Washington, D.C. — En un acto cargado de simbolismo patriótico, con aviones furtivos B-2 sobrevolando la Casa Blanca y decenas de militares uniformados en el jardín sur, el presidente Donald Trump celebró este 4 de julio la firma de su nuevo paquete legislativo: un proyecto de ley que, según sus palabras, convertirá a Estados Unidos en una “nave espacial económica”.
«Esta es una victoria de la democracia en el cumpleaños de la democracia», proclamó Trump, rodeado de figuras del Partido Republicano como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el senador Lindsey Graham. Trump estampó su firma con un Sharpie negro sobre el documento legislativo, tras recibir ceremonialmente el mazo utilizado para su aprobación.
Pero detrás de la teatralidad y los vítores, lo que se ha aprobado es un ambicioso paquete que consolida varias de las prioridades del trumpismo: rebajas fiscales a gran escala, aumento del gasto en defensa e inmigración, y profundos recortes al gasto social.
Un beneficio para pocos: las críticas demócratas
La legislación, aprobada por estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso, extiende la mayoría de los recortes fiscales de 2017 —que estaban por expirar el 31 de diciembre— y establece nuevas deducciones como la exención de impuestos sobre propinas hasta $25,000 por persona y sobre horas extra hasta $12,500 (o $25,000 por pareja). Además, crea una deducción adicional de $6,000 para personas adultas mayores y eleva el tope de deducción por impuestos estatales y locales a $40,000.
Desde el Partido Demócrata, las reacciones no se hicieron esperar. “Hoy, Donald Trump selló el destino del Partido Republicano, confirmándolo como el partido de los multimillonarios y los intereses especiales —no el de las familias trabajadoras”, sentenció Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Las críticas se centran en que las rebajas fiscales benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, mientras que los recortes al gasto social afectan directamente a los más vulnerables.
Militarización e inmigración: las otras prioridades del paquete
El nuevo paquete legislativo asigna $157.000 millones al gasto militar y más de $150.000 millones al refuerzo de la vigilancia migratoria. Coincidentemente, Trump aprovechó el evento para felicitar a los pilotos que participaron en los bombardeos del mes pasado sobre instalaciones nucleares iraníes: “Impecable. Simplemente increíble”, declaró.
El proyecto también incluye disposiciones altamente polémicas: elimina los incentivos fiscales para energías limpias, impone nuevos requisitos laborales a personas adultas elegibles para Medicaid, y transfiere a los estados parte del financiamiento de los programas de asistencia alimentaria.
Estas medidas —especialmente los recortes sociales— fueron objeto de disputas incluso dentro del Partido Republicano. Mientras algunos congresistas criticaron la falta de control del déficit, otros calificaron como excesivos los recortes a Medicaid.
Un impacto fiscal cuestionado
La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) proyectó que esta legislación incrementará el déficit presupuestario federal en $3.4 billones para el año 2034, en comparación con un escenario sin cambios legislativos.
Pese a ello, Trump hizo alarde del resultado como un logro monumental: “Después de que esto entre en vigor, nuestro país será una nave espacial económica”, aseguró, reforzando su mensaje electoral de cara a las elecciones intermedias, donde los republicanos buscarán mantener su frágil mayoría en el Congreso.
¿Reforma o retroceso?
Con este movimiento, Trump busca consolidar su segundo mandato con una reforma que podría redefinir el modelo de gasto y tributación estadounidense por años. Sin embargo, la ley parece agudizar la polarización entre los sectores que ganan más y quienes dependen del Estado para subsistir, reforzando un proyecto político centrado en el poder militar, la seguridad fronteriza y los intereses empresariales.
Mientras tanto, el impacto real sobre las familias trabajadoras, los servicios públicos y la sostenibilidad fiscal del país queda abierto al escrutinio, tanto del electorado como de la historia.
