En un discurso esencialmente hueco, Nayib Bukele, el traidor ideológico quien trepó la pirámide política salvadoreña hasta convertirse en corrupto dictador oligarca, insultó, nuevamente, a la comunidad internacional, con un hipócrita discurso, que, a excepción de falsedades y e inmerecido autoelogio, careció de contenido válido.
Se trata del personaje quien se afilió, en 2011, al ex gobernante, ex guerrillero, y centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), con el cual se hizo, dos veces, alcalde -la occidental Nuevo Cuscatlán (2012-2015), y la capital nacional, San Salvador (2015-2018)-, del cual fue expulsado -por razones éticas- en 2017, para hacerse presidente, en 2019, postulado -la primera vez- por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).
Para su ilegal reelección, Bukele fue postulado por el derechista partido Nuevas Ideas (NI), agrupación política de la cual es fundador, y que opera desde 2018.
La dirigencia de Gana contó, entre sus integrantes, al ex dirigente de la escuadronera Alianza Democrática Nacionalista (Arena) y ex presidente (2004-2009) Elías Antonio Saca
-expulsado, en 2009, de Arena-, quien, desde 2018, cumple pena de 10 años de prisión, por actos de corrupción.
Bukele ocupó, el 24 de setiembre de 2024, el principal podio mundial, para dirigirse a la 79 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando como estadista -sin serlo-, expresándose como defensor de la democracia y de los derechos humanos -no obstante ser un dictador-, destacando la obligación de los gobernantes en cuanto a respetar a los pueblos -aunque es un corrupto latifundista notoriamente enriquecido, junto con su familia inmediata: hermanos, madre, esposa, desde que se instaló, en 2019, en el sillón presidencial-.
En su inmediatamente anterior participación en el foro global -el 19 de setiembre de 2023-, Bukele extendió, al ámbito internacional, la campaña proselitista en la que entonces estaba inmerso en procura de la ilegal reelección -que, maniobreramente, obtuvo en febrero de 2024-.
Respecto al discurso de un año atrás, el entonces recientemente creado movimiento social
pluralista Sumar expresó que la alocución de Bukele constituyó “la exhibición de prepotencia e irrespeto de un gobernante que niega las reglas democráticas consensuadas mundialmente, hace décadas”.
En tal contexto, “mostró una imagen incompleta (del contexto salvadoreño),
destacó el logro del combate contra las pandillas, sin mencionar los abusos contra personas
inocentes”, agregó Sumar:
Ello, además de que “evitó hablar del aumento de la pobreza, el desempleo, el costo de la vida, la falta de transparencia, la corrupción, el fracaso de (la moneda virtual) bitcóin, y el
deterioro ambiental”, precisó, a continuación.
Sumar resumió esa participación de Bukele, en el foro mundial, denunciando que “el
presidente mostró un país irreal”.
Ahora, vestido con un traje azul oscuro cuya chaqueta de estilo militar de la época colonial latinoamericana -abotonada a un lado, con cuello bordado en blanco-, el dictador reiteró el autoelogio -mintiendo, sin pestañear-, durante la absolutamente intrascendente alocución de poco más de 10 minutos.
En su frío/anodino discurso -rígidamente dividido en un preámbulo, seguido por la “Parte 1”, la “Parte 2”, la “Parte 3”, y el inevitable “Cierre”-, Bukele recordó, en el segmento inicial, que “vine, por primera vez, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2019” -el año de su instalación en el poder-.
En la “Parte 1”, hizo referencia a que “en mis discursos anteriores ante esta Asamblea General”, entre otros temas, “les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo”.
Esto dicho por un político quien no ha combatido la pobreza sino que ha, sistemáticamente, ignorado -y hasta reprimido- a integrantes de los extensos segmentos poblacionales más socioeconómicamente vulnerables -a quienes considera delincuentes-.
En el plano de flagrante mentira, bukele aseguró que, en El Salvador, “no arrestamos a las personas, por expresar sus ideas”, y que “tu libertad de expresión”, entre otras garantías fundamentales, “siempre serán protegidas”.
