George Rodríguez /Foto – Álvaro Bagnarello R. / Prensa ANPDH
El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional de ese país carecen de autonomía, ya que están al servicio directo del presidente de ese país, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, aseguró el exiliado defensor nicaragüense de derechos humanos Álvaro Leiva.
Ello, debido a la concentración de poder que la pareja gobernante ha consolidado, según lo indicado por Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), en diálogo con Informativo JBS.
“Desde que asumió, Ortega -en su segundo mandato de gobierno-, en el 2007, ha venido trabajando en la centralización del poder, en manos de (…) Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo”, afirmó.
Leiva aludió así al hecho de que el mandatario ejerce, desde ese año, ininterrumpidamente, y mediante reelección, la presidencia del país centroamericano.
Ortega llegó, inicialmente, al poder, en 1979, en el marco del gobierno revolucionario (1979-1990) instalado cuando el entonces guerrillero y ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó a la dictadura (1967-1979) encabezada por el general Anastasio Somoza Debayle –ajusticiado, en 1980, por un comando guerrillero argentino, en Asunción, la capital de Paraguay, el país sudamericano, entonces bajo dictadura, al que huyó tras su caída-.
El presidente suma, hasta ahora, cinco períodos gubernamentales: uno como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional –JGRN- (1979-1985), y cuatro como presidente de la República –los tres más recientes, sucesivos- (1985-1990, y 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022).
En cuanto a la acumulación de poder por parte de Ortega y Murillo, el activista de derechos humanos señaló que “eso indica de que, en Nicaragua, hoy por hoy, no hay institucionalidad, los Poderes del Estado, no son autónomos, no existe más que la injusticia, la indolencia, y la impunidad”.
“Y, refiriéndome a esto, específicamente, cuando me refiero que no existe institucionalidad, no puedo dejar, a un lado, el papel que ha jugado el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, en el sentido de dejarlos sin una responsabilidad de la comisión de delitos graves en contra de los derechos humanos”, agregó.
La fuerza armada es responsable de las violaciones a las garantías fundamentales, actos enmarcados en la violenta crisis sociopolítica que afecta, hace algo más de 16 meses, a Nicaragua, aseguró Leiva, un abogado quien, como consecuencia de esa dramática situación, se asiló, el año pasado, en la limítrofe Costa Rica.
“Nosotros lo hemos sostenido de manera clara (…) no existe una autonomía del Ejército de Nicaragua, ni existe poder ver la posibilidad de exonerarlo de grandes responsabilidades en la comisión de delitos graves en contra del pueblo”, precisó.
“Esto indica que, desde hace, ya, un buen momento, no existe un ejército nacional, no existe una policía nacional, que represente la posibilidad de respeto hacia la Constitución Política, las leyes, o los intereses supremos de la nación nicaragüense”, aseguró el jurista especializado en derechos humanos, quien ejerce, desde 2015, la Secretaría Ejecutiva de la Anpdh –actualmente desempeñándose en la representación que la asociación instaló, el año pasado, en San José, la capital costarricense.
Se trata de “instituciones directamente vinculadas, directamente involucradas, directamente actores de la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio, y violaciones a los derechos humanos, en contubernio con el régimen Ortega-Murillo”, afirmó.
“Es decir, el jefe del ejército (general Julio César Avilés), el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, toda la estructura policial del alto mando, está altamente contaminada, corrupta, y han sido parte de los asesinatos y ejecuciones y graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua”, planteó, a continuación.
Esto, “porque han permitido, en el ejercicio de su función, la operatividad, inclusive, de un ejército colateral, de hombres armados –como son los paramilitares-, cuando la función del ejército –y de la misma Policía Nacional- es la protección de la sociedad nicaragüense”, agregó, en alusión a las disposiciones constitucionales respecto a ambas fuerzas de seguridad.
El cometido de los dos cuerpos armados está determinado en los artículos 92 a 97, de la Constitución.
“El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial”, y “sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviere amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”, según el artículo 92.
Asimismo, “el Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”, de acuerdo con el siguiente.
Y el artículo 95 –al que Leiva hizo alusión, específicamente, al mencionar la existencia de grupos paramilitares- señala que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.
También establece que “el Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”, además de que “estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua”.
En cuanto a la Policía Nacional, el artículo 97 determina que es “un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial y se organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad”, y que “tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y lo demás que le señale la ley”.
Al igual que la fuerza militar, “la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”, y, también, “se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”, además de que “estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional”.
Leiva señaló que, en realidad, ejército y policía están actuando, en el marco de la crisis, contrariamente a lo establecido en la Constitución.
“Ellos han quedado indiferentes a la operatividad de los asesinatos, los secuestros, las ejecuciones, y las desapariciones que han existido, hasta el día de hoy, en la sociedad nicaragüense”,
En ese sentido, aludió a acciones represivas antiopositoras llevadas a cabo por efectivos policiales y paramilitares, operando conjuntamente.
“Paramilitares vestidos de civil, lo cual tenemos suficiente prueba -documental y testifical- de que eran miembros del Ejército de Nicaragua, vestidos de civiles, utilizando armas de guerra, en contra de un pueblo que utilizaba armas artesanales, tiradoras (hondas), pailas (ollas)-, desmedida en cuanto a la fuerza, que provocó daños permanentes y lesiones permanentes hacia los derechos humanos de los nicaragüenses”, reflexionó.
En cuanto a la dramática situación nicaragüense, y al sostenido –y creciente- éxodo que ha generado, Leiva indicó que la Anpdh, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, recibe denuncias, que verifica y documenta, con la perspectiva de formular, en algún momento, las acusaciones del caso, a nivel internacional, en instancias que son parte los sistemas Americano y de Naciones Unidas de derechos humanos.
Ello, en virtud de que, para que Nicaragua se recupere de la crisis, se requiere la impartición de justicia y la aplicación de severo castigo a los responsables de las denunciadas violaciones a los derechos humanos, según explicó.
En ese sentido, Leiva señaló que el marco general para ello, consiste en el establecimiento de un multisectorial gobierno de transición, y expresó que el modelo idóneo a aplicar es el de la junta de 1979.
