San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2026. — Dos privados de libertad se evadieron este viernes del Centro de Atención Institucional Nelson Mandela, en San Carlos, un hecho que volvió a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo debe equilibrar Costa Rica la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad con el derecho de la ciudadanía a vivir segura y el derecho de las víctimas a obtener justicia?
El Ministerio de Justicia y Paz, mediante el Comunicado de Prensa CP-068-2026, informó que dos privados de libertad, identificados como Geiner Ordóñez Vargas de 28 años, costarricense, y Alfredo Castillo Páramo de 38 años, nicaragüense, lograron evadirse del centro penitenciario.
Según la información oficial, ambos se encontraban en celdas de prevención cuando ocurrieron los hechos. El Ministerio indicó que, de manera preliminar, los sujetos habrían logrado salir del área después de, aparentemente, cortar una malla de cordomex que protegía el cielorraso y posteriormente hacer un agujero.
La institución informó que Ordóñez Vargas se encuentra indiciado por el delito de violación, mientras que Castillo Páramo está indiciado por robo simple. Tras conocerse la evasión, la Policía Penitenciaria activó los protocolos de seguridad y coordinó con la Fuerza Pública las acciones para intentar recapturarlos.
El Ministerio de Justicia y Paz señaló que se mantiene atento al desarrollo del operativo.
El hecho, por sí mismo, genera preguntas sobre seguridad penitenciaria. Gerardo Leal Orias no cuestiona que existan derechos humanos. Su cuestionamiento se dirige a lo que considera una necesidad de mirar también hacia las víctimas y hacia la población que sufre las consecuencias del delito.
“A propósito de las personas detenidas por narcotráfico, uno no puede menos que preguntarse: ¿de verdad creían que iban para un hotel cinco estrellas en Cancún?”
La frase adquiere una dimensión particular en medio de un sistema penitenciario donde las autoridades deben garantizar simultáneamente la custodia efectiva de las personas privadas de libertad y el respeto de sus derechos fundamentales.
Porque una cosa es defender los derechos humanos de una persona sometida al poder del Estado y otra muy diferente es justificar el delito que se le atribuye.
El propio marco interamericano establece que las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales y que el Estado tiene obligaciones especiales respecto de su integridad y dignidad. Pero esas garantías no eliminan las obligaciones estatales de proteger a la población, de investigar y sancionar los delitos conforme al debido proceso.
Es precisamente en esa tensión donde el planteamiento de Leal Orias adquiere fuerza:
“A los vigilantes de los derechos humanos les digo: defiendan los derechos, sí; pero no olviden a las víctimas. Porque el daño que el narcotráfico le hace a la sociedad es sencillamente incalculable.”
Una evasión que obliga a preguntar
La evasión ocurrida en Nelson Mandela no está relacionada, según el comunicado oficial, con narcotráfico. Uno de los privados de libertad está indiciado por violación y el otro por robo simple.
Por eso, no sería correcto vincular directamente este caso con las afirmaciones de Leal Orias sobre narcotráfico.
Sin embargo, el hecho sí plantea una cuestión transversal: cuando una persona está bajo custodia estatal, ¿quién responde si logra escapar?
La pregunta no significa desconocer las garantías de los privados de libertad. Significa recordar que la privación de libertad tiene precisamente como una de sus consecuencias que el Estado asuma la custodia de esa persona.
Y si esa custodia falla, la discusión deja de ser exclusivamente penitenciaria.
También pasa a ser una discusión de seguridad pública.
Leal Orias plantea que el problema del crimen organizado tampoco puede observarse únicamente desde la perspectiva de quienes son detenidos.
“Y pregúntenles algo más: ¿son consumidores de esa ‘cochinada’ que comercializan?”
El lenguaje utilizado por Leal Orias es deliberadamente fuerte. Su argumento, sin embargo, intenta colocar en el centro a quienes padecen las consecuencias de las actividades criminales.
“Entiendo perfectamente el deseo de tener poder de compra, vivir bien y disfrutar de los bienes materiales. Lo que resulta inadmisible es que ese bienestar se construya sobre la destrucción de otros seres humanos.”
Víctimas que no pueden ser olvidadas
Costa Rica enfrenta un escenario de violencia que ha obligado a las instituciones de seguridad y justicia a reforzar sus acciones. En agosto, por ejemplo, un ataque armado ocurrido en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó dos hombres fallecidos y un joven gravemente herido, según información publicada por La Nación.
No todos los homicidios están relacionados necesariamente con narcotráfico, y tampoco sería correcto atribuir automáticamente cada hecho violento al crimen organizado.
