Los casos de hostigamiento sexual en el sector público de Costa Rica prácticamente se duplicaron en apenas dos años, de acuerdo con un reciente informe divulgado por la Defensoría de los Habitantes. Según los datos, en 2021 se resolvieron 225 denuncias, mientras que en 2023 esa cifra ascendió a 452, reflejando una preocupante tendencia al alza en las instituciones del Estado.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) encabeza la lista con 260 casos resueltos en el trienio, seguido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22 y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con 16.
Un dato particularmente alarmante es que el 92% de las víctimas son mujeres, mientras que el 93% de los denunciados son hombres. Además, en el 47% de los casos, la persona denunciada ocupaba una posición de autoridad sobre la víctima, lo que pone de relieve el desequilibrio de poder que a menudo subyace en este tipo de agresiones.
Entre las formas de hostigamiento reportadas destacan el acoso verbal, los tocamientos, las miradas lascivas, los acercamientos no consentidos, los mensajes de contenido sexual y la difusión de rumores.
De los 452 casos resueltos en 2023, 211 concluyeron con la responsabilidad comprobada de la persona denunciada. En contraste, 198 personas fueron absueltas, 33 casos fueron archivados y en 10 más hubo desistimiento, rechazo a la gestión de despido o prescripción del proceso. Las sanciones impuestas variaron desde amonestaciones por escrito hasta despidos y suspensiones laborales de hasta 31 días.
La Defensoría recalcó que todas las instituciones públicas están obligadas a reportar este tipo de denuncias y sus resoluciones, conforme a lo establecido en la Ley N.°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
Como parte de sus esfuerzos preventivos, el ente defensor también ha brindado talleres de capacitación y asesoría a distintas entidades del Estado. Solo en 2024, se realizaron 17 talleres dirigidos a instituciones como la Dirección General de Tránsito, el Ministerio de Hacienda, la Escuela Judicial, el Icoder y la propia CCSS, entre otras.
Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de fortalecer las políticas institucionales contra el hostigamiento sexual, garantizar canales de denuncia seguros y transparentes, y fomentar una cultura laboral basada en el respeto y la equidad.
