La crisis social en Panamá se intensifica mientras sindicatos y organizaciones continúan una huelga indefinida en rechazo a la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social. A pesar de la represión estatal y la negativa del presidente José Raúl Mulino a dialogar, los manifestantes mantienen bloqueos y movilizaciones en diversas regiones del país.
Desde el 23 de abril, docentes iniciaron la huelga, a la que posteriormente se sumaron el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana). La protesta ha generado enfrentamientos con fuerzas antimotines, resultando en más de 480 cierres de vías y al menos 196 personas detenidas.
La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de la Construcción (Flemacon) denunció la represión gubernamental y exigió la liberación inmediata de los sindicalistas arrestados. Además, sectores indígenas y estudiantiles han reforzado las protestas, exigiendo la derogación de la ley y el cese de la criminalización de la movilización social.
El impacto económico de la huelga es significativo. La industria bananera ha sufrido pérdidas superiores a los 10 millones de dólares, con el cierre de varias fincas de la trasnacional Chiquita Panamá. A esto se suma el rechazo de los manifestantes a la reactivación de la minería metálica y la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, que permitiría la instalación de bases militares en territorio panameño.
La situación en Panamá sigue siendo tensa, con un gobierno que endurece su postura y una ciudadanía que no cede en sus demandas. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras los sindicatos insisten en que la huelga continuará hasta que sus exigencias sean atendidas.
