George Rodríguez / Foto – George Rodríguez
El activista de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva, informó hoy que solicitó, a la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, de la Organización de los Estados Americanos, que el organismo continental plantee el reemplazo del gobierno de ese país centroamericano, y la implementación de un plan de paz.
Leiva, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), indicó, en conferencia de prensa, que formuló el planteamiento durante la conferencia virtual que desarrolló, este día, con Gonzalo Javier Koncke, asesor de la Secretaría General de la OEA, comunicación establecida entre San José, la capital costarricense, donde Leiva está asilado, y San Salvador, la capital salvadoreña, donde el grupo de trabajo del organismo continental se reunió, ayer y hoy, con representantes de sectores opositores nicaragüenses.
Ese país es “un Estado fallido, en el ejercicio del poder, puesto ya no puede asegurar la protección estatal de los derechos fundamentales (…) de la sociedad nicaragüense”, de modo que “hoy, en Nicaragua, se ha creado un vacío de poder político”, afirmó, en alusión al gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Ante ello, “nosotros, como organismo de derechos humanos, propusimos de que se tomara en consideración (…) la posibilidad de que se tomara nota de adoptar una resolución en la que condene, al régimen Ortega-Murillo, y que se pida el reemplazo definitivo e inmediato, así como un plan de pacificación (…) en base a un gobierno representativo de la oposición”, relató Leiva, un abogado especializado en derechos humanos, quien hace algo más de un año se asiló en la limítrofe Costa Rica.
El activista dijo que también planteó, a la comisión, que, “sobre todo, se garantizara la posibilidad de todos los derechos humanos de todos los nicaragüenses, tanto dentro y fuera del país, sin excepción, y que, sobre todo, se garantizara la posibilidad de una realización de elecciones libres, en función de garantizarse, sobre todo, los cuatro aspectos fundamentales”.
Al enumerarlos, Leiva dijo que se trata de “la exclusión inmediata, y definitiva, del régimen Ortega-Murillo”, del sistema de la OEA, mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, además de “la instalación, en Nicaragua, de un gobierno de transición cuya composición se reconozca a través de todos los sectores representativos que puedan tener incidencia en la posibilidad de esa transición de poder”.
Igualmente, “la garantía y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses tanto fuera como dentro del país, y, sobre todo, la realización de elecciones libres, a la mayor brevedad, que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático, para garantizarla recuperación de la paz social, la institucionalidad, la democracia, y la restitución y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses”, agregó.
Al evaluar el diálogo que mantuvo, durante aproximadamente 45 minutos, con la comisión, Leiva expresó que “consideramos que hemos tenido una intervención que (…) va a generar, resultados positivos para la esperanza de nuestro pueblo, en la recuperación de su ansiada paz social”.
Interrogado, por Informativo JBS, respecto a lo que se espera en materia de resultados del trabajo de la comisión, Leiva respondió que la expectativa de la Anpdh se centra en que sea posible la aprobación, por la OEA, de “una resolución que, de una vez por todas, le ponga punto final, a esta triste etapa de la historia nicaragüense, de dolor, luto, derramamiento de sangre”.
La comisión fue creada por resolución aprobada en la 49 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, reunión llevada a cabo, del 26 al 28 de junio, en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín.
El texto planteó “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
El artículo 20 de la carta establece el procedimiento a cumplirse en situación de afectación del orden constitucional en algún país miembros.
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, señala.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, prevé.
La resolución de Medellín planteó, asimismo, “instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de 20 países, frente cinco votos en contra, y ocho abstenciones, con una ausencia.
El grupo de trabajo optó por reunirse esta semana, en San Salvador, con representantes de sectores de oposición nicaragüenses, a causa de que el gobierno impidió que llegase, el 16 de setiembre, a Managua, para dialogar, en el terreno, con esos componentes de la sociedad civil local, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de 17 meses golpea al país centroamericano.
La decisión del gobierno de Ortega fue comunicada, por autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería nicaragüense, a los representantes locales de nueve aerolíneas internacionales.
“La Dirección General de Migración y Extranjería (…) hace del conocimiento que, a partir de la fecha, no está autorizado el ingreso a Nicaragua ni podnin ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua” los siete integrantes de la comisión.
Se trata de Leopoldo Francisco Sahores, Sebastien Slgouln, Elisa Ruiz Díaz, Carlos Trujillo, Pablo Sandino, Audrey Marks, precisaron el director de la dependencia, comandante de brigada Juan Emilio Rivas, y el director de Fronteras, comandante Edgar Gerardo Acevedo, además de Koncke.
