Costa Rica, conocida por su estabilidad política y belleza natural, enfrenta un desafío alarmante en el año 2023: una creciente ola de violencia social que amenaza con romper récords históricos. Con más de 600 homicidios registrados en los primeros tres trimestres del año, el país centroamericano se encuentra en una encrucijada que requiere una respuesta integral.
El 2022 ya había marcado un hito sombrío en la historia costarricense, con un total de 656 homicidios reportados por el Poder Judicial, una cifra sin precedentes en términos de violencia social. Sin embargo, las proyecciones para este año son aún más preocupantes, con una tasa de homicidios que podría alcanzar hasta 16 por cada cien mil habitantes, una cifra que la Organización Mundial de la Salud considera como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar entre los países centroamericanos con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, solo superado por Honduras y Guatemala, y por encima de naciones como El Salvador y Nicaragua.
La situación no es un evento aislado, sino el resultado de una interacción compleja de factores. La Maestría en Ciencias. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, destaca que esta crisis de inseguridad y violencia social es el producto de un proceso evolutivo que ha abarcado décadas. Entre los desencadenantes claves se incluyen la baja inversión en educación pública en todos sus niveles, una alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el aumento del autoritarismo, un debilitamiento de las instituciones y servicios estatales.
Chinchilla señala que los últimos gobiernos han adoptado un enfoque autoritario y de populismo punitivo al crear leyes para castigar diversos delitos, sin considerar las consecuencias negativas en términos de vulneración de garantías y derechos humanos, como la libertad de expresión y la protesta social. Este enfoque, según la experta, ha sido aplicado en otros países vecinos, como Nicaragua y El Salvador, donde se han llevado a cabo juicios masivos o condenas a individuos que se oponen a la ideología gubernamental.
La experta insiste en que la mera creación de leyes punitivas no aborda las causas subyacentes de la inseguridad y la violencia social, como el autoritarismo, la desigualdad social y la falta de inversión en educación. En este sentido, Chinchilla argumenta que Costa Rica debe abordar este problema desde sus raíces mediante un plan nacional integral que fortalezca la educación, fomente el empleo, atraiga inversión extranjera, fortalezca las instituciones y capacite a los profesionales judiciales. Además, debe ofrecer oportunidades de calidad en áreas como trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación para personas de todas las edades.
Chinchilla también advierte sobre las consecuencias del populismo punitivo, que no solo no aborda las causas fundamentales de la violencia social, sino que también colapsa la estructura del sistema penal, aumenta la carga de trabajo de los funcionarios judiciales, provoca hacinamiento en las cárceles y prolonga los procesos judiciales.
En resumen, la situación actual de Costa Rica en cuanto a la violencia social es un desafío complejo que requiere un enfoque integral. Superar esta crisis implica abordar las causas profundas de la inseguridad, fortalecer las instituciones y ofrecer oportunidades a la población. Solo a través de un enfoque completo y coordinado se podrá restablecer la paz y la tranquilidad en la sociedad costarricense. Este tema fue discutido en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más segura y pacífica en el país.