Seguramente, los perseguidos colegas del periódico salvadoreño El Faro, están en pleno desacuerdo, ya que, por su labor de denuncia contra abusos de autoridad de Bukele, el medio de comunicación se vio obligado, hace más de un año, a exiliar, por seguridad, en Costa Rica, su componente legal y administrativo.
Al denunciar la situación, la publicación, fundada hace un cuarto de siglo, informó, en la denuncia editorial que publicó el 13E de abril de 2023, que “El Faro se cambia de casa”.
“Nuestra redacción seguirá en San Salvador y seguiremos haciendo periodismo en El Salvador. Pero nuestra operación administrativa y legal ya no. Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”, señaló.
“El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, agrego.
Aunque El Faro no lo mencionó específicamente, un vocero bukelista difusor de fake news ha sido, indudablemente, el vergonzoso/antiperiodístico Diario La Huella -con su hipócrita lema: “Marcando la Verdad”-, entre otras abyecciones, elogiando, con cifras inventadas, la eficacia del Régimen de Excepción y los “cero” homicidios resultantes -porque, la dictadura y La Huella, en su flagrante misoginia, ignoran, como asesinatos, los femicidios, que, con o sin Régimen de Excepción, ocurren, casi que cotidianamente, a nivel nacional-.
“Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con (el sistema electrónico de monitoreo ilegal) Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial”, agregó.
“Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes”, precisó.
En ese sentido, El Faro denunció, a continuación, que “el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero”.
El periódico también reveló que, “antes siquiera de que conociéramos la utilización generalizada de Pegasus para interceptar nuestros teléfonos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en febrero de 2021 otorgar medidas cautelares a 34 miembros de El Faro”.
Asimismo, denunció que la mayoritariamente bukelista Asamblea Legislativa -parlamento unicameral salvadoreño-, aprobó, en abril de 2022, “una ley que amenaza con prisión a quienes publiquen materiales relacionados con pandillas”.
Lo hizo, “intentando así que dejemos de publicar información sobre las negociaciones secretas entre Bukele y los líderes de las tres principales pandillas, en las que el gobierno, entre otras cosas, se comprometió a no extraditarlos hacia Estados Unidos a cambio de que bajaran las tasas de homicidios y apoyaran la elección de diputados de Nuevas Ideas en las (elecciones) legislativas de 2021”, precisó.
“La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región (centroamericana), paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles”, siguió denunciando, para dejar claro que “los autócratas no toleran otras narrativas”.
El Faro aclaró que, sin perjuicio del obligado exilio administrativo en Costa Rica, “nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador”, y reafirmó que “no dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura”.
“La mudanza es justamente para continuar haciéndolo de manera independiente y crítica, menos vulnerables a las arbitrariedades del régimen”, explicó, además de aclarar que “nos vamos para quedarnos”.
Y no pudo dejar de hablar de la joya de su política en materia de seguridad ciudadana: la brutal/masificada represión militarizada contra las violentas maras (pandillas), con decenas de miles de detenidos -no todos los cuales son mareros-.
Curiosamente, no hizo mención del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde mantiene, en condiciones inhumanas, a los detenidos en las brutales operaciones militares y policiales contra los “terroristas” -como define a los pandilleros-, acciones represivas enmarcadas en el criminal Régimen de Excepción impuesto por la Asamblea Legislativa -parlamento unicameral-, controlada por el dictador.
De acuerdo con evaluaciones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, el Cecot es un centro de sistemática tortura -en algunos casos, fatal- física y psicológica, donde son inmisericordemente violadas las garanntías fundamentales -lo cual, según el régimen, está bien, porque los “terroristas” no tienen derechos-.
Habiéndolo impuesto en marzo de 2022, la bukelista mayoría parlamentaria ha mantenido la vigencia sostenida del régimen -que suspende garantías constitucionales-, mediante sucesivas prórrogas mensuales -la más reciente, la número 29, aprobada el 4 de setiembre-.
Al informar, ese día, sobre la recurrente medida, el espurio organismo legislativo aseveró, en un mal redactado comunicado, que, en El Salvador, “gracias a esta medida, se han registrado 581 días sin homicidios”, y señaló, entre otros resultados de la represión, que, “además, se han capturado 81,945 pandilleros”.
