Venezuela fue, apenas iniciado 2026, escenario de la Operación Absoluta Determinación (Operation Absolute Resolve) -el exitoso ensayo militar intervencionista que el imperio estadounidense llevó a cabo para empezar a empoderarse -nuevamente y con más fuerza- de su histórico -y un tato abandonado- patio trasero latinoamericano.
Ese tan veloz cuanto eficaz golpe de Estado militar que el trumpismo perpetró, la madrugada del 3 de enero, en Caracas -la capital nacional-, marcó no solamente el derrocamiento/secuestro del patético dictador (2013-2026) Nicolás Maduro, sino la traición de un grupo de sus presuntamente incondicionales colaboradores más cercanos.
Con la ilegal acción, logró el objetivo clave que tuvo la acción de traerse abajo al tirano -a quien etiquetó, para ello, como narcodictador-: apropiarse de recursos naturales extractivos venezolanos -el petróleo, como máxima prioridad-.
Pero, más que eso, el trumpismo protagonizó una incuestionable hazaña política: puso, a una serie de estridentes personajes proyectados -durante más de una década- como inclaudicables revolucionarios antimperialistas, a trabajar -precisamente- para el imperio.
Así, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta madurista, se convirtió en la presidenta encargada (interina) trumpista, arrebatándole el “privilegio” a la patética opositora derechista María Corina Machado -a quien de nada sirvió la triste movida con el Premio Nobel de la Paz-.
Anotado ese triunfo integral, la dictadura de Donald Trump dirigió la mira hacia su contraparte cubana -agudizando el criminal bloqueo general iniciado en 1962-, y hacia Nicaragua -visiblemente, por la vía de la Organización de los Estaos Americanos (OEA), mientras, fuera de la atención mediática, busca con quién o con quiénes sustituir a los copresidentes-.
La búsqueda de reemplazo para el régimen Ortega-Murillo seguramente choca contra la realidad de que la oposición -dentro y fuera de Nicaragua- está atomizada -más que dividida- por el oportunismo de algunos mediocres seudodirigentes -a quienes el comandante jamás podrá agradecer lo suficiente por el trabajo gatopardista que realizan lo mismo dentro de que fuera de Nicaragua-.
Se trata de personajes quienes encontraron, en la existencia del régimen, un lucrativo modus vivendi, consistete, dentro del país, en rentable servilismo político, y, fuera del país, en financiamiento, proyección mediática internacional, espacio en redes sociales, turismo político “clase A”, y otras prebendas que el trumpismo les facilita -mietras le resultan útiles-.
El tóxico grupo “en el exilio” hace -en fuerte competencia- méritos, ante el régimen estadounidense, en procura de fondos con los cuales mantener su costoso estilo de vida, y tratando de convertirse en los Delcy nicas -sin tener en cuenta que, dado el utilitarismo imperial, pueden llegar a ser los patéticos María Corina pinoleros-.
Respecto a Cuba, el imperio se apoyó, ahora, en el abrupto fin del suministro petrolero venezolano, impidiendo la llegada de crudo de otro países, con lo cual agudizó la crisis energética en la asediada isla caribeña -medida que ha levantado parcialmente-.
Según Trump, en la lentitud que visiblemente presenta la ofensiva contra la tiranía cubana ha incidido el “pequeño desvío” (“small detour”) causado por la guerra que el régimen estadounidense inició, al final de febrero -en apoyo de su contraparte israelí-, contra la brutal teocracia islámica iraní instalada en 1979.
En términos generales, Trump cuenta, en América Latina, con una red de ignominiosos aliados, entre los cuales descuellan el motosierrista argentino Javier Milei -en cuyo proceso de conversión religiosa dice que quiere ser el primer presidente judío del rioplatense/andino país-, el chileno José Antonio Kast -quien, por su abyecta condición de fanático pinochetista tendría que cambiar su apellido a Kastochet-, el colombiano Abelardo “El Tigre” de la Espriella -con su característico saludo militar-, el salvadoreño Nayib Bukele
-autodefinido como “el dictador más cool del mundo mundial”-.
Esos trumpistas regionales llegaron a la presidencia, por la vía electoral, aunque, en el caso específico de Bukele, el autócrata se aseguró la eternización en el poder, mediante la ilegítima reforma constitucional que, en 2025, estableció la hasta entonces prohibida reelección indefinida.
El salvadoreño proyecta ampliar sus hasta ahora dos períodos gubernamentales (2019-2024, 2024-2027), participando en los comicios programados para febrero de 2027, a partir de los cuales el quinquenal mandato presidencial pasa a ser sexenal -reforma constitucional para cuya implementación el presente período presidencial fue abreviado en dos años-.
