Por Redacción | Periódico Informativo JBS
Costa Rica enfrenta uno de los debates políticos y sociales más intensos de su historia reciente: ¿debe mantener el modelo democrático y garantista que la ha distinguido durante décadas o adoptar una estrategia de seguridad inspirada en la denominada «mano dura» implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir al crimen organizado?
La discusión ha cobrado fuerza durante los primeros meses del gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado, quien ha impulsado una política de mayor firmeza frente al narcotráfico y la delincuencia organizada, en un contexto donde la seguridad ciudadana continúa siendo la principal preocupación de los costarricenses.
Violencia ligada al narcotráfico
Aunque las cifras oficiales muestran una reducción gradual de los homicidios respecto al récord alcanzado en 2023, el país sigue registrando un promedio cercano a dos asesinatos diarios, fenómeno asociado principalmente a disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y al control territorial para el trasiego de drogas hacia Norteamérica y Europa. Durante 2026, los homicidios mantienen una tendencia de descenso cercana al 12% respecto al mismo período del año anterior, pero continúan muy por encima de los niveles registrados hace una década.
Expertos coinciden en que Costa Rica dejó de ser únicamente un país de tránsito y pasó a convertirse también en un centro de operaciones logísticas para organizaciones criminales internacionales, aprovechando su ubicación geográfica, puertos estratégicos y limitaciones institucionales.
El modelo Bukele gana simpatizantes
Durante la campaña electoral y desde su llegada a la Presidencia, Laura Fernández ha manifestado su intención de adaptar algunos elementos del modelo salvadoreño, especialmente en materia penitenciaria, fortalecimiento policial, construcción de una cárcel de máxima seguridad y mayores controles sobre las organizaciones criminales. La mandataria ha aclarado que no pretende copiar íntegramente el sistema de El Salvador, sino adecuarlo al marco constitucional costarricense.
La propuesta ha encontrado respaldo entre sectores ciudadanos preocupados por la expansión del crimen organizado, quienes consideran que el Estado necesita actuar con mayor contundencia para recuperar la seguridad.
Choque institucional
Sin embargo, las iniciativas del Gobierno han provocado fuertes tensiones con el Poder Judicial.
En los últimos días, la confrontación se intensificó luego de que la presidenta cuestionara públicamente el desempeño del sistema judicial y promoviera reformas que modificarían la forma en que se designa la Fiscalía General, además de impulsar recortes presupuestarios al Poder Judicial. Magistrados y representantes judiciales rechazaron las acusaciones del Ejecutivo y advirtieron que debilitar la independencia institucional podría afectar el Estado de Derecho.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, sostiene que uno de los principales problemas radica en la baja tasa de condenas por homicidio, cercana al 38%, situación que, según el Gobierno, favorece la impunidad y fortalece a las estructuras criminales.
Democracia versus mano dura
Diversos especialistas en derecho constitucional y derechos humanos recuerdan que Costa Rica posee características muy distintas a las de El Salvador.
El país abolió su ejército en 1948 y construyó durante décadas un modelo basado en instituciones civiles, inversión social, educación pública, salud universal y una sólida tradición democrática.
Para numerosos académicos, combatir el crimen exige fortalecer la investigación judicial, la inteligencia policial, el control de puertos, la cooperación internacional y las políticas preventivas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin debilitar las garantías constitucionales.
Un fenómeno regional
La preocupación por la inseguridad no es exclusiva de Costa Rica. Diversos gobiernos latinoamericanos han intentado replicar aspectos del modelo impulsado por Nayib Bukele.
Sin embargo, los resultados han sido dispares. Mientras El Salvador logró una drástica reducción de homicidios, analistas señalan que otros países, como Ecuador, no han obtenido resultados similares, debido a diferencias en la estructura del crimen organizado, las capacidades institucionales y el contexto político. Además, organizaciones internacionales mantienen cuestionamientos sobre posibles violaciones a los derechos humanos derivadas de las políticas de excepción aplicadas en territorio salvadoreño.
Un debate que marcará el futuro
El desafío para Costa Rica consiste en encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y preservar los principios democráticos que históricamente han distinguido al país.
Mientras el narcotráfico continúa presionando las instituciones y ampliando su influencia, el debate sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la lucha contra el crimen organizado promete convertirse en uno de los temas centrales de la administración de Laura Fernández y del futuro político nacional.
