Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su rechazo a la criminalización de líderes indígenas en Guatemala, señalando que esta práctica constituye una amenaza directa al Estado democrático de derecho. En un comunicado emitido el 26 de abril de 2025, la CIDH denunció la instrumentalización del derecho penal con fines políticos por parte del Ministerio Público (MP), acusándolo de erosionar los principios fundamentales de la democracia en el país.
El Contexto de las Detenciones
El 23 de abril de 2025, el MP anunció la detención de Luis Haroldo Pacheco, exlíder de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Energía y Minas, y Héctor Manuel Chaclán, ex tesorero de la misma organización. Los cargos, que incluyen asociación ilícita, sedición y terrorismo, están relacionados con su participación en movilizaciones sociales de 2023. Estas protestas buscaban defender la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales y evitar intentos de invalidación de los resultados.
El presidente de Guatemala calificó las acciones del MP como un «ataque contra la democracia» y denunció la persecución de pueblos indígenas que lucharon por preservar la institucionalidad democrática. En sus declaraciones, instó al Congreso a intervenir para detener el hostigamiento judicial.
Criminalización y Crisis Institucional
La CIDH ha documentado un patrón de abuso del derecho penal en Guatemala, caracterizado por el uso de cargos ambiguos, investigaciones bajo reserva y la prisión preventiva como herramienta de intimidación. En su informe preliminar de 2024, la Comisión advirtió sobre la falta de independencia del Ministerio Público y su papel en perpetuar la impunidad y la corrupción.
Según la CIDH, esta estrategia no solo afecta a líderes indígenas, sino también a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos, exacerbando una crisis institucional que amenaza la gobernabilidad democrática.
Derecho a la Protesta y Resistencia Indígena
La Comisión destacó la importancia de las movilizaciones pacíficas lideradas por comunidades indígenas en 2023, subrayando que estas fueron esenciales para preservar la transición democrática en un momento crítico. Además, recordó que los derechos a la protesta y la reunión pacífica son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
«La criminalización de líderes indígenas no solo viola sus derechos individuales, sino que también tiene un efecto intimidatorio colectivo, socavando el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación», declaró la CIDH.
Llamado a la Rendición de Cuentas
La CIDH instó al Estado de Guatemala a realizar una revisión independiente del Ministerio Público y a garantizar mecanismos de rendición de cuentas que cumplan con estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, exhortó al Congreso a asumir su rol como contrapeso democrático frente a abusos de poder.
Compromiso Regional
Como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH reafirmó su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. La Comisión subrayó la necesidad de garantizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a protestar sin temor a represalias.
En un contexto de crecientes tensiones políticas y sociales en Guatemala, este pronunciamiento de la CIDH pone de relieve los desafíos para la consolidación del Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos en América Latina.
