Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha que busca visibilizar las barreras que enfrentan en el acceso y la calidad de la atención médica. Este año, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid ha puesto el foco en una realidad muchas veces ignorada: la discriminación estructural que afecta a mujeres con discapacidad en el acceso a los servicios de salud.
Según datos recientes de España, el 58,6% de las personas con discapacidad son mujeres, con una tasa significativamente más alta que la de los hombres. Sin embargo, las dificultades para recibir atención médica adecuada van más allá de los números: la accesibilidad física, la comunicación limitada, los prejuicios institucionales y la falta de protocolos específicos siguen siendo obstáculos persistentes.
Este panorama no es exclusivo de Europa. En Costa Rica, organizaciones y colectivos han alertado sobre la necesidad de una legislación más robusta que garantice el acceso universal a la salud, en línea con reformas como la del artículo 49 de la Constitución española, que reconoce la necesidad de atención especial para mujeres y niñas con discapacidad.
Además del riesgo elevado de violencia en sus entornos, la falta de una perspectiva integral en la atención médica agrava la situación de estas mujeres. En este sentido, los sistemas de salud deben desarrollar estrategias para prevenir y atender la violencia de manera efectiva, evitando tratamientos paternalistas y garantizando la autonomía en la toma de decisiones.
Los desafíos son claros y la necesidad de acción inmediata es innegable. La intersección entre discapacidad, género y salud exige políticas públicas que aseguren un acceso equitativo y digno para todas las mujeres, sin distinción.
