George Rodríguez/Foto-Medios
Una decena de organizaciones centroamericanas de mujeres declaró solidaridad con el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra (MEC), de Nicaragua, a raíz del reciente hostigamiento policial del que fue objeto.
Las agrupaciones, mayoritariamente integrantes de la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (Redcam), condenaron el hecho de que, en una acción llevada a cabo la mañana del 25 de setiembre, efectivos de la Policía Nacional obstruyeron, durante algunas horas, el acceso a la sede del MEC, en Managua, la capital nacional.
“Este hecho (…) concurre en amenazas, abuso de autoridad y actos arbitrarios de obstrucción al domicilio de empleo del MEC, de parte de la Policía nicaragüense”, indicaron las organizaciones, en un comunicado que difundieron el 29 de setiembre.
“Estas acciones no pueden quedar impunes ya que evidentemente es un hecho de violencia institucional que busca infundir temor y amedrentar al MEC en su rol de defensoras de derechos humanos”, agregaron, en el texto de siete párrafos.
“Las organizaciones firmantes exhortan al gobierno nicaragüense y especialmente al Órgano Judicial de ese país, iniciar de oficio una investigación rápida e imparcial sobre la obstrucción policial al Movimiento de Mujeres María Elena (MEC), al negar el acceso a las instalaciones de la organización”, plantearon, además.
“El gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos que se basan en las normas del derecho internacional y protegen a las personas defensoras u organizaciones que velan por los derechos de la población”, precisaron.
“Por tanto, la Presidencia de la República y otras instancias nicaragüenses, están obligadas a tomar de inmediato todas las medidas necesarias que eviten cualquier atentado o vulneración contra la integridad del personal del MEC o cualquier acción que pueda llevar a afectar el desempeño de las funciones de esta organización histórica, que tanto ha contribuido con el desarrollo de las mujeres y población nicaragüense”, aseguraron, a continuación.
Además, “el gobierno de Nicaragua está obligado a facilitar los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de la labor del MEC, sin que puedan sufrir ninguna coacción, amenaza o riesgo en el desempeño de este rol”, advirtieron.
Las 10 organizaciones -siete de ellas integrantes de la Redcam-, también formularon un llamado a que, local e internacionalmente, se presione en procura de una investigación del hostigamiento a la dirigencia y la base del MEC.
“Instamos a las instancias internacionales y nacionales, a pronunciarse y demandar la inmediata investigación y sanción de reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de su dirigente Sandra Ramos y de cada una de las trabajadoras” del movimiento, señalaron las agrupaciones -cinco salvadoreñas, dos guatemaltecas, dos hondureñas, además del MEC-.
Respecto a la acción policial del 25 de setiembre, Ramos declaró, durante el desarrollo del misma, a medios locales, frente a la sede del MEC, que la agresión no es sorprendente, y que el movimiento está permanente preparado para incidentes de esa naturaleza.
“Nosotras, siempre hemos estado listas para cualquier zarpazo, ya sea de este gobierno o de cualquier gobierno que se encachimbe (enoje) con las mujeres feministas”, indicó la dirigente, quien agregó que “las defensoras de derechos humanos tenemos derecho a defender”.
Además de la defensa de los derechos de las mujeres, en general, el MEC se especializa en derechos laborales, en particular de las trabajadoras de la industria maquiladora.
En ese sentido, Ramos, quien encaró a los efectivos policiales, acompañada por una veintena de integrantes de la agrupación, explicó que “María Elena Cuadra es más que esas paredes: es un espíritu de lucha, de defensa de los derechos humanos de las nicaragüenses, somos nosotras, somos las mujeres pobres de este país”.
Al denunciar que es objeto de persecución policial, la líder del MEC aseguró que la agrupación desarrolla, transparentemente, su labor, e hizo alusión a legislación -denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros- con la cual el gobierno del presidente Daniel Ortega procura neutralizar las actividades de las organizaciones no gubernamentales y las personas opositoras, en el país centroamericano.
Ello, mediante el monitoreo de cualquier financiamiento que reciban desde el exterior, vigilancia a cargo del Ministerio de Gobernación.
El MEC trabaja “transparente, y, todos los años, le rinde cuenta a Gobernación”, por lo que, “aquí, no hay miedo, aquí, no hay que temblar”, dijo.
Ramos reafirmó que “nosotras somos defensoras de las mujeres más humildes, y de todas las mujeres que sufren violencia intrafamiliar -y cualquier violencia que sufren en este país-, y, si es porque acuerpamos a las madres de presos políticos, con mucho orgullo las hemos acuerpado, porque son mujeres agredidas por la institución gubernamental que les tienen secuestrados a sus hijos”.
“Si eso es un delito, estoy cometiendo un delito, y, entonces, que me lleven”, expresó, en las declaraciones que formuló en presencia de los agentes policiales.
“Aquí vengo a dar la cara”, subrayó, para agregar: “aquí, quién dijo miedo?”.
El día de la operación policial contra el MEC, dirigentes de diversas organizaciones de sociedad civil y políticas, condenaron el hecho, en declaraciones que formularon, por separado, a medios locales.
En ese sentido, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo que “hacemos un llamado, nacional e internacional, de este gravísimo acto de represión que repudiamos vehementemente”.
“Se debe detener, inmediatamente, el asedio en contra de las ONG y demás organizaciones opositoras en Nicaragua”, planteó, a continuación, para informar que “esta denuncia llegó a manos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (para los Derechos Humanos)”.
Por su parte, la abogada Karla Sequeira, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aseguró que “esto no es un simple asedio”, además de que constituyó “una intervención completamente ilegal, porque no existe ningún tipo de documento legal que respalde este tipo de accionar por parte de la policía”.
Entretanto, el MEC declaró, en la red social Twitter, que “hacemos un llamado a la comunidad internacional demandar a la dictadura Ortega Murillo el cese de la represión”, y agregó: “¡Basta ya!”.
La acción policial contra el MEC se inscribe en la violenta crisis sociopolóitica que, desde el 18 de abril de 2018, golpea a Nicaragua.
En ese contexto, sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
