aliados buscan tener un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos, y para juzgar y detener a nuestros ciudadanos”, se permitió agregar.
“Los estadounidenses nunca aceptaron nada de esto. Nuestros dos principales partidos políticos se opusieron a la idea de otorgar a un tribunal internacional distante la facultad de juzgar y encarcelar a nuestros propios ciudadanos”, señaló, a continuación, insistiendo en falsear la realidad.
También afirmó que el ex presidente estadounidense (1993-1997, 1997-2001), Bill Clinton -del Partido Demócrata-, “rehusó someter el Estatuto de Roma -el documento fundacional de la CPI- a la ratificación del Senado debido a sus ‘preocupaciones por las importantes deficiencias del Tratado’”.
“Dos años más tarde, una mayoría cualificada bipartidista del Senado aprobó la ley ‘American Servicemembers’ Protection Act’ -ley de protección de los militares estadounidenses-, que autorizaba al presidente ‘a utilizar todos los medios necesarios’, incluida la fuerza militar, para impedir que la CPI detuviera o arrestara a estadounidenses”, siguió relatando.
Rubio describió así la legalización imperial de la impunidad para severas violaciones a los derechos humanos perpetradas, globalmente, por tropas gringas.
“Aun así, los estadounidenses se vieron en el punto de mira: En 2020, la CPI inició una investigación sobre lo que la fiscal jefe Fatou Bensouda, de Gambia, describió como ‘crímenes de guerra cometidos por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos’ en Afganistán, declarando que el Gobierno de Estados Unidos no había procesado a suficientes soldados estadounidenses para satisfacer a la corte”, aseveró, a manera de tergiversador ejemplo.
Bensouda -una abogada quien ha sido fiscala general y ministra de Justicia (1998-2000) de Gambia, país en la costa noroccidental africana- se desempeñó, en 2012-2021, como fiscala jefa de la CPI, cargo cuyo titular fue, en 2021-2026, el británico Karim Khan.
“En efecto, la Sra. Bensouda se autoproclamaba jueza definitiva de la política militar estadounidense y de todo el sistema judicial de Estados Unidos”, agregó, mintiendo alevosamente, para agregar que “la investigación sobre Afganistán no fue más que el primer movimiento en el ataque contra la soberanía estadounidense”.
A continuación, Rubio descendió a niveles de falsedad aún más inaceptables, al exponer la ultraderechista teoría conspirativa según la cual “la CPI cuenta con el respaldo y está dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”.
Tal especulación, en particular, es extraordinariamente mediocre, y está en línea con la adicional teoría conspirativa -que el trumpismo está, recurrentemente, planteando- sobre un supuesto resurgimiento/avance internacional del comunismo, así como del terrorismo político mundial.
Con su trasnochado discurso tergiversador, los autócratas del planeta Maga -sigla de la consigna trumpista “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” (“Make America Great Again”)- parecen atrapados en la Guerra Fría (1947-1991) -puntualmente en la tóxica era macartista (1950-1954) estadounidense-.
El macartismo fue una manifestación de extremismo nacionalista que se hizo fuerte entonces, en Estados Unidos, y cuya figura más visible fue el senador republicano (1947-1957) Joseph “Joe” McCarthy.
La despiadada persecución de personas acusadas de ser comunistas -incluidos intelectuales, profesionales, actores, dirigentes políticos, entre otras víctimas-, tuvo totalitarias características ideológicas similares a las del nazismo -y a las del comunismo que decía combatir-.
Apoyado por personajes tan connotadamente corruptos como el entonces congresista republicano (1947-1950) y posterior presidente (1969-1973-1974), Richard Nixon, y con la complicidad de la Comisión sobre Actividades No Estadounidenses (Un-American Activities Committee) (1938-1975) de la Cámara de Representantes, McCarthy destruyó reputaciones personales y profesionales, con la excusa de frenar el “terror rojo” (“red scare”) en Estados Unidos.
Cualquiera que no se encuadrase dentro de la estrecha/extremista caracterización de lo que se consideraba “estadounidense” (“American”), era marcado -por lo tanto, demonizado-, automática y simplistamente, con la paranoica/discriminatoria etiqueta de “comunista”.
