En un reciente pronunciamiento jurídico emitido el 20 de enero de 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció sobre una consulta realizada por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) respecto a la competencia del Colegio sobre los procedimientos técnicos que pueden realizar las y los profesionales de enfermería, y la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el ámbito de la atención sanitaria.
Contexto de la consulta
La consulta surgió a raíz de inquietudes planteadas por la Presidenta del Colegio de Enfermeras, Doctora Ernestina Aguirre Vidaurre, sobre varios aspectos clave de la regulación de la profesión de enfermería y el ejercicio de la autonomía de la CCSS.
Las preguntas abordaban si los criterios establecidos por el CECR son de cumplimiento obligatorio para los profesionales de enfermería y las instituciones de salud, así como el alcance de la autonomía de la CCSS para desatender las directrices emitidas por el Colegio en materia de procedimientos técnicos.
En su respuesta, la Procuraduría destacó la importancia de los criterios del CECR como una guía para la práctica profesional de la enfermería en Costa Rica, pero también señaló que no corresponde a este órgano asesor resolver el conflicto de criterios entre el CECR y la CCSS, ya que tal discrepancia escapa de su competencia consultiva.
La discrepancia de criterios entre el CECR y la CCSS
El CECR, como autoridad rectora de la profesión de enfermería, ha sostenido que tiene la exclusiva competencia para establecer las directrices y los procedimientos técnicos que sus miembros pueden realizar, enfatizando que la CCSS debe acatar estas directrices como parte de su responsabilidad en garantizar el derecho humano a la salud. Para el Colegio, la autonomía de la CCSS en el gobierno de los seguros sociales no debe contradecirse con las directrices de la entidad rectora de la enfermería.
Sin embargo, la CCSS, en su respuesta, reafirma su autonomía política y administrativa, señalando que dicha autonomía le otorga la capacidad para definir sus propios procedimientos y organizar la atención sanitaria, sin sujeción a las regulaciones impuestas por el CECR.
La Caja argumenta que sus prerrogativas, como institución autónoma, le permiten administrar los servicios de salud de manera independiente, incluso en lo que respecta a la organización de los turnos y la asignación de tareas al personal.
El papel de la autonomía en el sistema de salud
La Constitución Política de Costa Rica reconoce la autonomía política de la CCSS en materia de seguros sociales, lo que implica que la Caja tiene libertad para decidir sus políticas y administrar los recursos en el ámbito de la seguridad social.
Esta autonomía ha sido reiterada en dictámenes anteriores de la Procuraduría, que subrayan que la Caja no está sujeta a las imposiciones de otros entes, como los colegios profesionales, cuando se trata de su funcionamiento interno y la prestación de servicios de salud.
Sin embargo, la Procuraduría también ha indicado que, si bien la autonomía de la CCSS es absoluta en términos de la administración de los seguros sociales, existen límites cuando se trata de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la salud.
En este sentido, la CCSS debe cumplir con las normativas que aseguren la calidad de los servicios de salud y la protección de los trabajadores de la salud, como los enfermeros y enfermeras.
Reflexiones y perspectivas futuras
El conflicto entre el Colegio de Enfermeras y la CCSS resalta una importante cuestión en la administración del sistema de salud costarricense: cómo equilibrar la autonomía de los entes públicos con la necesidad de asegurar la calidad y coherencia en la prestación de servicios. Mientras que el CECR defiende la autoridad del Colegio para regular la práctica de la enfermería, la CCSS defiende su capacidad para organizar el sistema de salud sin interferencias externas.
Este desacuerdo pone en evidencia la necesidad de un diálogo más profundo entre las instituciones involucradas para encontrar un marco normativo que respete tanto la autonomía de la CCSS como la competencia del Colegio de Enfermeras, y que, al mismo tiempo, garantice el bienestar de los pacientes y los derechos de los trabajadores de la salud.
A futuro, es necesario que las instituciones involucradas busquen soluciones consensuadas y respetuosas de las competencias de cada entidad, sin que se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos y los trabajadores del sector salud.
Este debate debe continuar en el ámbito legal, para asegurar una mejor integración entre los distintos actores del sistema de salud de Costa Rica.