Específicamente en Sudamérica, las más recientes adquisiciones del trumpismo son la venezolana Delcy Rodríguez -desde el 3 de enero, y sin fecha de caducidad prevista-, la peruana Keiko Fujimori -desde el 28 de julio, para el período 2026-2031-, y el colombiano Abelardo “El Tigre” de la Espriella -desde el 7 de agosto, para el período 2026-2030-.
Un ejemplo de servilismo trumpista regional es Venezuela, donde la ex vicepresidenta (2018-2026) Rodríguez se convirtió en presidenta encargada (interina) -en realidad, presidenta títere-, después de que su jefe cayó, en el marco del golpe/secuestro militar trumpista.
Su nuevo jefe -Trump- se expresa, respecto a su subalterna, en términos elogiosos, asegurando reiteradamente, por ejemplo, que está haciendo “un trabajo fantástico” (“a fantastic job”).
Sin embargo, como invariablemente ocurre con los dictadores -y más aún con el desquiciado estadounidense-, esas expresiones no le garantizan nada -tal como lo ha comprobado, inmisericordemente, la humillada Machado-.
El régimen títere y un selecto segmento opositor iniciaron, el 6 de agosto, en Caracas, un proceso de diálogo -indudablemente manejado por el trumpismo- con el objetivo oficial de -entre otros componentes- lograr la estabilización del país.
No se trata de representantes de la oposición en general, sino de dirigentes opositores quienes integraban, en 2015, la Asamblea Nacional -parlamento unicameral venezolano-, encabezado por la ex diputada Dinorah Figuera.
Ese es el año en que la oposición obtuvo, en elecciones, su última representación parlamentaria.
En una hipócrita Nota de Prensa que emitió el 6 de agosto, el Departamento de Estado aseguró, respecto a las conversaciones, que “Estados Unidos permanece comprometido con apoyar este proceso conducido por venezolanos”.
Pero, a continuación reveló que ese proceso no es tan exclusivamente venezolano, ya que “desempeña un papel clave em el plan de tres fases, del presidente, para lograr estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y una transición pacífica”.
Si bien no está contenido en un solo documento, el plan de Trump ha sido reiteradamente explicado por jerarcas gubernamentales estadounidenses -principalmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, en su papel de capataz imperial global-.
Como no podía ser de otra manera, el enfoque prioritario de esa política consiste en el manejo estadounidense del petróleo venezolano, lo que está inequívocamente demostrado en el decreto presidencial -Orden Ejecutiva (Executive Order)- que, con el número 14373, Trump firmó el 9 de enero -seis días después del golpe contra Maduro-.
Ello quedó demostrado a partir del título: “Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien del pueblo estadounidense y venezolano” (“Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People”).
Está, monumentalmente claro que el plan apunta, prioritariamente, a preservar, según los intereses estadunidenses, los recursos financieros generados por ese recurso natural.
En su nota de prensa del 6 de agosto, el Departamento de Estado afirmó, respecto a las incipientes conversaciones, que “exhortamos, a todos los involucrados, a que apoyen este esfuerzo por proporcionar resultados tangibles para los venezolanos”.
Otro ejemplo de servilismo trumpista sudamericano es Colombia, donde la derecha criticó, severamente, al entonces presidente (2022-2026), Gustavo Petro -un ex guerrillero del Movimiento de 19 de Abril (M-19), convertido en partido político (1990-1994)-, por haber expresado, durante el tiempo de campaña para las elecciones de 2026, apoyo al izquierdista candidato oficialista, Iván Cepeda.
La irracional reacción opositora llegó al extremo de que algunos dirigentes exigieron la destitución de Petro, por haber intervenido -siendo presidente- en el proceso electoral.
Pero ninguno objetó la flagrante injerencia extranjera perpetrada por Trump, quien declaró, públicamente, su apoyo al candidato opositor, el patán derechista Abelardo “El Tigre” de la Espriella -ganador de la contienda presidencial-.
Enfrentados en votación de segunda vuelta, el 28 de junio, De la Espriella venció, con 49.66 por ciento de votos, a Cepeda, quien reunió 48.70 por ciento -una ajustadísima diferencia de 0.96 puntos, que refleja una fuerte polarización nacional 50/50-.
De la Espriella -una especie de tóxica combinación Trump/Milei- asumió, el 7 de agosto, la presidencia del andino/caribeño país sudamericano, para el período 2026-2030.
“El Tigre” fue juramentado en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, auditorio y centro de actividades altamente tecnológico en el campus de esa casa de altos estudios ubicada en la ciudad de Cali -la capital del occidental y costero departamento (provincia) de Valle del Cauca.
Pero eligió, para dar su amenazante e inmediatamente siguiente discurso inaugural, una instalación del ejército: el Cantón Militar Pichincha.
