expertos urgen acciones urgentes para reducir el agua potable no facturada en Costa Rica
En un planeta donde el agua dulce representa solo el 3.5% del total y donde apenas el 0.25% está disponible para el consumo humano, cada gota cuenta. Sin embargo, en Costa Rica, más de la mitad del agua potable que se produce no llega a los hogares ni se factura. Este fenómeno, conocido como Agua No Facturada (ANF), representa una pérdida invisible pero gigantesca que pone en jaque la sostenibilidad del recurso más vital para la vida.
Conscientes de la magnitud del problema, este viernes se realizó una Jornada Técnica en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), con el respaldo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (COLPER) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El evento reunió a expertos de diversos sectores para discutir un problema que, aunque técnico, tiene profundas repercusiones económicas, sociales, sanitarias y ambientales.
¿Qué es el agua no facturada y por qué debe importarnos?
El concepto de Agua Potable No Facturada engloba las fugas físicas (por infraestructura deficiente o envejecida), las pérdidas comerciales (como tomas clandestinas) y el consumo autorizado no registrado (como el uso de hidrantes públicos). Aunque parezca un tema técnico, su impacto es muy real: racionamientos, aumento de tarifas, menor presión en comunidades y peligro para la salud pública.
El proyecto RANC-EE-AyA, que estudió el fenómeno entre 2018 y 2023, reveló cifras alarmantes: el promedio multianual de ANF en Costa Rica es del 56%, es decir, más de la mitad del agua potable producida se pierde sin ser registrada ni cobrada. En regiones como Limón, el porcentaje asciende al 74%, mientras que San Isidro de Pérez Zeledón registra un 37%, el más bajo del estudio.
¿Estamos desperdiciando el agua? La respuesta es sí, pero se puede revertir
Durante el foro, los panelistas expusieron las causas estructurales y posibles soluciones a este problema nacional:
Luis Diego Vargas, diputado de la República, subrayó la necesidad de fortalecer la legislación en materia de servicios públicos para que las instituciones puedan responder con mayor agilidad.
Alejandro Calderón, subgerente del AyA para la GAM, reconoció que la infraestructura obsoleta y la falta de micromedición limitan la eficiencia operativa. “No podemos gestionar lo que no medimos”, enfatizó.
Adriana Mora, de la Defensoría de los Habitantes, advirtió que las pérdidas de agua afectan directamente el derecho humano al acceso a servicios públicos dignos. “La pobreza hídrica está creciendo en zonas urbanas y rurales por igual”, señaló.
Luis Paulino Picado, experto del CFIA, presentó el diagnóstico técnico y fue enfático: “No es solo falta de inversión, sino falta de ejecución y voluntad política. El país tiene recursos asignados, pero no se utilizan eficientemente por trabas burocráticas y mala gobernanza”.
Germán Pochet, representante del Colegio de Abogados, llamó la atención sobre la necesidad de actualizar el marco normativo, que no contempla adecuadamente los desafíos actuales del cambio climático, la urbanización acelerada ni las alianzas público-privadas.
Recomendaciones: qué se debe hacer, ya
A partir del análisis, los expertos propusieron acciones concretas a corto y mediano plazo que pueden marcar la diferencia en la lucha contra el desperdicio de agua potable:
Apoyar el proyecto RANC-EE y replicarlo en todos los sistemas urbanos del país.
Modernizar y mantener la infraestructura existente, especialmente en zonas con altos porcentajes de ANF.
Incorporar tecnología para la micromedición del consumo, permitiendo una mejor trazabilidad y control de pérdidas.
Actualizar el marco legal, incorporando criterios de eficiencia, sostenibilidad y rendición de cuentas.
Impulsar alianzas público-privadas (APP) para garantizar ejecución y sostenibilidad financiera.
Gestionar políticamente la sostenibilidad del sistema, eliminando trabas burocráticas que impiden utilizar los fondos ya asignados.
Concienciar a la ciudadanía, que también juega un rol clave al denunciar tomas clandestinas, reparar fugas internas y exigir a sus gobiernos locales una gestión más responsable del recurso.
El momento de actuar es ahora
La crisis climática, la urbanización desordenada y la presión sobre los ecosistemas han creado un cóctel explosivo que amenaza el acceso sostenible al agua. Si bien no se puede eliminar al 100% la pérdida de agua potable, los expertos coinciden en que reducir significativamente los niveles de ANF es perfectamente posible con una combinación de voluntad política, inversión bien dirigida, gobernanza eficiente y compromiso ciudadano.
Cada gota cuenta. Y cada acción también.
