La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el uso del término “personas legalmente incapacitadas” ya no es válido dentro de su marco normativo, al considerarse desactualizado y contrario al enfoque de derechos humanos vigente en el país.
La aclaración surge a partir de una consulta planteada sobre el lenguaje utilizado en documentos relacionados con la investigación biomédica. Según explicó el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), Juan Carlos Esquivel Sánchez, el artículo 18 de la Ley N.º 9234 —que incluía dicha terminología— fue derogado mediante la Ley N.º 9901 en setiembre de 2020.
Este cambio responde a una transformación jurídica más amplia en Costa Rica, alineada con la Ley N.º 9379 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumentos que reconocen la capacidad jurídica de todas las personas en igualdad de condiciones.
Desde el CENDEISSS se indicó que la institución ha venido actualizando sus documentos técnicos —como manuales, guías y lineamientos— para adoptar un enfoque centrado en la persona, que respete su autonomía y promueva el uso de apoyos en la toma de decisiones, en lugar de sustituir su voluntad.
En ese sentido, la CCSS considera que el uso del término cuestionado no solo es obsoleto, sino que también resulta incompatible con los estándares legales y éticos actuales. Por ello, recomendó evitar su utilización en cualquier documento institucional o comunicacional.
Asimismo, se impulsa el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso, como “personas con discapacidad” o “personas que requieren apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica”, en concordancia con el enfoque de derechos humanos.
Este avance representa un paso importante hacia la consolidación de una cultura institucional más inclusiva, respetuosa y alineada con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.
