George Rodríguez / Foto – Archivo
Los catorce huelguistas de hambre –once de ellos mujeres- levantaron la medida, para exigir la liberación de los presos políticos en Nicaragua, al cumplirse el octavo día de ayuno, período durante el cual fueron hostigados por fuerzas policiales y simpatizantes del gobierno de Nicaragua, de acuerdo con versiones periodísticas conocidas hoy.
La medida de oposición pacífica, llevada a cabo desde el 14 hasta el 22 de noviembre, se cumplió en la Iglesia San Miguel Arcángel, en la occidental ciudad de Managua, a unos 25 kilómetros al sureste de Managua, la capital nacional.
Al finalizar la protesta antigubernamental y de apoyo a los presos políticos, los 14 huelguistas de hambre –incluido el sacerdote católico Edwing Román- fueron trasladados al capitalino Hospital “Vivian Pellas”, donde tres mujeres y el religioso permanecieron internados, aunque estables, mientras los demás fueron dados de alta, según informó ayer la Arquidiócesis de Managua, en una Nota de Prensa.
De acuerdo con lo denunciado por el sacerdote, a medios de comunicación, iniciada la medida de protesta pacífica, las autoridades policiales ordenaron la interrupción del suministro de agua y electricidad al templo, e impidieron la entrega de agua y medicamentos que pobladores locales llevaron, hasta el lugar, para los huelguistas.
Al finalizar de la protesta, “el Padre Edwing Román manifestó su deseo de salir junto a todas las personas que se encontraban con él dentro de la Parroquia”, indicó la arquidiócesis, en el texto de seis párrafos que incluyó, al final, la nómina de huelguistas.
La solicitud de Román determinó que el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag realizaran “los debidos contactos con las autoridades, solicitando abrir un canal humanitario para el ingreso de ambulancias privadas para trasladar y brindar asistencia médica en el Hospital Vivian Pellas a todas las personas que por ocho días estuvieron encerradas”, agregó.
“Hoy estas madres con nostalgia regresarán a sus hogares, Dios permita que muy pronto puedan compartir con sus hijos, privados de libertad, la alegría del estar en familia”, expresó, además, la arquidiócesis.
De acuerdo con lo indicado por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), en su más reciente informe sobre la violenta crisis sociopolítica estallada hace algo más de 19 meses en el país centroamericano, la represión policial y paramilitar antiopositora ha cobrado más de seiscientas vidas, ha desaparecido a más de ochocientas personas, y ha causado heridas a casi cinco mil.
Asimismo, esas fuerzas han secuestrado a unas mil cuatrocientas personas –incluidos los desaparecidos-, indicó la representación de la Anpdh en Costa Rica, en el informe que emitió el 4 de octubre, en San José, la capital costarricense –donde opera, desde el año pasado, en exilio-, y que cubre el período desde abril de 2018 –cuando estalló la crisis- y setiembre de este año.
Los fallecidos son, de momento, 651 –incluidos 12 niños y 30 adolescentes-, total del cual 522 –un 80 por ciento- fueron ultimados a balazos, y, de éstos, 330 murieron alcanzados por un disparo cada uno, lo que, de acuerdo con el análisis de los casos, demuestra la participación de francotiradores en las acciones de represión –lo mismo generales que selectivas, según lo indicado en el documento-.
Por otra parte, la cifra de heridos llega a 4,922, mientras el número de desaparecidos –por secuestro policial o paramilitar- se ubica en 853, de acuerdo con los datos contenidos en el “Informe Preliminar de la crisis a Derechos Humanos en Nicaragua como sus consecuencias de la Protesta Cívica”.
El total de presos políticos se ubica en 516, de acuerdo con los datos contenidos en el extenso documento de la Anpdh, que contabilizó, además, 1,370 secuestros llevados a cabo por efectivo lo mismos policiales que paramilitares, entre los cuales figuran los desaparecidos, así como un asesinado, y 92 sentenciados ilegalmente.
También indicó que, a causa de la dramática situación nicaragüense, 55,946 personas se desplazaron a la limítrofe Costa Rica -donde permanecen exiliadas-, de las cuales 33,696 solicitaron refugio.
El informe fue dado a conocer, por el secretario ejecutivo de la Anpdh, el abogado nicaragüense Álvaro Leiva –asilado, hace más de un año, en Costa Rica-, durante una actividad a la que fueron invitados integrantes del cuerpo diplomático acreditado en este país, así como autoridades gubernamentales nacionales.
La presentación fue seguida por una conferencia de prensa, durante la cual –lo mismo que en el encuentro con los diplomáticos-, Leiva denunció que Nicaragua es escenario de constantes violaciones a los derechos humanos –incluidos actos de lesa humanidad- por parte del gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposan y vicepresidenta, Rosario Murillo.
