La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aclaró los alcances y limitaciones para establecer convenios de cooperación con asociaciones civiles, particularmente en temas sensibles como la atención psicológica a personas aseguradas.
La respuesta, emitida por el despacho de la Gerencia Médica y canalizada a través de la Dirección de Comunicación Organizacional, surge ante una consulta periodística realizada por el Periódico Informativo JBS sobre la posibilidad de que asociaciones de personas con discapacidad brinden servicios psicológicos mediante acuerdos formales con la institución.
Según explicó la CCSS, sí es posible suscribir convenios de cooperación, pero únicamente con entidades públicas, siempre que exista viabilidad técnica y jurídica. Esto implica que cualquier propuesta debe ser previamente presentada y evaluada para determinar su pertinencia dentro del marco institucional.
Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la aclaración es la limitación en materia económica. La institución fue enfática en señalar que, a través de convenios, no se pueden realizar pagos por servicios prestados. Es decir, aunque se establezcan acuerdos de cooperación, estos no permiten la cancelación de honorarios ni remuneraciones a las organizaciones participantes.
En este sentido, la CCSS precisó que cualquier pago por servicios —incluidos los de atención psicológica— únicamente puede realizarse mediante procesos formales de contratación administrativa, conforme a la normativa vigente.
Este criterio establece una clara diferencia entre los convenios de cooperación, orientados a la colaboración institucional sin fines de lucro directo, y los mecanismos de contratación, que sí contemplan la retribución económica bajo procedimientos regulados.
La información resulta clave para organizaciones de la sociedad civil interesadas en apoyar la atención en salud mental, ya que delimita las vías legales disponibles para colaborar con la seguridad social costarricense.
Asimismo, abre el debate sobre la necesidad de fortalecer modelos de articulación que permitan aprovechar la experiencia de asociaciones, especialmente aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables, sin contravenir los marcos normativos actuales.
Desde una perspectiva de concientización, diversos sectores han señalado la importancia de seguir construyendo puentes de diálogo entre la institucionalidad pública y la sociedad civil, con el fin de garantizar una atención integral, inclusiva y accesible en salud mental para toda la población.