Ahora, décadas después, en la versión siglo 21 de la histeria macartista estadounidense, Rubio escribió, además -respecto a la supuesta red izquierdista/comunista planetaria-, que, “en la segunda administración de Trump, estas presiones no han dejado de crecer”.
“El año pasado, importantes grupos activistas instaron a altos cargos internacionales a ‘tomar medidas inmediatas y significativas’ contra las deportaciones de delincuentes violentos a El Salvador llevadas a cabo por la Administración Trump”, agregó.
“Meses más tarde, un exfiscal jefe de la CPI declaró que los ataques del presidente Trump contra los narcoterroristas constituían ‘un crimen contra la humanidad’ y debían tratarse como tal en virtud del derecho internacional”, planteó, continuación -en referencia al argentino Luis Moreno, titular de ese cargo en 2003-2012-.
Se trata de “una postura de la que hicieron eco los líderes de las Naciones Unidas, así como las principales organizaciones de izquierda, los dirigentes del Partido Demócrata y diversos políticos”, aseguró, generalizando irresponsablemente.
“En marzo, la organización Democracy for the Arab World Now, con sede en Washington, instó al régimen iraní a que solicitara una investigación de la CPI sobre los ‘aparentes crímenes de guerra’ cometidos por personal estadounidense”, escribió.
La no gubernamental Democracia para el Mundo Árabe Ahora (Democracy for the Arab World Now, Dawn) -cuya sigla, en inglés, significa “amanecer”-, con sede en Washington, fue fundada, en febrero de 2018, por el exiliado periodista opositor saudita Jamal Khashoggi, asesinado, en octubre de ese año, en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, la capital de Turquía.
El crimen fue perpetrado por alrededor de 15 integrantes del grupo paramilitar denominado “Escuadrón Tigre”, vinculados con el equipo de seguridad del príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman, de acuerdo con versiones periodísticas.
Dawn se identifica, en su sitio en Internet, como “una organización que apoya la democracia y los derechos humanos en Oriente Medio y Noráfrica”.
También describe su Visión como de “un mundo donde los derechos humanos, la libertad, y la dignidad de cada persona en Oriente Medio y Noráfrica sean defendidos por gobiernos elegidos democráticamente, salvaguardados por instituciones independientes y organizaciones de sociedad civil trabajando bajo el Estado de Derecho, y apoyados por gobiernos internacionales e instituciones en todo el mundo”.
En su texto del 14 de julio, Rubio aseveró, además, que “los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar las intervenciones ilegítimas de la CPI se han presentado como una razón más para que la CPI se fije como objetivo a los estadounidenses”.
“Cuando 12 senadores estadounidenses escribieron al fiscal de la CPI para expresarle sus preocupaciones, la fiscalía los acusó de delitos. Cuando el Sr. Trump impuso sanciones contra personal de la CPI, un exdirector de Human Rights Watch afirmó que ‘los 125 Estados miembros de la CPI tendrían la obligación legal de detenerlo si llegara a presentarse’”, agregó.
El canciller trumpiano aludió así al abogado estadounidense Kenneth Roth, además de vaticinar que “es solo cuestión de tiempo para que la CPI comience a hacer realidad estas amenazas”.
Rubio hizo, de ese modo, referencia a la carta que la docena legislativa dirigió, el 24 de abril de 2024, a Khan, a raíz de las órdenes internacionales de captura que la CPI proyectaba entonces emitir contra el corrupto y guerrerista primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant -y que formalizó el 21 de noviembre de ese año-.
Debido al genocidio israelí iniciado el 7 de octubre de 2023 en la palestina Franja de Gaza, la CPI les tipificó los delitos de crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad.
Lo que Rubio -entonces senador, y uno de los firmantes del texto- no mencionó, ahora, el tono inaceptablemente amenazante de esa carta, ni la manipuladora ignorancia de los firmantes respecto a las potestades del tribunal determinadas en el Estatuto de Roma.
En cuanto a las órdenes de captura, los parlamentarios matones aseveraron, en la carta de seis párrafos, que “tales acciones son ilegítimas y carecen de base legal, y, si son llevadas a cabo, resultarán en severas sanciones contra usted y su institución”.
“Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, y están, por lo tanto, fuera de la supuesta jurisdicción de su organización”, aseveraron -demostrando ignorancia respecto al contenido del Estatuto de Roma, o manipulando lo allí dispuesto, o ambas cosas-.
Es verdad que ninguno de los dos países integra la CPI, pero el artículo 4 -sobre “Condición jurídica y atribuciones de la Corte”- determina que “la Corte tendrá personalidad jurídica internacional”.
Sumado a ello, el artículo 13 –“Ejercicio de la competencia”- establece que “la Corte podrá ejercer su competencia respecto a cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5”
-genocidio, guerra, lesa humanidad, agresión-, entre otras condiciones, “si un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes”.
Y, por si eso fuese poco, el 14 –“Remisión de una Situación por un Estado Parte”- plantea que “todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”.
Igualmente indica que, “en la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante”.
Tal es, exactamente, el trámite que varios países integrantes de la ICC cumplieron, el 17 de noviembre de 2023, para denunciar el genocidio israelí en Gaza -que, iniciado el 7 de octubre de 2023, ha cobrado, al momento de redactar esta nota, casi tres años después, más de 73 mil vidas, mayoritariamente de mujeres y nuños-.
Al mismo tiempo, esas naciones denunciaron la ilegal y violenta ocupación militar/civil de la también palestina Cisjordania -incluido el sector oriental de la plurirreligiosa (cristiana, islámica, judía) ciudad de Jerusalén-.
La gestión fue iniciada por Sudáfrica -país promotor de la iniciativa-, con apoyo de Bangladesh, Bolivia, Comoros, y Djibouti, con la adhesión, el 18 de enero de 2024, de Chile, México.
Sudáfrica complementó esa acción, cuando presentó el dramático caso palestino, el 29 de diciembre de 2023, también a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -tribunal que, al igual que la CPI, tiene sede en la occidental ciudad holandesa de La Haya-.
En la carta de cinco páginas que dirigió a Khan, en nombre de los cinco países iniciales, Sudáfrica señaló, puntualmente, que la agresión israelí se enmarca en los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, solicitando la investigación del caso.
Por otra parte, si bien es cierto que Israel -lo mismo que Estados Unidos- no integra la CPI, es igualmente cierto que Palestina se constituyó, en 2015, en Estado Parte del tribunal.
No obstante la realidad, en su insolente carta a Khan, la irrespetuosa/manipuladora docena legislativa insistió en amenazar al entonces fiscal jefe de la CPI.
“Si usted emite una orden de captura para la dirigencia israelí, interpretaremos esto no solamente como una amenaza a la soberanía de Israel sino a la soberanía de Estados Unidos”, aseveraron.
Los senadores no explicaron la simbiosis de soberanías que, de facto, establecieron, con esa afirmación -aunque, sin darse cuenta, proporcionaron una prueba más de la complicidad entre los criminales regímenes belicistas estadounidense e israelí-.
Por si lo anterior hubiese sido poco, los firmantes de las amenazas a Khan, se permitieron advertirle que “Estados Unidos no tolerará ataques politizados, por la CPI, contra nuestros aliados”, a continuación de lo cual lo matonearon, como los patanes que son: “ponga la mira en Israel, y pondremos la mira en usted”.
Y, manteniendo el bullying, ampliaron, de inmediato: “si usted avanza con las medidas indicadas en el informe (referido a Netanyahu y a Gallant), nos moveremos para terminar todo apoyo estadounidense a la CPI, sancionar a sus empleados y socios, y prohibir que ustedes y sus familias entren a Estados Unidos”.
A continuación, como vergonzoso cierre de la carta, plantearon: “Usted está advertido”(“You have been warned”).
Convenientemente, los 12 omitieron señalar que, además de Netanyahu y Gallant, la CPI emitió órdenes internacionales de captura contra tres dirigentes del movimiento políticomilitar palestino Harakat al-Muqawama al-Islamiya (en transliteración del árabe, Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas), que opera en Gaza.
Los requeridos fueron el comandante militar Mohammed Deif, y los dirigentes políticos Yahyia Sinwar e Ismail Haniyeh, pero las órdenes fueron eliminadas a causa de que los tres murieron en acciones militares israelíes.
