George Rodríguez / Foto – Medios
Si bien son una constante, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace casi diecisiete meses, a Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos registran, desde febrero de este año, una baja, pero persisten las prácticas de tortura y asesinato de opositores al gobierno, denunció hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.
La reducción del número de violaciones a las garantías fundamentales coincidió con el inicio, al final de febrero, de la breve negociación entre el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), señaló, al participar en el Dialogo interactivo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, llevado a cabo en el marco de la 42 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ello constituye “prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis”, subrayó Bachelet, al referirse, en la actividad desarrollada en la ciudad suiza de Ginebra, sede del consejo, al informe que su oficina elaboró, sobre el caso de Nicaragua, y que cubre el período del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.
“Resulta sin embargo preocupante que, en el momento de finalizar el informe, mi Oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019”, precisó.
Bachelet aludió así al norteño departamento de Jinotega, que contiene un tramo de la frontera terrestre, de 922 kilómetros, que ambos países comparten.
“En al menos tres casos -dos de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras-, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, puntualizó, para agregar que “insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes, y sancionen a los responsables”.
La comisionada denunció, asimismo, el hecho de que los presos políticos –incluidos participantes en manifestaciones opositoras- son sometidos a violaciones a su integridad.
“Los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes”, aunque, “según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio de 2019, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención”, indicó.
No obstante lo indicado por la comisionada, son permanentes las denuncias formuladas por presos políticos y familiares de reclusos, lo mismo que por organizaciones de derechos humanos, en el sentido de que los presos políticos son sometidos a tortura, además de que se los mantiene en pésimas condiciones.
Bachelet se refirió, igualmente, a otros derechos, como los de libre expresión y libre información, afectados en el marco de la crisis.
“El espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy”, contexto en el cual “la libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses”, indicó.
“Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos”, además de que “se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica”, agregó.
Al mencionar el hecho de que, desde diciembre, la Policía Nacional exige que, para la realización de concentraciones públicas opositoras, los organizadores deben solicitar permiso, la comisionada denunció que “aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto”.
Bachelet aludió así al hecho de que la autoridad policial niega, sistemáticamente, las solicitudes de permiso para tales actividades, aduciendo potencial afectación a la seguridad ciudadana.
“La libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis”, señaló, además de destacar que “nueve organizaciones de la sociedad civil, incluidos destacados organismos de derechos humanos, fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de haber apoyado ‘acciones terroristas’ durante las protestas de 2018.”, y aclaró que, “al día de hoy, ninguna de estas organizaciones ha recuperado su personalidad jurídica, ni se le han devuelto sus bienes y equipos”.
En tal cuadro de situación, “los defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que adoptaron posturas críticas hacia el Gobierno no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales”, denunció Bachelet, una ex presidenta de Chile (2006-2010, 2014-2018), quien fue presa política de la dictadura militar que gobernó, de 1973 a 1990, al andino país sudamericano.
La comisionada señaló, además, que las denunciadas violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la crisis nicaragüense, no han tenido la atención adecuada por parte del gobierno.
“La respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente”, expresó la funcionaria, y subrayó que “me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses de crisis”.
“Hasta este momento, el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró.
Los planteamientos de Bachelet fueron refutados por el asesor presidencial nicaragüense para Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, quien afirmó que, contrariamente a lo expresado por la comisionada, en el que describió como “la realidad actual”, los derechos humanos son plenamente respetados en Nicaragua, por lo que cuestionó que la funcionaria haya mirado atrás en el tiempo.
Jaentschke también cuestionó la validez de la información manejada por Bachelet, no obstante el hecho de que la funcionaria explicó que, para la elaboración del informe, “se han realizado 187 entrevistas con víctimas y testigos y se ha analizado una extensa documentación procedente de fuentes gubernamentales y no gubernamentales”.
Esa documentación se basa sobre “criterios parcializados”, afirmó el funcionario nicaragüense.
Ceñido al discurso gubernamental, el asesor presidencial responsabilizó, de la violencia que golpea al país, a quienes participan en las masivas manifestaciones opositoras que tienen lugar en Managua, la capital nacional, y otras ciudades.
Los manifestantes cometen “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado”, afirmó.
El gobierno de Ortega sostiene que, el 18 de abril del año pasado –cuando estalló la crisis-, las autoridades actuaron para frustrar un intento de golpe de Estado.
Organizaciones opositoras y de defensa de los derechos humanos han denunciado que, desde entonces, efectivos policiales y paramilitares, usando armas de guerra, llevan a cabo acciones represivas conjuntas que han cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, además de estar dañando, en gran escala, a la economía nacional.
La dramática situación también ha generado el éxodo, hasta ahora, de unos 75 mil nicaragüenses, principalmente hacia Costa Rica -donde más de 20 mil personas han solicitado, formalmente, refugio-.
