NUEVA YORK – Una ola de inconformidad sacude los pasillos de las Naciones Unidas. Sindicatos que representan a más de 60.000 funcionarios han lanzado una dura crítica contra la llamada Iniciativa ONU80, el plan de reestructuración impulsado por el secretario general António Guterres para reformar a fondo la organización internacional.
Liderados por el Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Internacionales del Personal (CCISUA, por sus siglas en inglés), los sindicatos calificaron el proceso como “caótico, precipitado y carente de visión estratégica”. En una carta enviada a los 193 Estados miembros, la coalición pidió frenar la reforma en su forma actual y tomar el control del proceso.
La Iniciativa ONU80, lanzada en marzo y llamada así en conmemoración del 80 aniversario del organismo, pretende simplificar estructuras, centralizar funciones administrativas y reducir en un 20% el presupuesto ordinario. Pero según los sindicatos, este plan amenaza con desmantelar servicios clave, generar despidos masivos sin análisis adecuado y debilitar la capacidad operativa en terreno.
Un proceso “sin rumbo y sin consulta”
El grupo sindical denunció que el proyecto avanza sin una consulta formal al personal y está siendo dirigido por un grupo de trabajo que consideran “arbitrario” y sin suficiente comprensión del funcionamiento interno de la ONU. Cuestionan, además, el papel del subsecretario general de Políticas, Guy Ryder —exdirector de la OIT—, quien fue designado para coordinar la reforma y es acusado de “crear confusión” y retractarse de sus propias propuestas.
“Seguiremos con nuevas medidas para contener el daño causado por la iniciativa del señor Ryder”, señala el comunicado sindical. Entre los señalamientos más graves se encuentra la intención de cerrar oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, incluso mientras se expanden sedes en Viena bajo el argumento de ‘acercarse’ a las personas beneficiarias.
Una reforma que agrava la crisis
La carta advierte que ONU80 no enfrenta la raíz de los problemas financieros de la organización, ni plantea soluciones estructurales. Por el contrario, introduce medidas que podrían afectar servicios de primera línea y profundizar la precariedad laboral del personal, sobre todo en países donde la ONU tiene presencia activa.
Entre las medidas anunciadas —aún sujetas a aprobación presupuestaria— se encuentran despidos con indemnización para mayores de 55 años, posibilidad de teletrabajo temporal para evitar traslados forzosos y reubicaciones con base en criterios de “orden de permanencia” que, según los sindicatos, no han sido explicados de forma clara.
Además, se establecerán plataformas administrativas centralizadas en Ginebra y Nueva York, lo que implicará la eliminación de decenas de puestos administrativos en todo el sistema.
Denuncias de intimidación sindical
Los sindicatos afirman que, en lugar de abrir canales de diálogo, la dirección ha respondido con represalias. Según la CCISUA, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) intentó intimidar a representantes sindicales, en una aparente violación al reglamento interno y a resoluciones de la Asamblea General que garantizan la representación del personal.
“No es aceptable que se castigue a quienes cumplen su rol de defensa”, señaló la carta, que reafirma el derecho del personal a ser informado y consultado sobre decisiones que afectan sus condiciones laborales.
¿Reforma o debilitamiento institucional?
El fondo de la crítica sindical parece ir más allá de lo administrativo: cuestionan que la ONU esté utilizando la escasez de recursos como pretexto para implementar una reforma que podría debilitar su mandato. “Si la intención es resolver la crisis de liquidez, esta iniciativa no lo logra. Solo desplaza los problemas sin resolverlos”, aseguran.
Durante una reunión informal en la Asamblea General, varios Estados miembros compartieron inquietudes similares. Uno de ellos incluso propuso un proyecto de resolución para que la reforma esté sujeta a una mayor supervisión política.
¿Y ahora qué?
La decisión definitiva sobre el presupuesto 2026 será clave. Si se aprueban los recortes propuestos, la implementación de ONU80 tomará fuerza. Pero el creciente descontento dentro del personal y las advertencias de los sindicatos podrían poner en jaque la legitimidad del proceso.
“Creemos que el secretario general aún puede corregir el rumbo. De no hacerlo, será recordado por debilitar, no fortalecer, a las Naciones Unidas”, concluye la misiva de la CCISUA.