El berrinche imperial no tuvo el efecto buscado, ya que la CPI emitió, en 2024
-respectivamente, el 26 de enero, el 28 de marzo, el 24 de mayo- tres órdenes vinculantes (de cumplimiento obligatorio).
En el primer caso, ordeno, a Israel, respecto a Gaza, la implementación de medidas para, entre otros objetivos, impedir la comisión de acciones genocidas, y garantizar la ayuda humanitaria y el funcionamiento de servicios básicos a la población.
En el segundo, ordenó, a Israel, la distribución ilimitada de alimentos básicos y el acceso a ayuda humanitaria, para los habitantes de la franja.
En el tercero, ordenó, a Israel, la inmediata suspensión de la ofensiva militar específica contra la sureña ciudad de Rafah -en el sector limítrofe con Egipto-, y la permanente apertura del paso fronterizo para permitir el irrestricto paso de ayuda humanitaria.
Como no podía ser de otra manera, el guerrerista sionismo imperialista israelí ignoró las disposiciones -lo mismo que los sucesivos, fallidos acuerdos de cese del fuego-, manteniendo el genocidio antipalestino en Gaza.
En su reciente diatriba tergiversadora/simplista contra la CPI, Rubio agregó que “los agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan para expulsar a delincuentes violentos de nuestro país, los infantes de marina estadounidenses que arriesgan sus vidas para restablecer el orden en el Hemisferio Occidental, los fiscales federales que trabajan para desmantelar redes terroristas que traman atentados contra el territorio estadounidense… todos ellos se enfrentarían al riesgo constante de ser perseguidos por el ‘delito’ de defender nuestro país”.
“La intromisión de la CPI en las operaciones militares y policiales estadounidenses no solo supone una grave extralimitación de sus supuestas competencias. Significaría el fin de Estados Unidos como nación soberana e independiente”, planteó, de inmediato, en paranoia fuera de control.
Y, como complemento, aseguró: “nuestra decisión y nuestro pueblo quedarían a merced de la CPI y de sus colaboradores en la ‘comunidad internacional’”.
Por lo tanto, “aceptar la CPI es ceder el control de nuestro destino nacional”, agregó, con dramatismo.
“Quizá naciones más educadas y dóciles podrían conformarse con ese acuerdo. Pero esto es Estados Unidos”, señaló, de inmediato -de hecho, admitiendo la ignorancia que caracteriza al imperio y a sus gobernantes, particularmente, el núcleo Maga-.
“La independencia es nuestro derecho innato. No tenemos intención de cambiarla por el dominio de un clero autoproclamado del ‘derecho internacional’”, desvarió, a continuación.
Rubio reiteró, además, la garantía de impunidad que el imperio -sin perjuicio de quién lo dirija- garantiza a sus criminales uniformados: “la Administración Trump siempre protegerá a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a esta amenaza”.
Y anunció que “Estados Unidos está poniendo en marcha una campaña diplomática con un mensaje sencillo: los Estados soberanos por encima del globalismo”.
“Quienes se benefician de la seguridad estadounidense no deben quedarse de brazos cruzados mientras se ataca a quienes garantizan esa seguridad. Esto es solo el principio”, proclamó.
Y la guerrerista amenaza final: “utilizando todas las herramientas de que dispone nuestro Gobierno y colaborando con todos los aliados con los que podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI, piedra a piedra si es necesario”.
Pero el escrito de Rubio no constituyó ningún exabrupto imperial sino la exteriorización de un nefasto plan en marcha -porque, ante la imposibilidad de actuar legalmente para desmantelar la CPI, la dictadura trumpiana usó su pandillero poder de manipulación y presión fuera de la vista pública-.
La primera baja visible de la guerra contra la corte: Khan.
Transcurrido un extenso período de investigación, a partir de la denuncia que, por conducta sexual indebida, una funcionaria de su entorno inmediato presentó, el 3 de mayo de 2024 -y fue conocida públicamente, cinco meses después-, Khan entró, el 16 de may de 2025, en un período de licencia, y fue suspendido, el 8 de junio de 2026, por el Buró de la Asamblea de los Estados Partes (AEP).
La suspensión se concretó poco más de un mes -36 días- antes de publicado el texto de Rubio de Rubio -como preparando el escenario para la diatriba imperial-.
