La subejecución presupuestaria en las instituciones públicas debe generar mayores controles, transparencia y respuestas claras a la ciudadanía, según explicó al Periódico Informativo JBS el Contador Gerardo Leal Orias, quien advirtió que los recursos públicos deben ser rastreables desde su aprobación hasta su utilización final.
Leal señaló que cuando una institución recibe un presupuesto autorizado y al finalizar un período no utiliza la totalidad de los recursos asignados, se produce una subejecución presupuestaria. Aunque aclaró que esta situación no significa automáticamente una irregularidad, indicó que requiere análisis cuando se convierte en una práctica constante.
“Si una institución tiene autorizados ₡100 millones y solamente utiliza ₡70 millones, existe una diferencia de ₡30 millones que debe ser explicada. No siempre significa que haya una falta, porque pueden existir razones como atrasos en contrataciones, cambios en proyectos o circunstancias externas; pero cuando la subejecución es recurrente, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué ocurrió con esos recursos”, manifestó Leal a este medio.
El especialista explicó que el presupuesto público está compuesto por recursos provenientes principalmente de los impuestos que pagan los habitantes, por lo que las instituciones deben administrar esos fondos bajo principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
“Ese dinero no es propiedad de una institución. Es dinero público y tiene un propósito definido. Si fue asignado para una obra, un programa social, una beca o un servicio, debe existir claridad sobre por qué no se utilizó oportunamente”, afirmó.
Impacto en servicios públicos
Según Leal, la discusión sobre subejecución no debe limitarse únicamente a cifras contables, debido a que detrás de cada monto no utilizado pueden existir necesidades ciudadanas que permanecen sin atender.
Entre los efectos que mencionó se encuentran atrasos en obras públicas, retrasos en pagos a proveedores, reducción o demora de programas sociales, falta de fortalecimiento de servicios y proyectos pendientes.
“El verdadero costo de una subejecución no solamente está en el dinero que quedó sin gastar, sino en aquello que la población dejó de recibir mientras esos recursos permanecieron sin cumplir la finalidad para la cual fueron autorizados”, explicó.
Rendimientos financieros bajo revisión
Otro de los puntos señalados por Leal es qué sucede con los recursos que permanecen temporalmente sin ejecutar y si estos generan algún tipo de rendimiento financiero.
A criterio del analista, debe existir información clara sobre el origen de esos fondos, el destino autorizado, el monto transferido, la cantidad ejecutada, los recursos pendientes y cualquier rendimiento generado.
“La ciudadanía debe conocer dónde permanecieron esos recursos, quién los administró y qué ocurrió finalmente con los posibles intereses obtenidos”, indicó.
Ciudadanía tiene derecho a fiscalizar
Leal recordó que la fiscalización de los fondos públicos no corresponde únicamente a los órganos de control, sino que también involucra a la ciudadanía.
“El ciudadano que pregunta dónde está el dinero que no se ejecutó no está necesariamente acusando a una institución de cometer un delito. Está ejerciendo un derecho democrático: pedir explicaciones sobre recursos que pertenecen a toda la sociedad”, señaló.
Agregó que la existencia de mecanismos de control permite determinar si una situación responde a una gestión administrativa normal o si existen responsabilidades que deban ser investigadas por las autoridades competentes.
Contraloría y transparencia
El analista destacó el papel de la Contraloría General de la República de Costa Rica en la vigilancia del uso de la Hacienda Pública y afirmó que los casos de subejecución significativa o repetitiva deben ser objeto de revisión.
Para Leal, las preguntas fundamentales que deben responder las instituciones son: cuánto dinero fue autorizado, cuánto fue transferido, cuánto se ejecutó, cuánto quedó pendiente, dónde permanecieron los recursos y qué ocurrió con ellos.
“Un presupuesto público no debe evaluarse únicamente por cuánto dinero se gastó, sino por cuánto valor público generó para las personas”, concluyó.
Gerardo Leal Orias insistió en que la transparencia financiera fortalece la democracia y que cada colón proveniente de fondos públicos debe poder ser explicado, justificado y relacionado con el beneficio que recibió la población.
