Alberto Cabezas/Foto-Medios
Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz argumento a nuestro medio de comunicación que los “el sistema penitenciario siempre va a estar abierto para escuchar lo que nos tengan que decir, ya sea los propios privados de libertad, nuestros funcionarios independientemente que sea de una nacional, de una agrupación. Cualquier persona externa que sienta que tiene algo que aportar al sistema penitenciario costarricense está abierto el canal para escucharlo”.
Sin embargo, esas manifestaciones no son recibo para Rafael Ángel García Cordero Presidente Asociación Ayudando a los privados de libertad y sus Familias, quien argumenta que ha escrito a la Ministra de Justicia Salazar y las cartas no son respondidas, “no nos responden no quieren nada de nuestra ONG porque les exigimos cumplir bien con sus funciones”.
Con García conversó nuestro medio.
Entrevista:
¿Como fue que nace la organización que preside?
Yo estuve preso de 1998 al 2017 en ese año 20 años después se me otorgo por la Jueza Cindy Sánchez Rojas del 
Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago un Incidente de Queja por enfermedad ya que sufro artrosis en ambas rodillas y no puedo caminar por mis propios medios utilizó una andadera metálica para poder desplazarme, yo me encontraba en los albergues de la Fundación Ofir Costa Rica desde el 2017 el dueño abrió uno nuevo en Puriscal y me llevo el Fiscal del ente ejecutor de la pena comenzó a decir que el Albergue no era acto para mí ya que no cumplía con los requisitos que pide el beneficio que es la ley 7600 y las reglas de Brasilia para discapacitados, y comenzó hacia una cacería de brujas contra mi hasta la fecha, resulta que el dueño del albergue me dijo hace unos 22 días ya no me podía tener en el albergue ya que la gente le decía que seguramente los albergues estaban llenos de delincuentes por lo de la Asociación ayudando a los Privados de libertad y sus familias que yo funde en el año 2018, me dijo: “que me ofrecía otro albergue en Chomes de Puntarenas”, un albergue de piso tierra sin condiciones mínimas y mucho menos que cumplía con la ley 7600 para personas con discapacitad yo le dije que no y me dijo “que le desocupara” y me hecho yo ya había puesto otro domicilio ya que el fiscal estaba molestando y conseguí otro domicilio en Desamparados una casa que fue construida con un bono de vivienda para personas con discapacitad ya que el señor que viviría en la casa era paralitico, la casa cuenta con todo lo que pide la ley 7600 para discapacitad y el trabajador Social del Ministerio de Justicia y paz me visito la casa, dio el visto bueno en su informe y se lo envió a la jueza, en el momento que me echan del albergue yo llamo a la jueza su asistente me atiende y le cuento todo la jueza me da el visto bueno momentáneo temporal por la pandemia, no quedarme en la calle y estoy en esta casa, ayer el Defensor Público me indica que “se convocó audiencia el martes 28 de abril a las 10:30 am y que debo presentarme que el fiscal continua con la petición de renovarme el beneficio y que hasta me tienen el lugar donde me enviarían un centro semi- institucional llamado San Luis.”
Yo le digo que como puede ser posible que ya tengan hasta el lugar si la audiencia no se ha realizado y no sabe que responderme.
La casa de habitación donde vivo cuenta con todo lo que el beneficio pide, pienso que es una cacería de brujas política, siento que por haber creado una asociación para velar por los derechos humanos y fundamentales de los privados de libertad costarricenses y extranjeros en las decadentes cárceles ticas y como nos convertimos en la piedra del zapato del Ministerio de Justicia y paz y el gobierno hay intereses políticos para revocarme el benefició.
La Asociación Ayudando a los Privados de libertad y sus Familias cédula jurídica 3-002-771526 está debidamente escrita y tenemos dos asesores que están en la Asociación la abogada Dennise Vega Chavarría y el abogado Javier Vargas y me acompañaran en la audiencia, esto solo tiene un nombre persecución política en mi contra por ser un privado de libertad bajo beneficio que creo una Asociación que le está haciendo daño al gobierno y la cartera del Ministerio de Justicia y Paz.
Hemos denunciado cuatro muertes extrañas en el último mes de privados de libertad.
Ministra de Justicia y Paz con puertas abiertas
A dos meses de asumir el cargo, Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz, se pone a disposición de la ciudadana y las organizaciones sociales para conversar.
Ella es economista, máster en Dirección de Proyectos y profesora universitaria se desempeñaba desde el inicio de esta administración como viceministra de Seguridad Pública.
La nueva jerarca tiene amplia experiencia de trabajo con la sociedad civil, a través de la ejecución de proyectos vinculados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e iniciativas relacionadas con la economía de la salud, social y educación.
Asimismo, en los últimos diez años ha ejercido como profesora en Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Latina.
Tras manifestar la ilusión que representa el reto que asume, Salazar aseguró que reforzará los proyectos que ha venido ejecutando esa cartera durante la presente administración y buscará introducir innovadoras iniciativas a su gestión.
En particular, se refirió a los programas de infraestructura penitenciaria y de ocupación laboral para las personas privadas de libertad (Construyendo Oportunidades), así como a la mejora a los procesos para atender adicciones en los centros institucionales y al fortalecimiento para la prevención de la violencia y la promoción de la paz.
“Llegamos con mucha ilusión al Ministerio de Justicia y Paz, con la convicción de que podemos reforzar y mejorar los proyectos que se llevan adelante, trabajando de la mano con las comunidades”, concluyó Salazar.
