En una reciente resolución publicada por el Ministerio del Interior de Nicaragua, el país centroamericano ha procedido a la disolución de 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua. Fundada en 1979, esta entidad ha sido un referente para la comunidad periodística en el país.
Según el documento oficial, la medida se fundamenta en el incumplimiento de regulaciones administrativas, incluyendo la falta de presentación de informes financieros del bienio 2023-2024. Este argumento ha sido aplicado en otras instancias para la disolución de organizaciones, reflejando un proceso que ha impactado a diversas entidades en Nicaragua desde 2018.
El gobierno ha sostenido que las acciones responden a un marco legal establecido, que regula las operaciones de organizaciones no gubernamentales en el país. Otras entidades afectadas incluyen la Fundación de Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible y la ONG Terre des Hommes Suiza, además de diversas organizaciones religiosas.
El contexto de esta medida se inscribe dentro de una estrategia de ordenamiento institucional, que busca garantizar el cumplimiento normativo dentro del país. Si bien la decisión ha generado diversas reacciones en distintos sectores, se mantiene el enfoque oficial de fortalecer el marco de regulación.
