La exclusión definitiva de tres partidos políticos del proceso electoral de 2026 en Perú ha desatado una tormenta política y social que pone bajo la lupa al sistema electoral del país. Las organizaciones Adelante Pueblo Unido (APU), Unidad Popular (UP) y Renacimiento Unido Nacional (RUNA), pese a haber cumplido con los requisitos legales, fueron apartadas del proceso, generando duras críticas hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Anahí Durand, secretaria general de APU y exministra de la Mujer, denunció lo que calificó como una «maniobra nada ética» facilitada por el propio órgano electoral. Según Durand, las tres organizaciones cumplieron con las exigencias normativas: número de afiliados, sedes partidarias, entre otros. Sin embargo, una serie de tachas presentadas en el último momento —y admitidas pese a no cumplir con requisitos formales como el pago correspondiente— resultaron en la exclusión de sus registros.
“Lo sucedido demuestra una posible complicidad de la corte electoral y pone en duda el carácter democrático de los comicios”, declaró Durand, quien también alertó sobre la proliferación de los llamados partidos cascarón o vientres de alquiler: agrupaciones sin vida partidaria real que alquilan su inscripción para beneficiar a candidatos circunstanciales.
Una exclusión estratégica
La maniobra, según denuncias, consistió en presentar tachas rechazadas inicialmente, pero luego apeladas justo al expirar el plazo legal. Aunque los apelantes no pagaron el trámite a tiempo, el JNE les otorgó un plazo extra, dejando vigente la impugnación. El resultado: la inscripción de APU, UP y RUNA no se formalizó antes del cierre del registro electoral el pasado 12 de abril.
El abogado y analista electoral José Manuel Villalobos calificó la acción como una “argucia” que afecta gravemente el derecho a la participación política. “Por encima de la norma está el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos”, argumentó, recordando que en otros casos el mismo jurado ha mostrado mayor flexibilidad para validar inscripciones fuera de plazo.
Un patrón preocupante
Este nuevo episodio se suma a una serie de exclusiones previas que han levantado sospechas sobre el uso del aparato judicial para fines políticos. El expresidente Martín Vizcarra fue vetado del Congreso en 2021 por una inhabilitación del Legislativo, pese a haber sido el más votado. Antauro Humala, exmilitar nacionalista, también fue bloqueado por el Parlamento por “tener un discurso antidemocrático”.
El patrón es inquietante: figuras de oposición y fuerzas emergentes son sistemáticamente marginadas, mientras proliferan partidos sin base social, listos para ser utilizados como herramientas del poder político tradicional. Con un Congreso de mayoría conservadora y una institucionalidad fuertemente cuestionada, el escenario de cara a 2026 parece cada vez menos competitivo y más controlado.
¿Elecciones sin oposición real?
La exclusión de APU, UP y RUNA no es solo un asunto legal o técnico; es un tema profundamente político y ético. En un contexto donde la desconfianza en las instituciones alcanza niveles históricos, cualquier acto que restrinja la pluralidad política golpea directamente la legitimidad del proceso electoral.
En palabras de Durand, “estamos ante una democracia que se desangra lentamente, cuando las reglas del juego se aplican con sesgo y a conveniencia del poder establecido”.
Si el sistema electoral no garantiza condiciones justas para todos los actores, ¿cuánto margen queda para llamar democráticas a las elecciones de 2026?
