George Rodríguez / Foto – Medios
La mayoría de los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), aprobó hoy convocar al Órgano de Consulta del mecanismo, para abordar la crisis que afecta a Venezuela.
La decisión fue tomada en el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente (CP) de la Organización de los Estados americanos (OEA), llevada a cabo, este día para, entre otros puntos de agenda, tratar el tema.
“Estados parte del #TIAR aprueban en @CP_OEA “Convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)” con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 ausente”, informó la OEA, en la red social Twitter.
El apoyo a la moción fue dado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana, v Venezuela, mientras Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad, y Uruguay se abstuvieron, y Bahamas no participó.
Una propuesta de enmienda a la resolución, en el sentido que la solución a la crisis venezolana no sea resuelta por la vía militar, fue rechazada.
Esta iniciativa contó con el respaldo de Costa Rica –nación centroamericana que, hace siete décadas, abolió su ejército-, además de Chile, Perú, y Honduras.
De acuerdo con versiones periodísticas generadas en Washington, ciudad sede de la OEA, representantes de los países de Tiar proyectan reunirse la semana próxima, para determinar el curso de acción a seguir en el caso de Venezuela.
Si bien la opción de intervención armada constituye una de las variadas alternativas que el Tiar ofrece, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que, mediante la convocatoria al Órgano de Consulta –lo que activó el mecanismo-, no se busca específicamente esa acción.
“La activación del Tiar no busca una intervención militar en Venezuela sino establecer un marco jurídico dentro del cual los países miembros puedan ejercer más presión, para generar un cambio democrático” en el caribeño país sudamericano, afirmó.
La decisión fue tomada mientras crece la tensión entre los gobiernos colombiano y venezolano.
La administración del presidente de Colombia, Iván Duque, ha acusado, a su contraparte del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de albergar, en territorio venezolano en la zona de frontera entre ambos países, a altos números de integrantes de grupos armados irregulares colombianos –el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un sector disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-.
Al respecto, en declaraciones que formuló el 8 de mayo, a periodistas, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, dijo que, a esa fecha, alrededor de 1,100, de los aproximadamente 2,300 combatientes del ELN, se encontraban en territorio venezolano.
Asimismo, el gobierno de Maduro movilizó tropas, en el marco de ejercicios militares en el lado venezolano del límite binacional terrestre de 2341 kilómetros, lo que puso en alerta al gobierno de Duque.
Al participar hoy en la sesión del CP de la OEA, el canciller colombiano, Carlos Holmes, denunció que esos grupos armados “mantienen vínculos con las autoridades venezolanas, de tipo local y regional, ejecutan actividades económicas, logísticas y de control social, entrenan milicias, y controlan algunos pasos fronterizos”.
De ese modo, facilitan al gobierno madurista, “respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos”, a cambio de “protección, logística, entrenamiento y armamento”, afirmó Holmes, quien advirtió, asimismo, que esa situación plantea una amenaza a la paz y a la estabilidad regionales.
En declaraciones que formuló el 7 de julio, el autoproclamado presidente encargado (interino) de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, informó sobre la decisión de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de aprobar la reincorporación del país al Tiar, lo que, efectivamente, ocurrió.
Ello, debido a que, en 2013, el gobierno de Maduro retiró, al país, del mecanismo, al que se había incorporado en 1947 –año en que suscribió el tratado-.
El Tiar es una entre varias alternativas para lograr el fin del régimen, aseguró el opositor, en mensajes que difundió en la red social Twitter, en los que señaló que el tratado, con su opción militar, es un mecanismo válido para procurar ese objetivo.
“Vamos a avanzar en todos los terrenos de lucha. Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía”, tuiteó, para agregar que “Venezuela vive una dictadura”, y que, “por eso, asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte de una sola estrategia, para conquistar el cambio”.
Firmado el 2 de setiembre de 1947 en la oriental ciudad brasileña de Rio de Janeiro –entonces, la capital nacional-, por 24 países americanos, varios se retiraron, en diferentes años, aunque algunos –como Venezuela- se han reincorporado.
Los países que se mantienen fuera del mecanismo son Bolivia, Cuba, Ecuador, México, y Nicaragua, y Venezuela.
Se trata de un instrumento que prevé asistencia continental, principalmente en el caso de que algún país del área –o más de uno- sea agredido militarmente.
En el sexto de sus 26 artículos –además de seis considerandos-, el Tiar establece que, “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.
Según el artículo siguiente, “en caso de conflicto entre dos o mas Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes reunidas en consulta instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomaran, además, todas las otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos”.
Y advierte que, “el rechazo de la acción pacificadora será considerado para la determinación del agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de consulta”.
Venezuela registra, hace cuatro años, una creciente crisis humanitaria, política y de seguridad, cuya agudización ha obligado –hasta el momento- a aproximadamente cuatro millones de personas a desplazarse, vía terrestre, a países sudamericanos, principalmente hacia los limítrofes Brasil y Colombia, además de Ecuador y Perú, así como, más al sur, Argentina y Chile.
Quienes han emprendido el masivo éxodo, han señalado que lo han hecho a causa de la represión antiopositora, violaciones a los derechos humanos, además de escasez general de alimentos y otros productos de consumo básico, fuertemente reducido poder adquisitivo de los salarios, y extendida falta de oportunidades.
