George Rodríguez/Foto-Archivo
El embargo fiscal que afecta al independiente Canal 12 de la televisión de Nicaragua y a su propietario, Mariano Valle, es un golpe más a los medios de comunicación independientes que, de alguna manera, operan en el papis centroamericano, declaró el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva.
Se trata de una adicional agresión a la libertad, por parte del régimen nicaragüense encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, aseguró Leiva, en una declaración difundida, el 6 de octubre, por la Anpdh, en redes sociales.
“En mi carácter personal y como secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), repudio y condeno el embargo en contra de Nicavisión SA, Canal 12 de televisión y contra todas las propiedades de su propietario, don Mariano Valle Peters, por una supuesta deuda fiscal que se remonta al año 2011 y cuya única intención es continuar silenciando los pocos medios de comunicación independientes que todavía sobreviven en Nicaragua”, señaló.
“Éste, es un nuevo delito, y una nueva acción represiva del régimen Ortega-Murillo, en contra de la libertad de prensa y de expresión, en contra de la empresa privada, y, particularmente, en contra de una familia honorable y de una trayectoria intachable al frente de este medio de comunicación independiente, siempre al servicio de la verdad, de la libertad, de la democracia, y de los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, aseguró.
“No es la primera vez que el régimen Ortega-Murillo utiliza, como pretexto, el argumento de deudas o retenciones fiscales, para cerrar medios de comunicación, y robarse -o confiscar-, descaradamente, sus activos”, agregó, en alusión a violentas clausuras en el campo periodístico, y de retiro de personería jurídica, a organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
En el caso de Nicavisión y de Valle, la jueza Silvia Elena Chica, del Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua -la capital nacional-, ratificó el embargo impuesto por la Dirección General de Ingresos (DGI), según la cual el propietario y administrador de Nicavisión debe pagar un reparo fiscal fijado en 21 millones de córdobas (unos 600,000 dólares).
De no hacerlo, cuatro propiedades le serán subastadas.
La DGI ejecutó, el 11 de setiembre, el embargo, contra el cual Valle denunció que los bienes afectados tienen valor conjunto de 1.2 millones de dólares, lo que excede, en aproximadamente el doble, la cifra establecida por la autoridad fiscal.
Chica rechazó, el 30 de setiembre, la apelación de Valle.
El Canal 12 y el Canal 10 -también apremiado por la DGI, en este caso con un reparo fiscal de 110 millones de córdobas (alrededor de 3.2 millones de dólares)-, junto con 100% noticias -confiscado en 2018-, son los medios de televisión independientes que están en oposición al gobierno orteguista.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica, en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