En el persistente modo de autoalabanza, Bukele aseveró, en la Asamblea General, que, “en los últimos cinco años, El Salvador renació: devolvimos nuestro país a nuestra gente”.
En esa misma línea, en la “Parte 2”, marcó un supuesto contraste entre El Salvador bajo el bukelismo, y los países socioeconómicamente desarrollados.
“Hoy, el mundo ya no es libre”, empezó a plantear, para agregar que, “en algunas ciudades del llamado primer mundo”, entre otros negativos fenómenos de seguridad ciudadana, “las calles ya no pertenecen a la gente sino que han caído en manos de la indigencia, las pandillas, el crimen organizado, y las drogas”.
Queda, así, oficialmente claro, que, para el clasista dictador salvadoreño, las personas socioeconómicamente vulnerables son delincuentes.
Pero en el mundo bukeliano, las calles son, otra vez “de la gente”, ya que los molestos y visualmente desagradables vendedores informales -quienes no son parte de “la gente”, según el tirano- fueron removidos del centro de San Salvador.
Ampliando aún más la afrenta de dimensión mundial, Bukele aseguró, en el cenit de la falsedad, que “no se puede ganar el respeto del pueblo, si no se respeta al pueblo”.
Esa hipócrita aseveración choca, frontalmente, con la ofensiva reciente compra de un altamente costoso helicóptero para uso del tirano: una aeronave modelo AW109 GrandNew, fabricado por la empresa aeronáutica italiana Leonardo -especializada en tecnología aeroespacial, de defensa, y de seguridad-.
El costo, de acuerdo con diferentes versiones periodísticas: cinco millones de dólares.
De acuerdo con la descripción técnica oficial de la nave, en el sitio de Leonardo en Internet, se trata de una aeronave “apta para misiones (mission capable)”, que es “optimizada para sobresalir en las desafiantes condiciones asociadas a misiones de Servicios Médicos de Emergencia (Emergency Medical Services, EMS) y de Búsqueda y Rescate (Search and Rescue, SAR) sobre tierra y agua”.
“El helicóptero cubre plenamente los requisitos de seguridad, gestión, y efectividad, para llevar a cabo las más rudas misiones”, además de que “puede desempeñarse en las condiciones más severas, incluidas ‘calor y altura’”, según la misma fuente.
De modo que una aeronave fabricada con la más moderna tecnología del momento, ideal para labores de emergencia en un país donde eventos naturales destructivos -tales como huracanes y terremotos- ocurren con alta frecuencia, no es destinada, por ejemplo, a la Dirección General de Protección Civil.
De acuerdo con la definición oficial de su cometido, entre otras responsabilidades, “Protección Civil es un servicio público, responsable de prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres y antrópicos (causados por actividad humana) en el país”.
Según la corrupta mediocridad bukeliana: no, Protección Civil no amerita ese equipamiento, pero sí lo necesita el “dictador más cool”.
Sin embargo, esa no es la única ofensa de Bukele, al pueblo salvadoreño, a la empobrecida base de la injusta pirámide socioeconómica del país centroamericano.
El dictador inauguró, el 16 de noviembre de 2023, la nueva sede de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), un edificio equipado, también, con tecnología de punta -incluida la modernísima iluminación led-, cuya construcción fue un regalo de algo más de 50 millones de dólares, del gobierno de la comunista República Popular China (RPC).
La idea de tal barbaridad fue, en 2018, del ex presidente (2014-2019) Salvador Sánchez Cerén, el traidor ex comandante guerrillero quien, finalizado su mandato, huyó, a la limítrofe Nicaragua, para eludir su enjuiciamiento en El Salvador, por actos de corrupción.
Sánchez Cerén mantuvo en secreto el plan, y Bukele lo inauguró.
Según datos oficiales, se trata de la biblioteca mayor y más moderna de Centroamérica, que cubre 24 mil metros cuadrados, con altura de siete pisos, y tiene capacidad para almacenar 360 mil libros.
