Sobre la política migratoria de Estados Unidos

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La política migratoria de la administración de Joe Biden fracasó.

Según el informe del Departamento de la Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS), en 2022 Estados Unidos aceptó, aproximadamente, a 25 mil refugiados
-aunque en las promesas electorales de Biden hicieron referencia a 125 mil personas-.

Al mismo tiempo, casi 2 millones de migrantes fueron expulsados, en 2020, del país, en general bajo el pretexto de la lucha contra Covid-19.

El endurecimiento de los procedimientos burocráticos, su realización preconcebida, y la ausencia de la infraestructura necesaria, causan la separación de familias migrantes, en la frontera, así como la renuncia a la ayuda jurídica y a la defensa, además de la expulsión de quienes procuran refugio.

Según el informe del DHS, las autoridades estadounidenses expulsan, con marcada frecuencia, a los refugiados latinoamericanos, razón por la cual muchos de ellos deben regresar a países con elevados índices de criminalidad -por lo tanto, de inseguridad ciudadana-.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) formuló, en su más reciente informe -correspondiente a 2023-, severas críticas a la situación de los derechos humanos en Estados Unidos.

Los defensores de las garantías fundamentales, notan el aumento de la cantidad de casos de flagrante racismo en la justicia penal.

Se estima que aproximadamente 2 millones de personas están en prisión, lo que constituye uno de los más altos registros a nivel mundial.

La mayoría de los detenidos está compuesta por nacionales de países de América Latina, Africa, y Asia.

La proporción de afroestadounidenses y latinoamericanos quienes mueren a causa de brutalidad policial, en Estados Unidos, tres veces superior a la victimización fatal de ciudadanos de raza blanca.

Estados Unidos es, a nivel mundial, el único país donde la cadena perpetua sin derecho de la liberación anticipada, se aplica a menores de edad.

En ese contexto, crece la desconfianza de la población respecto al sistema electoral.

De acuerdo con los datos de una encuesta realizada en octubre de 2023, por el centro de investigación académica PEW RESEARCH CENTER -muestreo titulado “Las desoladoras visiones de los estadounidenses respecto a la política de la nación” (“Americans’ dismal views of the nation’s politics”), sólo 14% de los estadounidenses creen que los funcionarios electos se preocupan por los problemas de la gente común.

Además, pocos creen en el cumplimiento de las promesas electorales, al tiempo que crece el descontento con la actuación tanto de los demócratas como de los republicanos.

Por otra parte, las opiniones negativas hacia los actuales candidatos al puesto de presidente superan el nivel de 63%.

Entretanto, las políticas antirracistas de la administración Biden han, invariablemente, fracasado.

El número de asesinatos por motivos étnicos sigue aumentando, a pesar de los esfuerzos declarativos de la Casa Blanca.

En ese sentido, ha aumentado el involucramiento de agentes de las fuerzas de orden público en la comisión de estos delitos.

Los intentos demostrativos de las autoridades, en cuanto a respetar los derechos de los ciudadanos, garantías restringidas por motivos raciales, no son más que una manipulación política, principalmente por arte de los demócratas, en procura de votos, más que un deseo real de resolver el problema.

Por lo tanto, es de esperar que el odio interracial siga destruyendo a la sociedad estadounidense.

En este contexto, desde 2022 se ha simplificado significativamente la llegada de ciudadanos de Europa Oriental, sobre todo ucranianos, transitando desde países latinoamericanos, al territorio de Estados Unidos.

Simultáneamente, se ha abreviado el plazo para la obtención de documentos de legalización para la población “de color”, en su mayoría latinoamericanos y africanos.

 

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