La AEP es el organismo rector de la CPI, mientras que el Buró es el organismo -integrado por 21 países- que asiste a la Asamblea, entre otras atribuciones, encargándose -cuando la AEP no está en sesión- de decisiones administrativas urgentes -incluyendo temas disciplinarios-.
La suspensión de Khan fue decidida durante uno de esos períodos.
En un comunicado que, con título “Decisión del Buró respecto al resultado del procedimiento disciplinario que involucró al Fiscal de la Corte Penal Internacional” (Decisión of the Bureau concerning the outcome of disciplinary proceedings involving the Prosecutor of the International Criminal Court”), emitió el 8 de junio, el organismo explicó los pasos que siguió para determinar, “por mayoría calificada”, la sanción.
El Buró dijo, en el texto de cinco párrafos emitido en francés y en inglés, que, en esa fecha, “tomó una decisión sobre el procedimiento disciplinario que involucró al Fiscal”, y que “refirió el procesó a la Asamblea de los Estados Partes”.
También indicó que según disposiciones reglamentarias, decidió “suspender de su cargo, con efecto inmediato, al Fiscal, a la espera de la decisión final de la Asamblea de Estados Partes como tomador competente de decisiones”, y aclaró que “el Buró enfatiza que esta suspensión no es indicio del resultado final” del procedimiento disciplinario.
Igualmente, informó que decidió “convocar a una sesión de la Asamblea de los Estados Partes, lo más pronto posible, para que la Asamblea considere el tema”.
Además, explicó que “la evaluación del Buró se basó sobre el informe de una investigación emprendida por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (Ossi), la evidencia de respaldo, el asesoramiento de un Panel ad hoc de expertos judiciales, y alegatos escritos”.
“La decisión del Buró y la documentación relacionada permanecerán confidenciales. El Buro continúa exhortando al debido respeto a la privacidad y los derechos de todas las partes involucradas, así como a la integridad del proceso en marcha”, expresó.
La ASP se reunió el 24 de julio, en la sede de Naciones Unidas, en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, fecha en la cual, con 82 votos a favor -frente a 13 en contra, y 15 abstenciones-, destituyó a Khan.
Por su parte, en un comunicado que, con título “Declaración de la CPI sobre la Decisión de la ASP respecto al procedimiento disciplinario que involucró al Fiscal de la CPI” (“ICC Statement on the ASP Decision regarding disciplinary proceedings involving the ICC Prosecutor”), emitió ese día, la corte señaló que, en Sesión Especial, la asamblea “decidió remover del cargo, al Fiscal”.
Ello, “habiendo encontrado que él ha cometido seria conducta indebida y serio incumplimiento del deber”, agregó, en el texto de cinco párrafos difundido en francés y en inglés.
“Los Fiscales Adjuntos continuarán proporcionando el liderazgo, la administración, y la dirección de la Oficina del Fiscal, como lo han hecho desde que el Sr Khan tomó licencia en Mayo de 2025 y luego de su suspensión del cargo el 8 de junio de 2026”, informó.
El tribunal aclaró, además, que, “a lo largo de este proceso, la Corte ha continuado llevando a cabo su mandato y sus actividades, gracias al profesionalismo y la dedicación de miembros del personal”.
“La Corte continuará asignando la mayor importancia al mantenimiento de un ambiente laboral seguro, inclusivo, y respetuoso para todo el personal”, garantizó, de inmediato.
“La CPI permanece firmemente comprometida con promover la rendición de cuentas, y proporcionar justicia a las víctimas de crímenes que impactan la conciencia de la humanidad”, precisó.
Por su parte, la ASP emitió, ese día, un escueto comunicado -tres párrafos-, en el cual justificó la sanción contra el ahora ex fiscal jefe de la CPI -a quien, inicialmente se refirió como “un titular de un cargo electivo-”.
“La Asamblea adoptó una decisión, mediante votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, en la que determinó que el Sr. Karim Khan incurrió en falta grave e incumplimiento grave de sus deberes y lo destituyó de su cargo en virtud del artículo 46 del Estatuto de Roma”, informó, en el texto que difundió en árabe, español, e inglés.
“La Presidencia de la Asamblea sigue instando a que se respete debidamente la privacidad y los derechos de todas las partes interesadas”, agregó.