Al indicar, durante la inauguración, que el lugar fue ideado para permanecer 24/7 abierto al público, Bukele dijo que las visitas nocturnas a la Binaes son posibles porque El Salvador, ahora, “es un país seguro”.
El único problema es que la lectura no es un hábito cultural masivo, en el territorialmente más pequeño país centroamericano -más bien, todo lo contrario-, por lo que no hay demanda para tanta oferta.
Durante la visita que llevó a cabo, en 2019 -recién instalado en el poder-, a la RPC, Bukele suscribió un amplio acuerdo de cooperación con el mayor país asiático, pacto que incluyó la absolutamente innecesaria reconstrucción de la Binaes.
Bukele pudo dejar si efecto ese componente del convenio, pero el ego, tan superficial cuanto desmedido- pudo más, y el dictador aprovechó la oportunidad para lograr un adicional lucimiento mediático.
Cincuenta millones de dólares, habrían mejorado infraestructurita, construido viviendas populares, fortalecido sistemas públicos tales como, por ejemplo, el educativo y el de salud.
Sumado a todo lo anterior, las revelaciones de una exhaustivamente documentada investigación periodística dadas recientemente a conocer, echaron intensa luz sobre la corrupción bukeliana.
Los medios de comunicación Redacción Regional (RR) y Focos TV hicieron públicos, el 19 de setiembre, los demoledores resultados de la indagación que, a profundidad, llevaron a cabo sobre el enriquecimiento ilícito del tirano y sus familiares más inmediatos -hermanos, madre, esposa-.
Titulado “Bukele & Cía., la nueva familia terrateniente de El Salvador”, el extenso texto fue dado a conocer simultáneamente por las dos plataformas de noticias (se accede, indistintamente, en: Bukele & Cía., la nueva familia terrateniente de El Salvador – Redacción Regional (redaccionregional.com) y https://focostv.com/bukele-cia-la-nueva-familia-terrateniente-de-el-salvador/).
“Cuando Nayib Bukele fue reelegido inconstitucionalmente como presidente de El Salvador en febrero de 2024, él y su familia se habían convertido en terratenientes durante su primer mandato”, indicaron, en referencia, respectivamente, a la ilegal reforma constitucional que permitió la reelección, y al quinquenio presidencial 2019-2024.
“Solo en 2023 el clan Bukele adquirió 361 hectáreas, el 92 % de tierras que posee actualmente, a través de sociedades controladas por el propio Bukele, sus hermanos, su madre o su esposa”, agregaron, en alusión -en ese orden- a Karim, Ibrajim, Yusef Bukele; Olga Ortez; Gabriela Rodríguez.
También revelaron que, “al final del anterior quinquenio comenzaron a administrar las fincas cafetaleras donde se cultiva Bean of Fire (Grano de Fuego), la marca de café gourmet del presidente, terrenos con cultivos de azúcar y dos inmuebles con vistas privilegiadas al lago Coatepeque” -ubicado en el occidental departamento (provincia) de Santa Ana -fronterizo con Guatemala-.
“La superficie de estas propiedades equivale a cuatro veces la del bosque El Espino, la principal área protegida de la capital del país”, expusieron.
Los investigadores explicaron que “un análisis realizado por Redacción Regional y Focos a 64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia presidencial registrados hasta marzo de 2024, muestra también que desde junio de 2019, cuando Bukele llegó al poder, su círculo íntimo ha comprado a título personal 16 propiedades que suman 13,371.33 metros cuadrados valorados en $1.4 millones: ranchos de playa, apartamentos y casas de campo”.
Al referirse a lo que describieron como “el círculo íntimo de Bukele”, RR y Focos se refirieron, específicamente, a “sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, quienes a pesar de no tener ningún cargo oficial en su Gobierno, son sus asesores de más alto nivel”.
“Karim, por ejemplo, le ha acompañado en misiones oficiales y en la inauguración de obras de gran envergadura como la nueva Biblioteca Nacional donada por China; Ibrajim ha sido emisario de la Cancillería y, en algunos casos, ha recibido dinero público para estas asignaciones. Yusef fue clave para la designación del primer gabinete de gobierno y participó, junto a Ibrajim, en la planeación de la apuesta por la criptomoneda (Bitcoin) de su hermano presidente”.
