En un contexto de creciente digitalización institucional, el Poder Judicial de Costa Rica enfrenta un reto fundamental: garantizar el acceso equitativo a la justicia para las personas que enfrentan barreras de acceso digital o viven con alguna discapacidad. Aunque existen avances, las medidas aún son dispares y muchas veces dependen del criterio particular de cada despacho.
Brecha digital: entre el expediente físico y la plataforma virtual
La modernización del sistema judicial ha implicado la migración progresiva de los expedientes físicos a plataformas digitales. No obstante, aún persisten oficinas que operan con documentación impresa, y, para quienes no tienen acceso a Internet o conocimientos digitales, el ejercicio de derechos básicos puede convertirse en una odisea.
Un ejemplo claro es la certificación de antecedentes penales (hoja de delincuencia), trámite que puede realizarse en línea mediante firma digital, pero también está disponible por correo electrónico o presencialmente. Sin embargo, esta alternativa muchas veces no se difunde adecuadamente, lo que deja a personas sin acceso digital en situación de indefensión informativa.
Además, en muchos procesos judiciales las notificaciones deben ser personales, lo que preserva la presencialidad en algunos actos, mientras que otros pueden notificarse en “estrados”, conforme a la Ley de Notificaciones Judiciales. Esta coexistencia de modalidades requiere una orientación más clara hacia los usuarios, especialmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Personas con discapacidad: ajustes razonables y apoyos personalizados
Otro gran desafío es el cumplimiento efectivo del marco constitucional e internacional que protege a las personas con discapacidad. El principio de ajustes razonables, establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), debe guiar todas las actuaciones judiciales, algo que no siempre se garantiza de forma uniforme.
En el caso de personas con discapacidad oral o comunicativa, el Poder Judicial reconoce que la atención debe ser personalizada y sujeta a las necesidades expresadas por cada persona. Sin embargo, aún se observan vacíos en la provisión sistemática de intérpretes, accesibilidad física en algunas sedes judiciales y herramientas de apoyo lingüístico o cognitivo.
La existencia de informes anuales de la Comisión de Acceso a la Justicia y sus subcomisiones demuestra una voluntad institucional por mejorar. Estos informes, disponibles en el portal https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr, describen estrategias tanto convencionales como no convencionales aplicadas para garantizar accesibilidad, pero también revelan la falta de una política articulada y sostenida en todos los despachos del país.
Una deuda de igualdad real
El principio de igualdad ante la ley exige algo más que normas escritas: demanda prácticas reales que tomen en cuenta las múltiples barreras que enfrenta una parte significativa de la población. Las personas con discapacidad y aquellas que no tienen acceso a herramientas digitales no deben quedar rezagadas del sistema judicial.
Si bien el Poder Judicial ha tomado acciones importantes, la institucionalización de la accesibilidad aún es fragmentaria. La coordinación entre despachos, la capacitación al personal judicial y el fortalecimiento de canales de atención accesibles deben convertirse en prioridades urgentes, especialmente en tiempos donde lo digital tiende a sustituir –sin reemplazar plenamente– a lo presencial.
La justicia no debe ser un privilegio de quienes saben usar una computadora o tienen una conexión a Internet estable. Debe ser un derecho tangible para todas las personas, sin importar sus condiciones o capacidades.
