El sistema penitenciario costarricense enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: el aumento de suicidios entre la población privada de libertad. Esta problemática, atribuida en gran medida a los estados depresivos derivados de las sentencias y la falta de apoyo adecuado de las autoridades internas, subraya una preocupante deficiencia en la atención psicológica y psiquiátrica dentro de las cárceles del país.
En el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, conocido popularmente como “El Buen Pastor”, se registraron ocho suicidios en el año 2023. Estos casos, que reflejan una realidad también presente en otros centros penitenciarios, ponen en evidencia la necesidad urgente de programas internos que aborden de manera integral la salud mental de las personas privadas de libertad.
El activista costarricense de derechos humanos Rafael Ángel García Cordero Presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias Costa Rica , al ser consultado sobre esta problemática, manifestó: “Se deben implementar nuevos recursos para la atención psicológica y psiquiátrica de las personas privadas de libertad. La cantidad de suicidios en las cárceles tanto de hombres como de mujeres es inmensa y no se están tomando decisiones serias para ayudar a esta población”. Además, enfatizó que “no se puede dejar a su suerte a una persona privada de libertad cuando le expresa a la psicóloga de la prisión que desea suicidarse, porque desgraciadamente esta es la realidad de los funcionarios y de la administración penitenciaria”.
Ante esta situación, dicha asociación ha anunciado que solicitará al Ministerio de Justicia y Paz información detallada sobre las medidas implementadas para abordar esta problemática y las acciones que se estarán tomando para prevenir futuros suicidios. La asociación enfatiza la necesidad de garantizar una ayuda profesional y rápida para las personas privadas de libertad que presentan pensamientos suicidas.
El suicidio en las cárceles costarricenses no solo es un reflejo de las condiciones emocionales y psicológicas de esta población, sino también una crítica a la gestión penitenciaria y su capacidad para responder a las necesidades de los internos. Es imperativo que las autoridades reconozcan la gravedad de esta crisis y destinen recursos significativos para la creación e implementación de programas efectivos de salud mental. Esto incluye la contratación de más psicólogos y psiquiatras, capacitación constante para los funcionarios penitenciarios y la creación de espacios seguros donde los internos puedan expresar sus emociones sin temor a represalias o estigmatización.
La vida de cada persona privada de libertad tiene un valor intrínseco y es responsabilidad del Estado garantizar su bienestar, incluso en circunstancias de reclusión. Los ocho suicidios registrados en el CAI Vilma Curling Rivera en 2023 deben ser una llamada de atención que impulse un cambio significativo en el tratamiento de la salud mental dentro del sistema penitenciario costarricense. Es tiempo de actuar con determinación y humanidad para prevenir que más vidas se pierdan en el silencio de nuestras cárceles.
