El Gobierno de Costa Rica ha dado un paso significativo en materia de infraestructura penitenciaria al anunciar que trabaja en la preparación de un modelo para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, con asesoría técnica y apoyo logístico del Gobierno de El Salvador.
Según detalló el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, la cooperación con el país centroamericano permitirá a Costa Rica acceder a diseños, planos y procesos constructivos y a implementados por El Salvador, lo que representa un ahorro estimado de 25 millones de dólares. Inicialmente presupuestada en 60 millones, la obra podría reducir su costo a cerca de 35 millones de dólares.
La colaboración entre ambas naciones quedó sellada tras una visita oficial realizada la semana pasada, en la que Campos y su equipo técnico se reunieron con el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. La delegación costarricense recorrió complejos penitenciarios como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y la cárcel Cero Ocio, ambos símbolos del nuevo modelo carcelario impulsado bajo el gobierno de Nayib Bukele.
“Podemos construir la cárcel, pero estará vacía”
En conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves subrayó que el proyecto busca estar listo para cuando el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa modifiquen las leyes penales. “Hoy podemos construir la cárcel, pero va a permanecer vacía porque las leyes son de alcahuetería, las leyes no las han querido cambiar desde 1998”, aseguró el mandatario, en referencia a la necesidad de reformas más estrictas para enfrentar el auge del crimen organizado.
El proyecto contempla también una ampliación de los cupos para privados de libertad en máxima seguridad, con un incremento de al menos 1.000 espacios. Además, se establecerá un programa de cooperación recíproca entre funcionarios penitenciarios de ambos países, enfocado en seguridad, disciplina, reinserción social y formación laboral para personas privadas de libertad.
¿Inspiración o controversia?
La referencia a El Salvador como modelo genera tanto expectativa como inquietud. Bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción vigente desde 2022, el gobierno de Bukele ha reducido drásticamente los homicidios, pero a un alto costo en materia de derechos humanos, según organizaciones internacionales.
Costa Rica, históricamente considerada una nación pacífica, atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. En 2024, el país registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta jamás reportada, con una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, atribuida principalmente a la violencia asociada al narcotráfico y al sicariato.
Mientras el país debate entre garantizar seguridad y proteger derechos, la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad aparece como una medida que busca preparar al sistema para un futuro más riguroso. Pero el verdadero desafío estará en equilibrar la justicia con la dignidad humana.
