Junta Liquidadora asume proceso clave para recuperar inversiones tras la caída de Coopeservidores
El proceso de recuperación de los recursos invertidos por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) en Coopeservidores entra en una nueva etapa con la integración oficial de la Junta Liquidadora, órgano que tendrá la responsabilidad de conducir la liquidación de los activos de la desaparecida cooperativa y determinar la distribución de los recursos entre los acreedores.
La Junta Directiva del COLPER informó a sus personas colegiadas que continuará dando seguimiento permanente al proceso concursal, como parte de su política de transparencia, rendición de cuentas y protección del patrimonio institucional.
Etapa decisiva del proceso
La conformación de la Junta Liquidadora representa uno de los pasos más importantes dentro del proceso concursal abierto por el Juzgado Concursal de Costa Rica, luego de que en enero de 2026 se ordenara formalmente la apertura de la fase de liquidación de Coopeservidores R.L.
El objetivo de esta etapa consiste en convertir en dinero los bienes y activos de la cooperativa para cancelar las obligaciones pendientes conforme al orden de prelación establecido por la legislación costarricense. La Junta Liquidadora será la encargada de administrar ese procedimiento, revisar los informes financieros y definir los mecanismos para el reconocimiento y pago de los créditos.
Más de dos tercios ya fueron recuperados
Según el reporte del COLPER, la institución realizó inversiones por ₡440 millones en certificados de depósito de Coopeservidores.
Hasta el momento se ha logrado recuperar el 66,36% de esos recursos, mientras permanece pendiente la recuperación del 33,64% restante, porcentaje cuya devolución dependerá de los resultados del proceso de liquidación judicial.
La Junta Directiva indicó que mantendrá una vigilancia constante sobre el avance del expediente y comunicará oportunamente cualquier resolución que tenga impacto sobre el patrimonio institucional.
Banco Improsa continúa administración técnica
El Colegio informó además que el Banco Improsa concluyó buena parte de la organización técnica del patrimonio residual de Coopeservidores y trabaja en la elaboración de los reportes relacionados con la recuperación de activos.
No obstante, aclaró que todavía no existen cifras oficiales sobre nuevas recuperaciones, debido a que esos informes deberán ser analizados primero por la Junta Liquidadora una vez que esta inicie formalmente sus funciones.
Un proceso que involucra miles de acreedores
El caso Coopeservidores es considerado uno de los procesos concursales más complejos registrados en el sistema financiero costarricense.
De acuerdo con información del Poder Judicial, existen alrededor de 5.500 acreedores, entre inversionistas institucionales, personas físicas, empresas y otras organizaciones que esperan recuperar parte de sus recursos mediante la liquidación de activos. La integración de la Junta Liquidadora marca el inicio efectivo de esa fase del procedimiento.
Decisión basada en criterios técnicos
El COLPER recordó que la inversión fue aprobada en 2022 mediante un acuerdo firme de Junta Directiva, dentro de una estrategia de diversificación financiera.
Entre los elementos que respaldaban la decisión figuraban:
- Más de 65 años de trayectoria de Coopeservidores en el sistema financiero nacional.
- Supervisión por parte de la SUGEF y la SUGEVAL.
- Estados financieros que no reflejaban señales relevantes de deterioro al momento de la inversión.
- Indicadores favorables de liquidez y solvencia.
- Tasas competitivas.
- Experiencias positivas en inversiones anteriores.
La institución enfatizó que la situación nunca comprometió su operación ordinaria, pues contaba con capacidad presupuestaria suficiente para garantizar la continuidad de sus servicios.
Próximos pasos
Durante los próximos meses la Junta Liquidadora deberá revisar el inventario definitivo de activos, validar los créditos presentados, coordinar la venta de bienes y establecer la distribución de los recursos recuperados entre los acreedores conforme al orden legal establecido.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha reiterado que, debido a la magnitud del expediente y al elevado número de personas involucradas, el proceso requiere una revisión técnica y jurídica exhaustiva para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.
La evolución de este caso continuará siendo observada de cerca tanto por las instituciones afectadas como por miles de inversionistas que aún esperan conocer el porcentaje final de recuperación de sus recursos.