Ello, en plena coherencia con su habitual saludo militar -cuadrándose, llevando la mano derecha a la sien, gritando: “firme!”.
En su primer mensaje presidencial -desbordante de autoritarismo-, el nuevo presidente estableció, con plena claridad, que -no obstante su narrativa oficial democratista-, el espacio para la oposición será -en el mejor de los casos- mínimo.
“Le digo a toda la ciudadanía: en el gobierno del Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia, no habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la nación ni contra el legítimo ejercicio del mandato que hoy comienza”, expresó, a manera de compromiso/amenaza.
Ese enunciado es lo suficientemente vago como para aplicarlo a cualquier manifestación opositora -o, apenas, de disenso-, justificando la represión que “El Tigre” llegue a considerar necesaria.
Los regímenes autoritarios suelen ser adictos a declararse enemigos de la delincuencia, fenómeno que enfrentan sofocándolo mediante el uso de la fuerza, lo que acarrea el riesgo -que suele materializarse- de extender la represión al ámbito político -garantizando, a los ejecutores, la impunidad que requieren-.
“La autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes”, aclaró.
“Militares y policías de la patria: tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia”, aseguró.
Y, a continuación, asumió el compromiso de garantizarles impunidad: “se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber” -algo similar a la política de “gatillo fácil” implementada, en Argentina por la ex ministra de Seguridad de la derecha macrista (2015-2019) y de la derecha mileísta (2023-2025), la nazi Patricia Bullrich -actualmente, senadora (desde 2025)-.
“Conmigo, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tendrán a un defensor de todas las horas”, les garantizó El Tigre, además de asegurarles que “en sus manos está una parte esencial de la construcción de la Patria Milagro” -o sea, Colombia bajo un régimen de ultraderecha derecha-.
Evidentemente siguiendo el modelo bukelista de seguridad, anunció que, “en mi gobierno, se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.
El alineamiento con el régimen de Trump fue públicamente formalizado el 12 de agosto
-tan sólo cinco días después de que “El Tigre” asumió la presidencia-, cuando Colombia al cartel militar/político imperial denominado Escudo de las Américas (Shield of the Americas), y a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (Americas Counter Cartel Coalition, Accc o A3C).
Los jefes de Estado de 12 países latinoamericanos y caribeños se reunieron, el 7 de marzo, en la ciudad de Doral, en el sudoriental estado de Florida, con Trump, para dar lanzamiento a la iniciativa.
Los países representados fueron, además de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y Trinidad y Tobago.
La reunión cumbre fue complementada, el 5 y el 6 de marzo, por un encuentro de 17 ministros de Seguridad y de Defensa de 17 países de la región -los 12 del Escudo, más Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, y Perú-, constituidos en la Coalición de las Américas Contra los Carteles (Americas Counter Cartel Coalition, Accc o A3C) -como parte del Escudo-.
Los ministros firmaron, al cierre de esas deliberaciones, la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas Contra los Carteles, que se enmarca en la iniciativa del Escudo.
Los jerarcas gubernamentales, incluido su anfitrión y colega estadounidense, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron, en el documento, su “intención de expandir la cooperación multilateral y bilateral para mejorar nuestra seguridad em el Hemisferio Occidental”.
También se comprometieron a “cooperar en las siguientes áreas: plenos esfuerzos gubernamentales respecto a seguridad fronteriza; combatir el narcoterrorismo y el tráfico; asegurar la infraestructura crítica; y otras áreas a ser mutuamente determinadas”.
Igualmente, expresaron la voluntad de “impulsar ‘Paz a través de Fuerza’, para enfrentar futuras amenazas a nuestros mutuos intereses”, además de “ingresar a una coalición para combatir al narcoterrorismo y otras amenazas compartidas al Hemisferio Occidental”.
La incorporación de Colombia, al Escudo y al A3C, fue formalizada, el 12 de agosto, por el secretario de Defensa de Estados Unidos, el patéticamente incompetente Pete Hegseth, y el ministro de Defensa colombiano, el servil Jorge Eduardo Mora, en el marco de la reunión que la coalición realizó, el 11 y el 12 de agosto, en Panamá.
En Perú -limítrofe, al sur, con Colombia-, la también derechista Keiko Fujimori, inició, el 28 de agosto -10 días antes que “El Tigre”-, el período gubernamental previsto para 2026-2031 -aunque, en la conflictiva realidad política peruana, hace una década que no se sabe cuánto dura un presidente-.
Después de tres consecutivos mandatos presidenciales cumplidos -en este siglo- según los tiempos constitucionales -respectivamente, de Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo de Alan García (1985-1990, 2006-2011), y de Ollanta Humala, un militar retirado, ex comandante del Ejército del Perú, (2011-2016)-, el agitado ambiente político del andino país sudamericano registra, para el decenio 2016-2026, ocho sucesivos titulares de la presidencia.
