George Rodríguez/Foto-Anpdh
La Asociación Nicaragüense Pro-Derecho Humanos (Anpdh) rechazó las amenazas formuladas recientemente por un portavoz militar, a los defensores de las garantías fundamentales, además de responsabilizar, al régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por posibles acciones de “sus paramilitares y matones” contra esos activistas.
Las afirmaciones del coronel Álvaro Rivas evidencian, nuevamente, la sumisión del ejército de Nicaragua (EN) al gobierno orteguista, señaló la Anpdh, en un comunicado leído, en conferencia de prensa, por su secretario ejecutivo, el abogado Álvaro Leiva.
La asociación citó afirmaciones de Rivas, en conferencia de prensa llevada a cabo el 20 de este mes en Managua, respecto a lo expresado por organizaciones defensoras de derechos humanos -incluida la Anpdh-, respecto a la captura, cinco días antes, de dos ciudadanos nicaragüenses quienes regresaba, desde la limítrofe Costa Rica, a su país de origen.
“Nos llama la atención, de organizaciones que nos hacen señalamientos a nuestra organización, y principalmente sobre esta captura”, indicó el vocero militar.
Esas entidades “tienen que tener mucho cuidado, en el sentido que resulta altamente sospechoso que están intercediendo por esos delincuentes, así como también las campañas de desprestigio tratando de desvirtuar nuestro trabajo”, advirtió Rivas.
Además de refutar lo afirmado por el vocero del EN, la asociación expresó , en el comunicado de dos páginas emitido cuatro días después, preocupación por esas expresiones.
La Anpdh señaló que “expresa su profunda preocupación ante estas graves amenazas del coronel Álvaro Rivas y desde ya responsabiliza al régimen dictatorial Ortega Murillo, a su ejército, a su policía, a sus paramilitares y matones a su servicio, de cualquier acción contra la integridad física y moral de cualquiera de los defensores de derechos humanos, dentro y fuera de Nicaragua”.
Ello, “al tiempo que expresamos ante la comunidad internacional y sus organismos defensores de los derechos humanos esta nueva amenaza desde el poder dictatorial, que se sustenta únicamente en los fusiles de sus tropas”, agregó, a continuación, en referencia al régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
También manifestó su “total rechazo a las amenazas” de Rivas, “en contra de los defensores de derechos humanos que hemos expresado nuestra preocupación por saber el paradero y condición física” de los dos capturados por tropas militares en la zona sur nicaragüense fronteriza con Costa Rica.
Los detenidos fueron identificados como Hader Humberto González Zeledón, conocido como “Comandante Cero”, y Cristian David Meneses Machado, conocido como “El Chino”, capturados el 15 de agosto, “por tropas del ejército nicaragüense, tras haber ingresado a su país procedentes de Costa Rica, donde se encontraban como solicitantes de refugio político”, precisó la Anpdh, en la conferencia de prensa difundida, en vivo, por la red social Facebook.
Tres días después, la asociación llevó a cabo una conferencia de prensa durante la cual denunció la acción militar, además de quien manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre el paradero de los dos capturados.
Respecto a lo afirmado por Rivas, la Anpdh agregó, en el comunicado, que “evidencia, una vez más, el irrespeto del Ejército al principio de presunción de inocencia, al principio de legalidad y el respeto al debido proceso, consagrados en la Constitución Política del país y en todos los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado nicaragüense y que se encuentran en plena vigencia”.
“Así mismo, refleja que la institución militar mantiene una absoluta sumisión política al régimen Ortega Murillo, que usurpa, por su ilegalidad e inconstitucionalidad de origen, el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado de Nicaragua”, agregó la entidad que, desde el estallido, en 2018, de la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, opera en el exilio en San José, la capital costarricense.
“Independientemente de si los jóvenes capturados son o no culpables de haber cometido delitos comunes, cosa que en un verdadero estado de derecho correspondería decidir a la autoridad judicial competente, sin injerencia alguna del poder político, los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, precisó la Anpdh en el texto leído por Leiva, un activista de derechos humanos asilado, también desde 2018, en Costa Rica.
En ese sentido, advirtió que “jamás perderán el derecho a un trato humanamente digno que les confieren nuestras leyes y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
La asociación, hizo alusión a violaciones a los derechos humanos que ha cometido el EN, incluida la masiva represión contra las multitudinarias manifestaciones pacíficas, llevadas a cabo en los meses de inicio de la crisis, con saldo de centenares de víctimas fatales, incluidos menores de edad y mujeres.
Ello descalifica, moralmente, a la institución militar, respecto a formular crítica alguna contra quienes defienden activamente los derechos de los nicaragüenses, aseguró.
A causa del “historial de sangre y muerte que acompaña el expediente de la mayoría de oficiales sandinistas (…) el Ejército de Nicaragua no tiene ninguna autoridad moral para cuestionar a ninguna de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a cuyos representantes también ha hostigado y perseguido desde sus orígenes”, advirtió.
En lo que tiene que ver con la captura de González y Meneses, la Anpdh subrayó, el 18 de este mes, su “repudio y condena a estas nuevas detenciones ilegales de ciudadanos nicaragüenses que regresan a su país, por el delito de ser opositores al actual régimen dictatorial de Nicaragua”.
“La captura de ambos jóvenes nicaragüenses se produjo entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en el momento que estos trataban de ingresar a territorio nicaragüense procedentes de Costa Rica, país en el que habían solicitado refugio político meses atrás”, agregó, en un comunicado también leído por Leiva.
En declaraciones posteriores a la lectura de ese texto, Leiva denunció que las constantes violaciones a los derechos humanos que registra Nicaragua, desde que estalló, hace algo más de dos años, la violenta crisis sociopolítica -ahora, también sanitaria, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus-, están en el origen del masivo fenómeno migratorio, con decenas de miles de personas huyendo del país, principalmente, por tierra, hacia la vecina Costa Rica.
Al país fronterizo centroamericano han llegado, desde entonces, aproximadamente 100 mil nicaragüenses, en procura de refugio.
“En Nicaragua existe una crisis permanente, profunda, de violaciones a los derechos humanos, con consecuencias que se mantienen de manera permanente, que activa uno de los flagelos sociales, que es el tema de la migración”, expresó el activista de derechos humanos.
“Y, en ese sentido, el tema del asedio, persecución, detención, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, inclusive ciudadanos desaparecidos por grupos paramilitares afines a la ideología partidaria del régimen Ortega-Murillo, es permanente”, subrayó entonces.
“De tal forma que, en Nicaragua, no hay una normalidad que garantice, para los nicaragüenses, la paz social que tanto añora el mismo pueblo”, agregó el jurista nicaragüense especializado en derechos humanos.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