El artículo 46 del estatuto –sobre “Separación del cargo”-, señala que “un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto”, entre otras razones, “cuando se determine que (…) ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba”.
La destitución de Khan se formalizó apenas 10 días después del alegato de Rubio.
La segunda baja de la guerra imperial contra la CPI: Venezuela.
La presidenta encargada (interina) de Venezuela, Delcy Rodríguez, la titular del gobierno títere que el imperio impuso, apenas iniciado el tercer día de 2026, en el caribeño país sudamericano, continuó haciendo su “trabajo fantástico” (“fantastic job”) -según Trump-, al informar, el 24 de julio, la decisión de denunciar el Estatuto de Roma -o sea: retirarse de la CPI-.
Mediante un comunicado emitido ese día, por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, el régimen indicó que Rodríguez “oficializó la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional -CPI- mediante la denuncia del Estatuto de Roma”.
“La jefa de Estado afirmó: ‘Hemos (…) anunciado nuestra salida de la Corte Penal Internacional denunciando el Estatuto de Roma, porque desde su fundación -y Venezuela fue el primer país que se suscribió al Estatuto de Roma-, creemos en una justicia verdadera”, expresó, en el texto de cinco párrafos.
“Pero en su historial, ha acumulado un expediente para agredir al Sur Global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela”, agregó.
La cancillería aludió así a la investigación -anunciada el 3 de noviembre de 2021, por Khan- sobre la crisis sociopolítica y humanitaria venezolana estallada en 2014 -que ha determinado el masivo éxodo de casi ocho millones de personas, según cálculos a julio de 2026-.
El anuncio fue antecedido por un período de pretrámite judicial iniciado en 2018, a raíz de una remisión presentada, ese año, por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú-, respecto a la situación en Venezuela-.
Bensouda era entonces la fiscala jefa de la CPI.
El anuncio de la decisión del régimen, respecto a abandonar la CPI, tuvo lugar mientras la investigación está en desarrollo.
La cancillería venezolana planteó, en el comunicado, que “Rodríguez subrayó la apuesta del país por un modelo multilateral distinto: ‘Creemos en un mundo distinto, en un mundo nuevo de paz, de verdad, paz verdadera para los pueblos del mundo que hoy son víctimas de guerras, de violencia, de agresiones”.
“En esa misma línea, la Presidenta aseguró que la nación mantendrá sus principios fundacionales en la arena global: ‘Creemos en un relacionamiento basado en el respeto al derecho internacional. Debe ser Venezuela en su relacionamiento internacional con su guía de diplomacia bolivariana de paz”, aseguró el régimen.
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia informó, un día después, sobre la decisión, al indicar que, durante una actividad pública oficial, Rodríguez “anunció que el país denunciará el Estatuto de Roma y se desvinculará de la Corte Penal Internacional -CPI- debido a la falta de confianza en su imparcialidad”.
“La Mandataria Encargada mencionó que la República fue pionera al firmar este tratado, pero ahora considera que la CPI se ha convertido en una herramienta de presión política, agrediendo a los países del sur, incluida Venezuela”, según la misma fuente.
Rodríguez “reafirmó el compromiso de Venezuela con la ‘diplomacia bolivariana de paz’, que busca el respeto al derecho internacional y la convivencia pacífica, alejándose de la violencia”, según lo indicado en el texto de, también, cinco párrafos.
Lo anterior, planteado por una presidenta surgida de una agresión militar extranjera que, mediante un violento golpe de Estado, derrocó a una dictadura, violando, precisamente, el derecho internacional y la convivencia pacífica.
El ministerio de la presidencia informó, además, que, durante la actividad oficial, Rodríguez “presentó una propuesta llamada: ‘Decálogo Humano’, que incluye principios éticos inspirados en el pensamiento bolivariano y la doctrina cristiana”.
“Este decálogo promueve la convivencia y el respeto, la protección del medioambiente, la justicia social y la protección de la familia”, precisó, sin citarlo textualmente.
Simultáneamente, el régimen trumpiano se refirió, mediante una breve Nota de Prensa del Departamento de Estado (Deparment of State, DOS), al anuncio de Rodríguez -presentándolo como si fuese una decisión soberana de un gobierno legítimo, en lugar de lo que, vergonzosamente, es-.
