Una juez de paz de Texas, Dianne Hensley, se encuentra en el ojo de la tormenta legal por negarse a casar a parejas del mismo sexo argumentando motivos religiosos. Este caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Texas, donde se están dirimiendo los argumentos de ambas partes.
La controversia comenzó en 2019, cuando la Comisión Estatal de Conducta Judicial emitió una advertencia pública contra la jueza Hensley, advirtiendo que sus acciones podrían afectar a su «capacidad para actuar con imparcialidad ante las personas que comparecen ante ella como juez debido a la orientación sexual de la persona».
Hensley, en lugar de apelar esta advertencia, optó por presentar una demanda contra la Comisión, alegando que se habían violado sus derechos de libertad religiosa.
El caso se ha centrado en la interpretación de la ley de libertad religiosa de Texas, que prohíbe «la amenaza o la violación continuada» de la práctica religiosa de una persona. Los tribunales de primera instancia y de apelaciones desestimaron la demanda de Hensley, argumentando que la Comisión Estatal había actuado dentro de sus competencias y que la advertencia no constituía una violación continua de sus creencias religiosas.
Cabe destacar que, desde 2015, todos los estados de Estados Unidos están obligados a conceder licencias para el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero los jueces de paz de Texas no están obligados a oficiar ninguna boda. Por lo tanto, la negativa de Hensley a casar a parejas del mismo sexo ha generado un debate legal sobre si su decisión está protegida por la libertad religiosa o constituye discriminación.
El miércoles, 25 de octubre, el Tribunal Supremo de Texas escuchó los argumentos orales de ambas partes. Una de las cuestiones planteadas fue por qué Hensley había optado por demandar directamente a la Comisión Estatal en lugar de apelar la advertencia original. El abogado de Hensley, Jonathan Mitchell, argumentó que la demanda era necesaria porque buscaba una reparación colectiva que permitiría a cualquier juez de paz negarse a oficiar bodas entre personas del mismo sexo si así lo deseara.
Por su parte, la Comisión Estatal sostuvo que la advertencia a Hensley no le prohibía practicar su religión y que simplemente buscaba una «licencia para discriminar». El abogado de la comisión, Douglas Lang, señaló que preferirían que los jueces de paz no oficiaran ninguna boda en lugar de discriminar entre parejas heterosexuales y del mismo sexo, argumentando que esto va en contra de la imparcialidad.
Además, se reveló que Hensley había entregado un folleto a una supuesta pareja gay en el que les informaba que no podía celebrar ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo debido a sus creencias religiosas, y sugería oficiantes alternativos.
El abogado de Hensley también mencionó que su clienta había perdido ingresos al no celebrar ceremonias de boda desde la advertencia de 2019, lo que, según él, constituía una carga para el libre ejercicio de su religión. Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo, Nathan Hecht, negó que los jueces renuncien a menudo a ciertos tipos de ingresos al asumir el cargo de jueces.
En última instancia, el caso se centra en la tensión entre la libertad religiosa y la no discriminación en el ámbito del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien los jueces deben considerar ambas perspectivas, se espera que el proceso legal sea prolongado y complejo, con una decisión que podría demorarse al menos dos meses. La resolución de este caso tendrá un impacto significativo en la relación entre la libertad religiosa y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Texas y, potencialmente, en todo Estados Unidos.
