Un paso hacia la seguridad financiera en Costa Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra en proceso de discusión de un proyecto de ley de gran relevancia para la protección de los consumidores, particularmente en el ámbito de la banca digital. Este proyecto, denominado «Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de Su Dinero que Administra Cualquier Entidad Financiera en Costa Rica, ya sea Pública o Privada, Autorizada para Este Fin», tiene como objetivo principal regular y asegurar que las entidades financieras, tanto públicas como privadas, asuman una mayor responsabilidad en la custodia de los fondos de sus clientes, especialmente en el contexto de las crecientes estafas electrónicas.
Un contexto de vulnerabilidad
El auge de la digitalización y la transformación tecnológica en el ámbito financiero han traído consigo grandes avances, pero también nuevos desafíos. Durante la pandemia de COVID-19, la necesidad de realizar transacciones y operaciones bancarias de manera digital se multiplicó, y con ello, el incremento de delitos cibernéticos como las estafas bancarias.
En este contexto, las víctimas de estos fraudes enfrentaron no solo graves pérdidas económicas, sino también un sentimiento de vulnerabilidad al no encontrar una respuesta clara y eficiente ante la falta de legislación específica que regule estas situaciones.
Desde 2021, las denuncias por estafas bancarias han aumentado de manera alarmante, con un incremento del 43,6% en solo un año, afectando a miles de costarricenses y causando un perjuicio económico de más de 4.300 millones de colones.
Sin embargo, estas cifras solo reflejan la punta del iceberg, ya que muchas personas afectadas no denuncian los delitos, lo que podría implicar que el número real de víctimas y las pérdidas económicas sean aún mayores.
La necesidad de una reforma
El proyecto de ley busca otorgar mayor protección a los consumidores mediante la creación de un marco legal que obligue a las entidades bancarias a tomar medidas más efectivas en cuanto a la seguridad de los fondos de sus clientes.
La propuesta establece la inversión de la carga de la prueba en los casos de estafas electrónicas, lo que significaría que, en lugar de que las víctimas deban demostrar la responsabilidad de la entidad financiera en la pérdida de sus fondos, sería esta entidad la que debería probar que cumplió con sus deberes de seguridad.
Este cambio es fundamental para garantizar que las personas afectadas por fraudes no queden en una situación de indefensión y puedan recuperar sus recursos de manera justa. De hecho, el proyecto también plantea que las víctimas no tengan que incurrir en costosos procedimientos judiciales o pruebas periciales para obtener una resolución favorable.
Aceptación y críticas
El proyecto de ley ha sido recibido con opiniones diversas. Si bien algunas instituciones, como la Universidad Nacional y el Ministerio de Economía, apoyan la iniciativa, señalando que es un paso importante para fortalecer los derechos de los consumidores, otras entidades, como la Oficina del Consumidor Financiero, han manifestado preocupaciones sobre la eficacia de la propuesta.
La Oficina considera que la ley no aborda adecuadamente las necesidades de seguridad tecnológica, como el uso de biometría avanzada o la obligación de las entidades financieras de compartir estadísticas sobre fraudes, aspectos que son esenciales para prevenir este tipo de delitos.
Por su parte, entidades como el Banco de Costa Rica han expresado su preocupación sobre la forma en que la propuesta podría alterar el equilibrio de responsabilidades entre las entidades financieras y los consumidores.
Argumentan que la ley podría generar efectos contraproducentes, como una disminución en la bancarización o un cierre de productos financieros debido al aumento del riesgo percibido por las instituciones.
El camino hacia una solución equilibrada
En medio de estas críticas y apoyos, el debate sigue siendo crucial para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y las responsabilidades de las entidades financieras.
Es esencial que la ley no solo defina claramente las responsabilidades de ambas partes, sino que también contemple medidas preventivas en cuanto a seguridad digital y educación financiera para los consumidores.
El proyecto de ley está aún en discusión, pero si se aprueba, representará un avance significativo en la protección de los usuarios de servicios bancarios en Costa Rica, ofreciendo una mayor seguridad frente a los fraudes electrónicos y brindando a los consumidores un marco legal claro para la resolución de disputas con las entidades financieras.
Este tipo de legislación no solo responde a un contexto de creciente digitalización, sino que también es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa, donde los consumidores estén protegidos frente a los riesgos del entorno financiero moderno.