La cancillería de Trump declaró, en el texto que tituló “Venezuela se retira de la CPI” (“Venezuela Withdraws from the ICC”), que “Estados Unidos acoge con beneplácito la decisión de la Presidenta interina Delcy Rodríguez, y de Venezuela, de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos por desmantelar la corrupta e inútil CPI,” (“the corrupt and worhless ICC”).
Para una entidad supuestamente “inútil”, desde el inicio de su labor la corte ha emitido, en casi un cuarto de siglo de existencia, decenas de órdenes internacionales de detención -32 requeridos permanecen fugitivos-, ha acusado a por lo menos 73 detenidos -en más de 30 casos-.
Entre los fugitivos más mediáticos figuran, además de Netanyahu y Gallant, el dirigente talibán afgano Haibatullah Akhundzada, el militar retirado sudanés Omar al-Bashir, el dictador Ruso, Vladimir Putin.
No obstante el récord de trabajo del tribunal, el DOS planteó que “la denominada corte lleva ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin resultado”.
“En cambio, la CPI ha malgastado sus recursos en investigar e imputar cargos a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes, independientes, y que nunca se sometieron a la jurisdicción de la corte”, aseveró, sin identificar a esos personajes ni a esas naciones.
“Se trata de una flagrante extralimitación, sesgo político y aplicación selectiva de la ley. La CPI no es creíble, ni independiente, ni legítima”, agregó.
No es disparatado pensar que Rubio aludió, de ese modo, a Netanyahu y a Gallant, lo mismo que a Israel, país que no integra la CPI, y cuyo sistema judicial es manipulado por el primer ministro -quien, en un interminable proceso judicial, enfrenta cargos por actos de corrupción-.
De inmediato, y tratando de legitimar la agresión militar de enero, a Venezuela, el DOS aseguró que, “gracias al liderazgo el presidente Trump, y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerza Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos, por los delitos que ha cometido”.
“Es hora de desmantelar la CPI”, aseveró el DOS, replicando la conceptualización trumpiana del tribunal mundial.
Y, en demencial cierre de la Nota de Prensa, planteó: “Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma” (“The United States calls on all members of the ICC to withdraw from the Rome Statute”).
En serio?
Bueno, en definitiva, soñar es – todavía- gratis -quizá tendría que ser un derecho humano-.
Por su parte, la denunciante de la conducta sexual indebida, a quien se ha identificado solamente como Sarah -una abogada malasia integrante del equipo de asistentes de la CPI más próximo a Khan-, se refirió, en declaraciones reproducidas el 16 de julio, por la cadena de televisión informativa Cable News Network (CNN), entre otros temas, al impacto de su caso en la imagen del tribunal.
“Siempre ha habido presiones sobre la corte -aún durante el tiempo de la fiscala Bensouda-, y siempre habrá críticas”, planteó, durante la entrevista de poco más de 46 minutos que, desarrollada en inglés, fue difundida ocho días antes de la destitución de Khan, y dos días después de la declaración de Rubio.
“Pero no creo que la legitimidad de la corte deba depender de la reputación de ningún hombre en particular”, agregó Sarah, quien se refirió, en todo momento, a Khan, en términos respetuosos -aún cuando, visiblemente emocionada, describió el hostigamiento sexual, incluido acoso físico que denunció de parte de su entonces jefe, quien ha, sostenidamente, negado la acusación-.
“Esto no es un espectáculo, esto no es Hollywood, y, al final del día, esto es una denuncia, y lo que la corte -y otras instituciones- haga, con una denuncia como esta, fortalece su legitimidad, no le quita”, aseguró, para, a continuación, plantear que “muestra que están dispuestas a tomar en serio la conducta indebida”.
“Creo que la corte continuará, por supuesto, enfrentando presiones en su avance, pero también creo que la corte continuará funcionando”, vaticinó, además de reflexionar en el sentido de que “también tenemos que reconocer que ninguna institución, en este mundo, es perfecta”.
“El hecho de que continúe mejorándose, sólo contribuirá a su posición al avanzar”, aseguró.
Pero, según Rubio, la decisión del imperio está tomada -y es operativa-: “desmantelaremos la CPI, piedra a piedra si es necesario”.
Habrá que ver.
