El gobierno de Costa Rica ha rechazado rotundamente cualquier posibilidad de diálogo con cárteles de la droga, marcando su postura en respuesta a recientes informes que indicaban la penetración de cárteles mexicanos de la droga en el país centroamericano. En un comunicado emitido por el ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, se destacó la Operación Soberanía y su impacto en lo que él describió como «las mafias colombianas y los cárteles mexicanos».
Esta declaración se produce después de la publicación de un artículo en el periódico EL UNIVERSAL bajo el título «Narcotráfico se Afianza en Costa Rica», que informaba sobre la grave crisis que atraviesa el país debido a la influencia creciente de los cárteles mexicanos de la droga. Sin embargo, el ministro Zamora subrayó que desde el inicio de la Operación Soberanía, «ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa, lo que ha constituido una pérdida irreparable para las mafias colombianas y los cárteles mexicanos».
La Operación Soberanía es una iniciativa gubernamental lanzada para combatir el tráfico de drogas en el país, con un enfoque particular en la ruta de exportación de cocaína hacia Europa a través del puerto de APM Terminals en Costa Rica. Según Zamora, esta operación ha tenido un éxito considerable al cortar una importante vía de exportación de drogas, lo que ha resultado en pérdidas significativas para las organizaciones criminales involucradas.
En un tono enérgico, el ministro de Seguridad Pública criticó a los periodistas que, según él, han difundido información sin pruebas sólidas, acusando al gobierno de negociar con los mismos cárteles que están siendo combatidos. Zamora enfatizó que estas afirmaciones carecen de fundamento y evidencia creíble.
La Presidencia de Costa Rica también emitió un comunicado en el que afirmó que «no existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos».
El artículo que desató esta controversia, escrito por el corresponsal José Meléndez, citaba fuentes anónimas con acceso privilegiado a la seguridad y el crimen organizado en Costa Rica. Estas fuentes advertían sobre la posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves estuviera considerando negociar con redes mafiosas costarricenses vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El presidente Chaves calificó estas afirmaciones como «una patraña absurda», criticó la falta de pruebas y detalles en el artículo.
A pesar de las acusaciones, el presidente Chaves reiteró el compromiso de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y destacó las medidas tomadas para fortalecer la seguridad en el puerto de APM Terminals, como la instalación de escáneres y una mayor vigilancia que ha impedido la entrada de cocaína al país desde julio.
La situación sigue siendo objeto de debate y controversia, pero el gobierno de Costa Rica está decidido a mantener su postura firme en la lucha contra el narcotráfico y a defender su integridad contra las acusaciones infundadas de negociaciones con cárteles de la droga.
