El Defensor del Pueblo de España abrió una investigación contra doce municipios de la Región de Murcia por mantener ordenanzas municipales que impedirían a las personas que viven con VIH acceder a licencias de taxi o desempeñarse como taxistas, una práctica que podría vulnerar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
La actuación institucional se originó tras una denuncia presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT) de Murcia, organización que cuestionó la permanencia de disposiciones municipales que excluyen a personas con VIH del ejercicio de esta actividad laboral. Como parte de la investigación, el Defensor del Pueblo solicitó información a los ayuntamientos involucrados sobre el contenido de sus reglamentos y las medidas que estarían dispuestos a adoptar para garantizar el respeto de los derechos de la población afectada.
Según la institución, la preocupación radica en que estas restricciones podrían ser incompatibles con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad, así como con la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de 2022. Además, recordó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han recomendado eliminar cualquier tipo de discriminación laboral basada en el estado serológico.
Las licencias de taxi son competencia de los gobiernos municipales, por lo que algunas ordenanzas continúan incluyendo disposiciones elaboradas hace décadas y que no han sido actualizadas conforme a la evidencia científica disponible sobre el VIH.
Organizaciones como la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) han denunciado reiteradamente que estas normas perpetúan el estigma hacia las personas que viven con el virus. Sus representantes han insistido en que no existe ningún riesgo para la salud pública por el hecho de que una persona con VIH conduzca un taxi, un autobús o cualquier otro medio de transporte.
Asimismo, entidades como Cruz Roja recuerdan que las personas con VIH no están obligadas a revelar su diagnóstico en su lugar de trabajo, salvo en circunstancias legalmente justificadas, y que la información médica debe permanecer protegida bajo estrictos principios de confidencialidad.
Los avances científicos han demostrado que una persona con VIH que recibe tratamiento adecuado y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, lo que ha reforzado las campañas internacionales para combatir el estigma y eliminar normas discriminatorias que carecen de fundamento médico.
El Defensor del Pueblo espera ahora la respuesta de los doce municipios murcianos para evaluar si corresponde promover modificaciones en sus ordenanzas y garantizar que ninguna persona sea excluida del acceso al trabajo como taxista por vivir con VIH, en cumplimiento de los principios de igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos.
