Alberto Cabezas/Foto-Medios
El día 3 de Julio el Presidente de Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus familias Rafael García Cordero, presento un recurso de amparo compuesto por más de 30 hojas alegando que las autoridades que denuncian conocen del hacinamiento carcelario que existe en Costa Rica.
El mismo se interpuesto contra de la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa.
Así como el Juzgado de Juzgado de Ejecución de la Pena del 1 Circuito Judicial de San José, el Ministerio de Justicia, el Presidente de Costa Rica y la misma Sala Constitucional. Solicita a los magistrados de sala 4 que se llame como testigo a la Defensoría de los Habitantes.
García alega que las “deterioradas condiciones carcelarias costarricenses reprueban de forma violenta, cualquier examen de convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad frente a un enemigo tan latente como es el CORONAVIRUS”.
Por lo que insta a que se declara una emergencia de estado ante el sistema penitenciario costarricense ya que según expresan “se violaron los protocolos de salud por parte del Ministerio de Justicia, que el mismo Ministerio de Salud estableció”.
Este dirigente sostiene que “nos encontramos frente a una pandemia asesina que ha matado a muchos privados de libertad en el mundo. El problema del hacinamiento e infraestructura carcelaria es un problema de Estado. Un problema que es gravísimo porque no ha sido atendido de manera responsable durante décadas y que hoy debe ser atendido con urgencia por la pandemia en que nos encontramos y prioridad por todas las esferas del Poder para el desarrollo de una política pública –criminal, penitenciaria, presupuestaria, etc- que asegure mayor racionalidad y proporcionalidad en el castigo y los recursos necesarios al Sistema Nacional Penitenciario. Si el Estado costarricense como política pública apostó con fuerza en los últimos veinte años por el encierro como solución al conflicto social-penal debió proveer de los recursos necesarios a todas las sub agencias del Sistema de Justicia Penal”.
Además, hizo ver a los magistrados que “las malas condiciones en que habita la población, el personal Profesional, de seguridad y sus familias también está expuesto a espacios sin ventilación ni iluminación natural y no hay condiciones para atender con la debida privacidad a la población penal. Resulta inadmisible los plazos históricos los privados de libertad han tenido que esperar para que el Sistema Penitenciario resuelva los problemas de las cárceles costarricenses, al día hoy no resueltos”.
Sentenció que “la Sala Constitucional no ha tomado acciones más drásticas contra el Sistema Penitenciario ni ha asegurado el efectivo cumplimiento de sus resoluciones, su inexplicable actuación u omisión no exonera a esta autoridad de cumplir con los deberes legalmente encomendados (artículos 483 y siguientes del Código Procesal Penal) y asegurar conforme lo ordena el legislador: controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena, constando el respeto a los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos (artículo 482 del Código Penal)”.
Por último, sostuvo que “El estado en que se encuentra las cárceles costarricenses en este momento es consecuencia de proyectar las consecuencias de esa apuesta agresiva por un mayor control y el encierro.
Durante años se ha incrementado los presupuestos y el personal de Seguridad Pública, ha aumentado el número de jueces, fiscales y policías judiciales pero los espacios carcelarios ni el personal penitenciario se incrementaron y a pesar de que la población penal nacional se ha más que triplicado en ese período, el personal penitenciario –profesional y policial- sigue siendo el mismo o incluso menos al aplicarse de manera absurda restricciones del Ministerio de Hacienda para la no renovación de plazas de funcionarios jubilados, en vacaciones o con licencias. Esta situación unida a la falta de mantenimiento adecuado a las instalaciones carcelarias y su sobreocupación durante años, tiene hoy al Sistema Nacional Penitenciario costarricense consumido en una de la mayor crisis de su historia, por lo que se requiere de soluciones judiciales más drásticas y de una reacción responsable y coordinada para una solución real y efectiva de un problema postergado por décadas. Debe comprenderse que una gestión carcelaria adecuada es parte de una política pública responsable y sistemática.
Históricamente la administración penitenciaria en Costa Rica ha manejado los centros penitenciarios sin la limitación de su capacidad y el uso prolongado de esas instalaciones sobre su capacidad genera hoy no solo centros altamente hacinado sino en condiciones completamente deterioradas y precarias, en definitiva, espacios no adecuados para la custodia o reclusión de personas privadas de libertad y un lugar no adecuado para estar presente en esta crisis del CORONAVIRUS, que hoy se hace presente en las cárceles costarricenses”.
