El empresario de turismo de la zona de Quepos, Boris Marchegiani, se ha visto envuelto en una polémica tras financiar una serie de vallas publicitarias que exigen la renuncia de cuatro importantes figuras del ámbito político y judicial costarricense. Las vallas, que han aparecido en varios puntos de la capital, llevan el mensaje claro y directo: “Renuncien por el bien de Costa Rica”.
Marchegiani, quien defendió su acción como un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, aseguró en declaraciones a medios de comunicación que lo hizo como un ciudadano privado y no en representación de ningún partido político.
A través de su declaración, subrayó que no es ni «rodriguista» ni parte de ningún movimiento político, sino un costarricense preocupado por el rumbo que está tomando el país.
«Obviamente estoy ejerciendo mi derecho a expresión. No lo hago como rodriguista ni como parte de un partido político, lo hago como costarricense, pidiendo que renuncien por el bien del país», expresó Marchegiani.
Las vallas, que apuntan directamente a Rodrigo Arias, presidente del Congreso; Marta Acosta, contralora general; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, jerarca de la Corte Suprema, acusan a estos funcionarios de estar causando un grave daño al país. Marchegiani no dudó en afirmar que la acción está motivada por su preocupación por el bienestar de Costa Rica y no por intereses políticos.
Aunque Marchegiani se ha defendido de las críticas, explicando que su inversión fue personal y no ideológica, la polémica sigue creciendo.
Algunos sectores señalan que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, el uso de vallas publicitarias para exigir la renuncia de figuras de alto rango puede generar un ambiente de tensión política y social.
El empresario, conocido por haber intentado ser alcalde de Quepos con el partido chavista Pueblo Soberano, no solo defiende su acción, sino que también hace un llamado a que otras personas se sumen a su causa, reiterando que lo hace desde un profundo amor por Costa Rica.
En los pasillos legislativos se menciona que la campaña podría expandirse aún más, con nuevas vallas que exigirían la renuncia de diputados del PLN, como Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, así como de figuras del Liberal Progresista y del Frente Amplio, lo que indica que la protesta podría intensificarse en los próximos días.
Mientras tanto, la sociedad costarricense sigue debatiendo sobre los límites de la libertad de expresión y el impacto que estas acciones pueden tener en el clima político del país, especialmente cuando provienen de figuras públicas, como un empresario que intenta poner en evidencia lo que considera fallas en la gestión de algunos de los principales líderes del país.
