Guatemala, 26 de abril de 2025 — En una decisión que ha desatado indignación tanto dentro como fuera de Guatemala, una jueza penal ordenó este viernes prisión preventiva contra el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y el líder indígena Héctor Chaclán, acusados de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos enfrentan estos cargos por haber encabezado protestas en 2023 en defensa del triunfo electoral del actual presidente Bernardo Arévalo y en oposición a la fiscal general Consuelo Porras.
Luis Pacheco, quien asumió el cargo en agosto de 2024, fue arrestado el pasado miércoles. Según la Fiscalía, el funcionario indígena convocó manifestaciones para proteger la voluntad popular expresada en las urnas, después de que Porras intentara impugnar la elección de Arévalo. La jueza Patricia Flores dictó prisión preventiva para ambos en el cuartel militar Mariscal Zavala, argumentando que existían suficientes indicios para su detención.
La captura de Pacheco y Chaclán ha generado una ola de condenas a nivel nacional e internacional. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó de «preocupante» el «uso indebido del derecho penal» en Guatemala y recordó que «participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado».
El presidente Arévalo también expresó su rechazo, sumándose a las críticas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de 16 organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). En un comunicado conjunto, las organizaciones exigieron «el cese inmediato de la criminalización» de líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
Las protestas de 2023, protagonizadas por miles de ciudadanos en todo el país, exigieron el respeto al resultado electoral y la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, acusada de corrupción y prácticas antidemocráticas.
El arresto de Luis Pacheco revive el conflicto político entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras. Aunque el mandatario ha reiterado su deseo de removerla del cargo, la Constitución no le otorga facultades para hacerlo antes de que concluya su mandato en 2026.
La comunidad internacional y defensores de derechos humanos mantienen su mirada atenta sobre Guatemala, advirtiendo sobre un posible retroceso en el respeto a las libertades democráticas y los derechos de los pueblos indígenas.