De esa superpoblación presidencial, solamente dos llegaron al cargo por la vía electoral
-el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski, y su tocayo izquierdista Pedro Castillo-, mientras que los demás resultaron de la designación parlamentaria para llenar las sucesivas vacantes presidenciales.
La lista y los períodos:
-Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
-Martín Vizcarra (2018-2020)
-Manuel Merino (noviembre 10-15, 2020)
-Francisco Sagasti (2020-2021)
-Pedro Castillo (2021-2022)
-Dina Boluarte (2022-2025)
-José Jerí (2025-2026)
-José María Balcázar (febrero 18-julio 28, 2026).
Novena -de momento- en la lista, Keiko Fujimori es la primera peruana en el ejercicio de la presidencia por la vía electoral, y la segunda después de Boluarte -quien, en el marco de una de las crisis políticas nacionales, y siendo vicepresidenta, fue designada por el Congreso para desempeñarse en la primera magistratura-.
Hija del criminal/corrupto ex presidente peruano (1990-1995, 1995-2000, julio 28-noviembre 21, 2000) Alberto Fujimori -fallecido en 2024-, la recién instalada presidenta se inauguró con un discurso de gobierno fuerte -destacando, entre otras líneas de acción, el combate a la delincuencia y a la corrupción, además del pleno apoyo a las fuerzas represivas-.
En ese contexto, anunció, como el primero de siete objetivos gubernamentales, lo referido a “Emergencias y Seguridad ciudadana” -englobando a la potencial afectación por el climatológico Fenómeno de El Niño, y al accionar de la delincuencia común/el crimen organizado-.
Con la previa aclaración de que “toda gran obra requiere un orden de prioridades”, planteó que, los peruanos, “tenemos miedo por nuestras vidas, al salir a la calle, o que nuestras casas se inunden”, por lo que, “en el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño, y Seguridad ciudadana”.
“Para ello, emplearemos recursos extraordinarios” , informó la tenaz política, quien apenas en el cuarto intento electoral (2011, 2016, 2021, 2026) logró su objetivo presidencial.
“En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, y cada espacio público, para las familias peruanas”, aseguró.
“Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, precisó.
Como adelanto de su política en este campo, advirtió -esbozando un alineamiento con la política represiva bukeliana, aplicándole un tinte militar- que, “durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán, temporalmente, el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” -El Salvador permanece, desde 2022, bajo régimen de excepción-.
Ello, “en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer, plenamente, la autoridad del Estado, y devolver, esos territorios, a los ciudadanos”, agregó, de inmediato.
“Nuestra prioridad será fortalecer íntegramente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú”, por lo que “le devolveremos el respeto, el equipamiento, y el respaldo político que merece para cumplir, con firmeza, su misión de defender a los peruanos de bien”, puntualizó, a manera de aclaración/admonición -línea policial/militar con la que coincide su colega colombiano-.
Con ese propósito, “impulsaremos un ambicioso proceso de modernización tecnológica, incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación, y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad”.
Se materializa, así, en el andino país, el orwelliano “hermano mayor” (“big brother”) -en este caso, la peruana “hermana mayor” (“big sister”)-, según los rasgos generales de una estructura de represión declaradamente antidelictiva, pero con fuerte potencial para también funcionar como represión explícitamente política -una de las nefastas características del régimen autocrático de su padre-.
La nueva presidenta aclaró, de inmediato, que “la lucha no serán únicamente contra el delincuente común”, ya que “iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, y la minería ilegal”.
Esto significa, según continuó puntualizando, que “fortaleceremos los sistemas de inteligencia, para desarticular estas organizaciones, desde sus cabecillas y sus estructuras económicas” -potencialmente aplicable, también, a líderes oposición y organizaciones de sociedad civil opositoras, si la situación llegase a ameritarlo-.
La expectativa inmediata para frenar la derechización latinoamericana se centra, en lo inmediato, en Brasil, con su próxima votación presidencial programada para el 4 de octubre -con eventual segunda vuelta calendarizada para el 25 del mismo mes-.
El reto, para el izquierdista presidente (2003-2007, 2007-2011, desde 2023) Luiz Inácio “Lula” da Silva, consiste en mantener a raya al extremismo representado por su principal adversario, el corrupto Flávio Bolsonaro -hijo del ex presidente (2019-2023) Jair Bolsonaro, quien cumple sentencia de 27 años y tres meses de prisión por haber participado en el intento golpista del 8 de enero de 2023, contra Lula-.
Si bien el actual presidente es favorito en la intención general de voto -con margen de ventaja en el rango promedio de seis a ocho puntos-, la moneda está en el aire.