Pero existe una realidad innegable: las víctimas existen, tienen familias y también poseen derechos que el Estado debe proteger.
Leal Orias lo plantea de manera directa:
“Porque el narcotráfico no se limita a vender drogas. De él se derivan asesinatos por poder, disputas y conquista de territorios, amenazas, desapariciones, corrupción y muerte. Y muchas veces se pretende presentar a las personas asesinadas o afectadas como un simple ‘daño colateral’.”
Y enfatiza:
“No. No es simplemente daño colateral.”
La discusión sobre las víctimas tampoco puede reducirse exclusivamente al número de personas asesinadas.
Detrás de cada víctima hay familiares, hijos, padres, parejas y comunidades que deben continuar viviendo después del crimen.
Por eso, Leal Orias pregunta:
“¿Cuántas vidas tienen que perderse para que dejemos de llamarlo ‘daño colateral’?”
Y responde:
“No es uno, ni dos, ni tres. Son seres humanos que mueren; familias que quedan destruidas; personas que quizá nunca tuvieron la oportunidad de saber quién las introdujo en ese tránsito hacia la muerte.”
El robo también lo paga la sociedad
El texto de Leal Orias incorpora además otro fenómeno: el robo de combustible.
“Y si hablamos de daños que alcanzan a toda la sociedad, aparece también el robo de combustible.”
“Cada faltante de inventario representa un costo. Y los costos, finalmente, se trasladan a los precios que pagamos todos.”
Este punto tiene respaldo en información oficial de RECOPE, que ha señalado el robo de combustibles como un problema de seguridad que requiere medidas específicas y ha relacionado las tomas ilegales con estructuras criminales. En 2025, la institución informó una reducción en las tomas ilegales intervenidas y en el volumen de combustible sustraído durante los primeros ocho meses del año, al tiempo que impulsaba medidas legales para fortalecer la lucha contra este delito.
El argumento de Leal Orias es que determinados delitos no terminan cuando se produce la detención de una persona.
Sus consecuencias pueden alcanzar a toda la sociedad.
Por eso pregunta:
“Entonces pregunto: ¿No tenemos una Defensoría de los Habitantes?”
Y agrega:
“Porque los habitantes también necesitamos que alguien defienda nuestro derecho a vivir en una sociedad donde el narcotráfico, el crimen organizado y el robo de bienes que pertenecen a todos no terminen pasándonos la factura.”
Derechos humanos sin escoger víctimas
La evasión de dos privados de libertad en Nelson Mandela vuelve a demostrar que el debate penitenciario tiene varias caras.
Está el derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato digno y conforme a la ley.
Está el deber del Estado de mantener condiciones de seguridad y custodia.
Está el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Está el derecho de las familias a recibir respuestas.
Y está el derecho de toda la población a vivir en una sociedad segura.
El desafío consiste precisamente en que un derecho no tenga que desaparecer para que otro exista.
Defender los derechos humanos de una persona acusada de un delito no equivale a defender el delito. Exigir seguridad penitenciaria tampoco significa pedir que se violen las garantías fundamentales.
La diferencia es esencial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado tiene una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad, debido a que estas se encuentran bajo su custodia. Eso obliga a proteger su vida, integridad y dignidad.
Pero el Estado también tiene obligaciones frente a las víctimas y frente a la sociedad.
Por eso el caso Nelson Mandela abre una pregunta legítima: si alguien está privado de libertad por orden de una autoridad judicial, ¿qué nivel de responsabilidad institucional existe cuando consigue evadirse?
La investigación y las eventuales responsabilidades deberán determinarse por las autoridades competentes. El comunicado del Ministerio de Justicia y Paz solamente ofrece, por ahora, información preliminar sobre la forma en que habría ocurrido la evasión.
No corresponde adelantar culpabilidades.
Sí corresponde exigir respuestas.
Una pregunta que sigue abierta
La discusión planteada por Leal Orias no debería interpretarse como una invitación a eliminar derechos fundamentales.
Más bien plantea una pregunta sobre el equilibrio.
¿Puede Costa Rica defender los derechos humanos de quienes están en prisión y, al mismo tiempo, defender con igual determinación a las víctimas?
La respuesta debería ser sí.
Porque la justicia no debería obligar a escoger entre el respeto a la dignidad humana y la seguridad de la ciudadanía.
Y mientras las autoridades buscan recapturar a los dos privados de libertad evadidos de Nelson Mandela, permanece vigente el planteamiento de Leal Orias:
“Derechos humanos, sí. Pero también derechos de las víctimas, de sus familias y de quienes simplemente queremos vivir en paz»