“En este grupo también entra la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien adquirió dos terrenos de playa en la Costa del Sol, en (el surcentral y costero departamento de) La Paz, compartidas con sus familiares cercanos; y la madre del presidente, Olga Ortez.
Puntualmente revelando el enriquecimiento lítico del clan bukeliano, RR y Focos revelaron que “dentro del portafolio empresarial familiar, tanto Corporación Logística de Servicios como Grupo Bukele pasaron de reportar bajos activos en los últimos años a sobrepasar, cada una, los 6 millones de dólares en 2023, según documentación oficial disponible en el Centro Nacional de Registro (CNR)”.
Según definición contenida en el segundo de los 35 que contiene la ley que lo creó, en 2023, el CNR-oficialmente, Centro Nacional de Registros- tiene, entre otros cometidos, el de “velar por l fidelidad de la información registral, geográfica, cartográfica, catastral y su actualización periódica, según corresponda”.
RR y Focos también revelaron que “Corporación Logística de Servicios pasó ocho años reportando activos por $14,488.32 hasta el cierre de 2021”.
Sin embargo, “mientras El Salvador comenzaba una lenta y costosa recuperación por la pandemia de covid-19, esta sociedad dio un salto hasta los $944,413.28 al final de 2022. Para 2023 se disparó hasta los $6,220,399.99”, puntualizaron.
Asimismo, “Grupo Bukele multiplicó su capital inicial de $2,000 a poseer activos de $783,928.07 en 2021, y aumentó a $5,182,211.17 en 2022. En 2023 cerró con $6,804,557.05”, siguieron dando a conocer.
Por otra parte, “antes de que Nayib Bukele llegara a la Presidencia (el 1 de junio de 2019), los Bukele ya formaban parte de la élite empresarial de El Salvador y poseían en suma alrededor de 29 hectáreas divididas en 22 inmuebles obtenidos a título personal, a través de sociedades o a través de porcentajes de participación en inmuebles heredados por el patriarca de la familia, Armando Bukele”, pero “la extensión de tierras que ahora poseen se ha multiplicado 12.2 veces”, agregaron.
En ese sentido, señalaron que, “previo a que Nayib Bukele tomara las riendas del país en 2019, él y su núcleo familiar alcanzaban un aproximado de 298,243 metros cuadrados de propiedad según los datos oficiales a los que se tuvo acceso”.
“En el quinquenio, sumaron otros 3,633,456 metros cuadrados nuevos”, precisaron.
“La Redacción Regional y Focos pudieron tener acceso al informe preliminar que trabajó la sección de Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) cuando investigó a Bukele mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y a la declaración patrimonial de la toma de posesión presidencial de Nayib en 2019”, indicaron.
“En aquel entonces, registró activos junto con su esposa, Gabriela Rodríguez, por $2,548,967.35, de los cuales solo $171,423.64 eran inmuebles”, detallaron, para aclarar, a continuación, que, “según documentos oficiales, el presidente Bukele tenía asignado un salario de $5,181.72, aunque él aseguró que no lo cobró”.
Pero, “cuando se solicitó en julio de este año los informes de salida de Bukele del quinquenio 2019-2024 y su informe de llegada al inicio de gestión de facto (la actual), la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró que esa información, que antes podía ser consultada por la ciudadanía, ahora es reservada”, agregaron.
Los investigadores periodísticos explicaron, de inmediato, que “la Corte Suprema de Justicia, impuesta por los diputados de Nuevas Ideas, ha declarado en reserva las versiones públicas de las declaraciones que contenían el monto en dólares de los bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar, inversiones y deudas”.
También indicaron que “la Constitución salvadoreña ordena al órgano judicial a investigar el patrimonio de los funcionarios y establece que ‘se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente’”.
Por increíble que parezca, del triste discurso de Bukele en Naciones Unidas, se rescata algo -aunque haya sido demagogia pura-: “no se puede ganar el respeto del pueblo, si no se respeta al pueblo”.
Mi madre solía decir que “no hay peor sordo que el que no quiere oír” -yo agrego: ni siquiera a sí mismo-.
