Congreso Latinoamericano de Abogacías y Procuradurías del Estado 2026

San José, Costa Rica. Con la participación de representantes de más de once países de América Latina y la presencia de la Abogacía General del Estado de España como invitada especial, este 17 y 18 de junio se desarrolla en Costa Rica el Congreso Latinoamericano de Abogacías y Procuradurías del Estado 2026, un espacio de reflexión y cooperación regional orientado al fortalecimiento del Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La actividad, organizada por la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP) y la Procuraduría General de la República de Costa Rica, se realiza en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones y reúne a procuradores generales, abogados del Estado, magistrados, académicos y especialistas en ética pública, derechos humanos y transparencia.

Una causa común para la defensa institucional

Durante la inauguración del congreso, el procurador general de Costa Rica, Iván Vinicio Vincenti Rojas, destacó que la defensa jurídica del Estado constituye una responsabilidad compartida entre los países de la región.

“Es una causa común el compromiso con la defensa del Estado, la lucha contra la corrupción y las amenazas contra la institucionalidad democrática”, afirmó.

Vincenti señaló que América Latina enfrenta desafíos que trascienden las fronteras nacionales, que requieren instituciones sólidas capaces de garantizar la legalidad y el interés público. En ese sentido, destacó el papel de la ALAP como una red de confianza, cooperación que permite intercambiar experiencias, construir propuestas concretas y generar nuevas oportunidades de colaboración regional.

“Es para la cooperación, para construir sociedades más seguras. Podemos intercambiar propuestas concretas. Es el inicio de nuevas oportunidades de cooperación”, expresó.

El valor de la consulta jurídica en la gestión pública

Por su parte, Eugenia María Zamora Chavarría Presidenta del TSE resaltó la importancia de las procuradurías, abogacías del Estado en la prevención de errores administrativos y en la protección de la legalidad.

La jerarca indicó que muchos de los problemas en la gestión pública se originan por la ausencia de consultas oportunas a los abogados del Estado, quienes cumplen una función esencial en la defensa de los intereses colectivos y en la mitigación de riesgos asociados a conflictos de interés.

“Tienen un papel importante en la defensa de todos y todas”, enfatizó.

Ética pública e integridad institucional

La presidenta del Comité de Ética de la Abogacía General de Brasil, Mariana Cruz Montenegro, abordó la relevancia de la ética en el ejercicio de la función pública.

A través de referencias a Aristóteles y a la mitología griega, reflexionó sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre los intereses individuales y el bien común, destacando que las instituciones públicas deben sustentarse en valores éticos sólidos para mantener la confianza ciudadana.

Estado constitucional de derecho y probidad

Uno de los panelistas fue Marvin Carvajal, quien es Docente Asociado de la UCR, exDirector de Escuela Judicial, quien analizó las condiciones actuales del Estado constitucional de derecho.

Carvajal subrayó que la protección del interés general exige respeto absoluto entre los poderes del Estado y recordó que la jurisprudencia constitucional costarricense ha vinculado la actuación estatal con los principios de probidad e integridad pública.

“Vivimos en un Estado de Derecho y de allí es fundamental el concepto de integridad pública”, señaló.

Asimismo, destacó que persisten importantes brechas económicas y sociales que deben ser atendidas progresivamente para fortalecer la legitimidad democrática y combatir la corrupción.

El especialista también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública, indicando que estas herramientas pueden contribuir a mejorar la eficiencia estatal, la toma de decisiones y la transparencia institucional.

Corrupción y derechos humanos

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el análisis de la corrupción como una violación a los derechos humanos.

Las exposiciones abordaron la necesidad de fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la libertad de prensa como herramientas fundamentales para prevenir prácticas corruptas.

Entre las experiencias compartidas se mencionaron medidas adoptadas en Brasil para la protección de denunciantes, la creación de comités de diversidad e inclusión y el desarrollo de planes institucionales de transparencia.

También se analizaron mecanismos implementados en Perú relacionados con la transparencia gubernamental, las audiencias públicas y las autoridades especializadas en garantizar el acceso a la información cuando esta es denegada por las instituciones públicas.

Los participantes coincidieron en que la información incompleta o sesgada puede generar prejuicios, afectar la confianza ciudadana y debilitar los mecanismos democráticos de control.

Democracia, participación y lucha contra la corrupción

El jurista y académico Andrei Eduardo Cambronero desarrolló una reflexión sobre la relación entre democracia, derechos humanos y corrupción.

Cambronero explicó que los derechos humanos son el resultado de procesos históricos y sociales que buscan limitar el poder para proteger la dignidad humana.

“El derecho es un producto social”, afirmó.

Asimismo, destacó que la corrupción puede entenderse como una forma de abuso de poder que afecta directamente la calidad democrática y limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.

“La relación entre democracia y corrupción es inversa. Si queremos mejorar los índices de corrupción debemos mejorar la participación ciudadana”, sostuvo.

El especialista recordó que la corrupción desvía recursos que podrían destinarse a educación, salud y programas sociales, debilitando las bases mismas de la democracia.

También resaltó la importancia del acceso oportuno a la información pública para que la ciudadanía pueda ejercer un control efectivo sobre las instituciones.

Una agenda regional para fortalecer las instituciones

El Congreso Latinoamericano de Abogacías y Procuradurías del Estado forma parte de los esfuerzos impulsados por la ALAP para consolidar estándares regionales en defensa jurídica del Estado, integridad pública y fortalecimiento institucional.

El programa académico incluye temas como prevención y control de la corrupción, transparencia y acceso a la información, profesionalización del empleo público, recuperación de activos, riesgos de corrupción en arbitraje y contratación pública, gobernanza de recursos naturales y protección de los derechos humanos.

Los organizadores coinciden en que los desafíos actuales exigen una respuesta coordinada entre los países de la región y que el fortalecimiento de las procuradurías, defensorías y abogacías del Estado constituye una condición indispensable para preservar la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.