La Asamblea Nacional de Nicaragua derogó el miércoles la ley del gran canal interoceánico y anuló la concesión otorgada a un empresario chino para construir ese megaproyecto que jamás se concretó.
En una sesión plenaria los 91 diputados del régimen Ortega-Murillo y sus aliados votaron por unanimidad para derogar la “ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas” aprobada en 2013.
Los legisladores oficialistas también reformaron artículos de la ley que establecían un acuerdo de concesión e implementación del megaproyecto. Esta obra, según anunció en su momento el gobierno de los Ortega-Murillo, se ejecutaría con una inversión total de 50.000 millones de dólares.
Con esta reforma quedó anulada la concesión otorgada a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, con base en Hong Kong y propiedad del empresario chino Wang Jing.
El tema del canal interoceánico de Nicaragua, que en su momento despertó gran interés, fue llevado en 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por grupos ambientalistas que acusaron al gobierno de “violentar los derechos de las comunidades indígenas” rama y creole, al no consultarlos sobre la aprobación de la ley.
Ante esto el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga se pronunció para condenar una vez más esta decisión del régimen Ortega-Murillo y el atropello al patrimonio ambiental de su país, que es manejado por el régimen como una finca de su propiedad.
“La dictadura Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del poder legislativo títere, anunciaron apresuradamente la reforma de la Ley 800 que creó la Autoridad del Canal y derogó la Ley 840 que en esencia otorgaba una concesión a cien años de los derechos para construir un canal interoceánico al empresario Chino Wang Jing.”
“Como sostuve públicamente desde el primer día que el régimen anunció el supuesto megaproyecto del Canal y además mantuvimos siempre, esa onerosa concesión que sólo puede ser definida como vendepatria, siempre fue una estafa y una cortina de humo del régimen para apropiarse de tierras y propiedad privada de la franja del hipotético canal. Lo que siempre estuvo detrás de todo eso es el desmedido apetito de la dictadura por adueñarse de lo ajeno, particularmente de tierras de enorme valor económico.”
Ese desprecio por la propiedad privada y por el patrimonio ambiental de toda la nación nicaragüense, ha llevado a la dictadura a convertirse en la fuerza destructiva más depredadora para las áreas protegidas en la historia de Nicaragua. El megaproyecto del canal era simplemente la punta de lanza de ese esquema de depredación y de robo de tierras, y de ahí el énfasis de la concesión en los sub-proyectos como hoteles, casinos, carreteras, construcción, proyectos de energía y otros. Ese esquema de robo también incluye una serie de proyectos de minería.
Sin embargo, el socio que habían buscado terminó colapsando más rápidamente de lo creían. Wang Jing era un estafador vinculado con empresas controladas por el ejército chino y está en banca rota. Ya ese socio no les sirve y el régimen va a seguir buscando socios. Por esa razón, esa derogación de la ley 840, lejos de ser una celebración debe ser una alerta para los planes devastadores de la dictadura que sigue poniendo en riesgo el patrimonio territorial de todos los nicaragüenses.
El hecho de que la dictadura se vea forzada a admitir que la concesión a Wang Jing fue siempre una estafa, no nos debe detener.
“Los nicaragüenses de buena voluntad no podemos dejar de incidir, reclamar y trabajar por el fin definitivo de todo plan de la dictadura que pretenda despojar de sus tierras a las comunidades campesinas, indígenas, y todo legítimo dueño.” Concluyo Maradiaga
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